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Columnistas
20/06/2021

Caso Avalos. Pacto de silencio e impunidad

Caso Avalos. Pacto de silencio e impunidad | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

La desaparición del joven estudiante es un enigma difícil de descifrar a esta altura. Sin embargo, la familia sigue batallando, reuniendo testimonios y juntando pruebas para poder desentrañar, de una vez por todas, el pacto de silencio y las responsabilidades de los propios agentes del Estado en la desaparición del estudiante.

Carlos A. Lator *

Hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Sergio Avalos. 18 años sin saber nada de él. La última vez que se lo vio fue la madrugada del 14 de junio de 2003 en la bailanta “Las Palmas”, en Neuquén capital, donde había ido con un grupo de compañeros de la residencia universitaria.

Desde aquel momento hasta el día de hoy se escribieron más de 1.000 páginas en los distintos cuerpos del expediente. En todos estos años pasaron gobernadores, jueces, fiscales, jefes de policía, pero lo cierto es que nunca se supo qué sucedió con el paradero del joven estudiante.

La investigación la llevó a cabo la justicia provincial como “averiguación de paradero” a pesar que desde un principio había sobrados elementos para encuadrar el caso como “desaparición forzada de persona” y que involucraban al dueño del boliche, al encargado y al personal de seguridad integrado por guardias privadas, miembros del ejército e integrantes de la policía provincial.

Sin embargo, la hipótesis principal que se desarrolló como línea de investigación se centró en determinar supuestas responsabilidades en el entorno de la víctima. Es más, se echaron a correr numerosas versiones que apuntaron a demostrar que Sergio se había ido del local cuando el boliche cerró sus puertas. Algunas de esas conjeturas distractivas se lanzaron en el marco del clima electoral de ese año 2003, instancia donde la sensibilidad ciudadana suele inquietar a quienes gobiernan o aspiran a ocupar un cargo.

Se dijo de todo. Desde que había intentado tomar un taxi a la salida de local bailable hasta que lo habían visto bajar de un colectivo en Chos Malal. Llegaron a decir, incluso -hipótesis que el mismo gobierno de entonces alentó- que había sido víctima de un supuesto tráfico de órganos.

En el año 2014, la causa pasó a la Justicia Federal con otra carátula. El dictamen que rubricó la Procuradora General de la Nación avalando que la investigación debía continuar en el fuero federal no tiene desperdicio en cuanto a las irregularidades que se señalan en ese largo proceso. Escribió Gil Garbó:

Se advierte la posible intervención directa de agentes estatales, la falta de una investigación diligente, oportuna y completa sobre los hechos y de sanción de los responsables luego de once años de investigación fiscal”

La pesquisa fue llevada adelante por la misma fuerza policial provincial que actuaba como responsable de la seguridad del local donde desapareció Avalos. La declaración de estos fueron tomadas por la policía provincial, es decir por sus pares”


 

Las cámaras de seguridad estuvieron apagadas gran parte de aquella noche, los cassetes correspondientes no se remitieron a la justicia oportunamente”

Testigos manifestaron que (uno de ellos) fue privado ilegítimamente de la libertad, encerrado, arrojado al suelo y torturado, con un producto arrojado a sus ojos que le produjo ardor e irritación. Otros declararon saber por terceros que ‘agarraron a un chico que estaba por salir y se lo llevaron adentro, que tendría las características físicas de Ávalos’, ‘que a Sergio lo golpearon por haber visto o escuchado algo y se les fue la mano al personal de seguridad’. Otro dijo ´que personal de seguridad golpeó salvajemente a una persona en el baño el mismo día y aproximadamente a la misma hora en que fue visto por última vez’”.

El cuestionamiento recayó directamente sobre la fiscal de la causa, Sandra González Taboada, a quien la familia de Sergio, junto a estudiantes de la Universidad, organizaciones sociales y de derechos humanos le pidió –sin éxito- un Jury de enjuiciamiento. Causó mucha indignación la catarata de falencias que presentaba la investigación después de 11 años.

No era la primera vez que a la fiscal le atribuían mal desempeño. Entre el año 2008 y 2018 fue denunciada por su accionar en la causa de la líder mapuche Relmu Ñancu, en Cutral Co; en la de “Fernanda San Martín” sobre abuso sexual; en la de Matías Casas, asesinado por un policía, y en el sonado caso de Santiago Benítez, un joven que murió por las quemaduras que sufrió al caer en una parrilla. Aquí los padres del occiso sostuvieron que no se trató de un accidente sino de un asesinato. Denunciaron a Taboada por encubrimiento, destrucción de pruebas fundamentales y hasta de operaciones mafiosas.

Un párrafo aparte merece su intervención en la investigación, junto al fiscal general José Gerez, del doble femicidio de Las Ovejas, en febrero de 2018. La familia Apablaza le pidió juicio político a ambos por no actuar con la debida diligencia ni antes ni después del aberrante hecho. Una vez más, la solicitud fue desestimada.

Sergio hacía tres meses que vivía en Neuquén capital. Había llegado de Picún Leufú con muchos sueños de progreso y crecimiento personal. Y no le iba mal. Era un excelente alumno de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue. Uno de los tantos jóvenes del interior de la provincia que emigran de sus pueblos para buscar un futuro venturoso en la ciudad.

Su desaparición es un enigma difícil de descifrar a esta altura. Sin embargo, la familia sigue batallando, reuniendo testimonios y juntando pruebas para poder desentrañar, de una vez por todas, el pacto de silencio y las responsabilidades de los propios agentes del Estado en la desaparición del estudiante.

Como dijo su hermana Mercedes alguna vez: “Te seguimos buscando Sergio y no te olvidamos. Seguimos buscando la verdad y pidiendo justicia. Queremos saber qué pasó y que los culpables vayan presos”.

La sociedad neuquina también necesita que se esclarezca este hecho, como una nueva apuesta a que no haya en la provincia un sólo desaparecido más en democracia. Una provincia donde todavía sea posible conocer la verdad y reparar las injusticias.



(*) Ex Intendente de Chos Malal.
29/07/2016

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