La audiencia pública no vinculante sobre el incremento en la tarifa de gas que está llevando a cabo el ministerio de Energía de la Nación, es un trámite formal y administrativo para cumplir con la legislación, en donde el gobierno explicita públicamente su plan, además de aprovechar la circunstancia para hacer gala de su apego a las leyes, aunque sea a destiempo y forzado por un fallo de la Corte Suprema.

La tarifa final de gas que llega a cualquier usuario residencial, pyme, industria, centrales térmicas, etc. está compuesta por cuatro ítems: precio de gas en boca de pozo, tarifa de transporte, tarifa de distribución e impuestos. Lo que siempre ha generado controversia es el precio del gas en la boca de pozo que actualmente representa entre 65 y 70% de la tarifa total, y esto es porque el precio está compuesto principalmente por la renta del negocio, los costos en boca de pozo (exploración, desarrollo y producción) y la ganancia del empresario. Todas éstas, son variables que la industria petrolera guarda bajo siete llaves.

¿Por qué no se muestran los costos reales del gas en la boca de pozo?

La variable dominante en el precio son los costos del gas en boca de pozo, ya que de acuerdo al nivel que estos tengan, mayor o menor será la renta del negocio a percibir. Las empresas siempre están solicitando mayores precios, y para justificar invocan los altos costos de la actividad, valores que nadie conoce a ciencia cierta salvo las propias empresas. Por lo tanto, invocar costos altos en la boca de pozo habilita un camino de peticiones continuas por un mayor precio del gas. Por ejemplo, estos aumentos que se analizan en la audiencia pública, se vienen a sumar a las importantes subas que ya recibieron las empresas en los años 2013, 2014 y 2015.

Ahora bien, ¿qué porcentaje de estos costos del gas que integran las nuevas tarifas son verdaderos, y qué porcentaje no (inflados)?

Ésa es la gran incógnita, y es por eso que no se los quiere mostrar. Es allí, en los costos en boca de pozo donde aparecen las denominadas “súper rentas”, mimetizadas como costos cuando en realidad no se trata de retorno de inversiones a tasas normales.

Por ejemplo, del gas que proviene de los yacimientos argentinos, sólo el 17 o 18% aproximadamente, es de yacimientos gasíferos puros, mientras que el resto está dividido en 50% de yacimientos de condensados y el 33% restante de yacimientos de gas asociado al petróleo.

Es decir, que sólo al 17 o 18% del gas se le pueden cargar todos los costos en la boca del pozo pero al resto no, ya que el gas viene o mezclado con petróleo o en forma de condensado, como por ejemplo en Loma de la Lata, donde al gas natural se le extraen cinco productos: gas seco, etano, condensado, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP). En este último caso, ¿qué costos se le deben cargar en boca de pozo al gas seco que consumen los usuarios finales? ¿Quién controla esto?

Promover inversiones en el gas para alcanzar el autoabastecimiento

Uno de los argumentos para implementar el nuevo cuadro tarifario de gas está relacionado con la promoción de nuevas inversiones, algo que suena convincente pero que colisiona con algunos hechos de la realidad. En primer lugar porque estos nuevos precios no están atados a compromisos de inversión, y ese asunto en Argentina ya es conocido. Es más: ésta fue una de las razones por las que se repatrió el 51% de YPF. Las empresas invertían muy poco en el país y principalmente en Neuquén, a pesar de haberse firmado dos acuerdos de compromisos de inversión (años 2000 y 2008).

En segundo lugar, la legislación argentina no establece obligaciones de inversión, lo cual le permite a las empresas utilizar esta situación como condicionante al momento de obtener mejores precios. Este gobierno habla de enviar nuevas señales de precios a través de nuevas tarifas para que inviertan, algo que no asegura exploración de riesgo y mucho menos autoabastecimiento, precisamente porque éstos nuevos precios no están atados a nuevos compromisos de inversión, y muy por el contrario, una nueva transferencia de renta a través de nuevos precios podría dar lugar a que se acelere el consumo de reservas sin la consiguiente reposición.

Un ejemplo interesante para analizar son los dos planes de gas que se implementaron en 2013 mediante un precio diferencial elevado pero atado a un compromiso de gas nuevo, o sea, a mayores inversiones.

Estos planes, y principalmente a partir de 2013, obtuvieron logros importantes para el país en el período 2013 - 2015, donde se pudo sustituir importaciones de energía por U$S 5.351 millones, pasando de los U$S 11.000 millones en el año 2013, hasta descender a U$S 5.659 millones en 2015. En este último año, el gas significó casi el 60% de la energía importada (ver gráfico). 

Esa sustitución de importaciones de energía se debió a dos razones: la nueva aparición de YPF y un incremento de las inversiones totales en el país, situación ésta que permitió comparar los U$S 3.500 millones de inversiones totales del quinquenio 2005-2010, con los U$S 7.375 millones en el quinquenio 2011-2015, según información de la secretaría de Energía de Nación. En este último período, YPF contribuyó con el 54% del total de las inversiones, seguida muy de lejos por Pan American Energy con el 17,22%.

(Subtítulo): El dilema de la tarifa alta que quieren las provincias productoras

Un precio elevado en boca de pozo que se traslade completamente a los usuarios a través de la tarifa, repercutirá indefectiblemente en la economía, y parte de la demanda (o sea los usuarios) no podrá afrontar estos valores. Sería el caso del sector residencial (es decir los hogares) y las pymes, a las que se les aplicó una tarifa de hasta un 500% de aumento, con lo que podría verse afectado el empleo y la demanda agregada. El mayor porcentaje de empleo en Argentina está justificado por las pymes.

Por un lado, las provincias exigen un mayor precio del gas en boca de pozo para obtener mayores regalías, debido a que las economías de algunas de ellas, como Neuquén, dependen fuertemente de la actividad hidrocarburifera. Y por otro lado, el gobierno nacional quiere trasladar completamente ese precio a la tarifa final de gas porque necesita eliminar los subsidios, y recaudar mayores impuestos. En el medio de esa situación está la gente, y también está una economía que hasta ahora no aporta buenos augurios, pero sí mucho desempleo.

La solución dentro de este nuevo modelo económico no aparece, o no es fácil. Pero sí debería partir de la base de contemplar los distintos intereses (provincias, Nación, empresas, pymes, usuarios) haciendo eje, por un lado, en niveles de producción y de precios con tarifas accesibles para usuarios y pymes, privilegiando en estas últimas su propio sostenimiento y la continuidad de los empleos.

Finalmente, el camino hacia el autoabastecimiento con inversiones necesarias indefectiblemente tiene que ser de la mano de YPF, como empresa de bandera para el desarrollo de nuestros recursos energéticos.