Ayer, integrantes del GEOP (Grupo especial de operaciones policiales de la provincia) reprimieron, golpearon y detuvieron a un grupo de manifestantes que se expresaban pacíficamente en contra de la construcción de la Represa Multipropósito del rio Nahueve, una obra que está en marcha a pesar de los numerosos reparos que ha tenido.

Tanto la Pastoral Social de Neuquén, el bloque de diputados del Frente de Todos y diferentes bloques de concejales del norte neuquino han hecho requerimientos y alertado sobre el fuerte impacto ambiental que provocará la misma. La Asamblea del Agua, incluso, le ha dado intervención a la justicia a través de un Recurso de Amparo, sin haber obtenido respuesta positiva alguna.

Por su parte, antropólogos del Conicet, de la facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, cursaron una nota al área de Patrimonio Cultural de la provincia manifestando su preocupación por el efecto negativo que podría tener la construcción sobre el patrimonio arqueológico cercano al emprendimiento denominado por la comunidad “Cementerio Caripil”.

Ante el pedido de información sobre la gran cantidad de interrogantes que  genera  la obra, varias personas del lugar han denunciado presiones y aprietes del tipo “ustedes no son propietarios”, “la obra se hará igual”, “como fiscaleros no tienen derechos a reclamar”.

Los intendentes del norte neuquino han expresado su apoyo al proyecto, pero  han mantenido un  llamativo silencio sobre  las supuestas bondades del mismo.

Carlos Burgos, presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve, con la clara intención de impedir la protesta y el ingreso al lugar de las organizaciones ambientalistas, dio a conocer la Resolución Nº 13/2020 por la cual estableció que por 30 días no podrán ingresar a la Villa las personas que no acrediten domicilio legal en los parajes Cayanta, Bella Vista, Los Carrizos y Los Clavos.

Amparándose en la necesidad de resguardar a la población del Covid 19 se dictó esta grotesca norma, llena de imprecisiones y reñida con los más elementales requisitos de un acto administrativo que, además, banaliza una enfermedad que ya está haciendo estragos en la ciudad capital de la provincia.

No es la primera vez que se planifican obras sin la activa participación y adecuada información a sus comunidades. Los proyectos mineros del Caicayen, de Andacollo y Huinganco y el festival de lotes entregados en el Nahueve a intendentes, funcionarios provinciales y amigos del poder a un precio vil, son sólo algunos de los ejemplos que han horadado sensiblemente la credibilidad del gobierno provincial.

Si algo nos ha dejado la pandemia es que ningún proyecto de alto impacto social se puede llevar a cabo soslayando la agenda ambiental y el dialogo transparente con quienes operan cotidianamente en el territorio.

El norte neuquino necesita construir un plan de desarrollo integral que no esconda debajo de la alfombra los temas pendientes: la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos y el derecho a una política de crecimiento que se funde en la participación y la equidad social.

¿Vale la pena en nombre del progreso y las energías limpias poner en riesgo el patrimonio natural y cultural único y distintivo del norte neuquino, con una obra que los pobladores y pobladoras no pidieron ni priorizaron en ningún momento?  

Las muestras de autoritarismo y abuso de poder que hemos visto estos días no se corresponden con un gobierno que hace unos meses atrás dio a conocer pomposamente la  creación de un Consejo Consultivo Plural.

Frente a este estado de cosas lo más razonable es que se suspendan las obras, que se depongan los cargos contras los manifestantes y que se investiguen las arbitrariedades policiales. Sólo de esta manera será posible abrir una instancia de dialogo, participación y audiencia pública que discuta en serio un programa de desarrollo e inclusión para la zona norte de Neuquén.