El sistema político internacional está integrado por 193 países reconocidos por el sistema de las Naciones Unidas, en una superficie de 510 M de kilómetros cuadrados con 7.000 millones de habitantes en todo el planeta.

Gran parte del sistema político está impregnado de gobiernos de carácter autoritario, y cerca del 60 % de la población mundial vive en democracias de características ciertamente imperfectas.

Las tres contradicciones sustanciales de nuestras democracias occidentales son precisamente: a) democracia versus corporaciones, b) libertad de expresión versus libertad de empresa y c) poder político versus poder económico.

En estas contradicciones es posible resumir acabadamente la problemática subyacente, esto es, la crisis de representatividad popular de las democracias occidentales por imperio de la cooptación hegemónica de las corporaciones económicas.

La democracia desde una concepción peronista “es aquella en donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, y defiende un solo interés, el del pueblo”. 

Esta síntesis perfecta de nuestros principios doctrinarios implica aceptar un modelo de construcción de poder político y la fidelidad al mandato popular.

La contradicción estructural entre el ejercicio de la voluntad popular en democracia y el poder de coacción de las corporaciones implica agudizar una interpretación de carácter conceptual, esto es, promover la diferenciación cualitativa respecto de la representación de los intereses en pugna.

En un sistema democrático, la voluntad popular elige un gobierno con el objeto de administrar el estado por tiempo determinado a los efectos de garantizar el bien común y el interés de las mayorías. 

Sin embargo, el interés de las corporaciones precisamente es administrar el estado por tiempo indeterminado mediante vías directas e indirectas a los efectos de garantizar sus propios intereses en detrimento de las mayorías populares.

Es innegable que el costo de las campañas políticas, la corrupción estructural de los intereses en pugna constituye una de las mayores restricciones de criterios efectivos de representación popular.

Las corporaciones condicionan severamente el funcionamiento de la democracia, vacían de contenido la representatividad popular y aumentan la insatisfacción de los intereses colectivos agudizando los extremos ideológicos y desarticulando la articulación de consensos en base a la unidad de concepción de un proyecto nacional, popular y democrático.

Las democracias occidentales, carentes de representatividad popular, con agudización de contradicciones de extremos ideológicos son cooptadas por intereses corporativos promoviendo la insatisfacción colectiva y la desconfianza en el sistema.

La tradición liberal de las fuentes del constitucionalismo liberal diseñó un sistema de equilibrio de poderes asignando la protección de ciertos principios en defensa de las minorías ricas, desde el derecho de propiedad hasta la libertad económica.

Las contradicciones entre libertad de expresión y libertad de empresa son inmanentes a las disputas de interés corporativo... pues son las mismas corporaciones las que restringen la libertad de expresión a través de la concentración mediática con el objeto de implantar y sostener una tendencia discursiva unidireccional impregnando de contenidos neoliberales recetas clásicas de gobierno.

No cabe la menor duda que es imposible lograr pluralidad, libertad de expresión, y democracia en su concepción más profunda con grupos mediáticos hegemónicos. El estado debe ser “guardián del pluralismo” como reconoció la misma UNESCO, por tanto, no hay democracia sin regulación estatal que promueva pluralidad de voces, acceso a la información pública y derecho a la información.

En un mundo global, con comunicaciones en tiempo real en cualquier lugar del planeta, quien detenta la plataforma de comunicación y la producción de contenidos es quien finalmente construye la agenda con un claro perfil ideológico y doctrinario en defensa de sus propios intereses.

Jamás se ha escuchado a déspotas odiar al despotismo, en consecuencia, ninguna corporación económica abrogará de sus propias debilidades en la aldea global pretendiendo siempre disimular su excesiva influencia.

En este contexto, el poder político está subsumido al poder económico siguiendo sus reglas y manifestando su debilidad respecto a la capacidad de imposición hegemónica de un modelo cuyo agente principal debe ser la distribución equitativa del ingreso para garantizar equidad e igualdad de derechos.

Nuestra Patria Grande hoy observa atónita el uso del poder institucional con imposiciones corporativas (grupos mediáticos concentrados y Poder Judicial) para provocar “golpes institucionales”, que significan verdaderos despojos del empoderamiento popular. El caso reciente de la República Federativa de Brasil con la destitución de su presidenta Dilma Rouseff es una clara manifestación de ello. La crisis de la República Bolivariana de Venezuela, el “golpe institucional” de Fernando Lugo en Paraguay, y las acciones desestabilizadoras en Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia denotan claramente esta tendencia regional.

Estamos en un contexto de presidentes de baja popularidad relativa a juzgar por Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, entre otros países producto de una crisis internacional y de recetas de cuño neoliberal que afectan el ingreso disponible de las familias y perjudican los derechos de los pueblos.

Con sistemas políticos débiles, con partidos políticos fragmentados y en crisis, con influencias corporativas indisimulables que expresan vaciamiento de la representatividad popular el sistema económico adquiere una dimensión ontológica de raigambre especulativa promoviendo intrínsecamente parámetros sustanciales de inequidad distributiva generando una injusticia social de carácter pavoroso.

El neoliberalismo necesita inexorablemente una matriz de pensamiento político alternativo con el objeto de atacar de raíz las consecuencias directas que su modelo ejecuta, esto es, un sistema político no representativo de las mayorías populares, un sistema económico que privilegia la especulación financiera respecto a la producción de bienes y servicios y un sistema social que estigmatiza la injusticia social como componente indisoluble de su matriz ideológica.

Neoliberalismo es sinónimo de predominio corporativo a escala mundial con debilitamiento de la representatividad popular colectiva en democracia, es sinónimo de un modelo económico de alta concentración de riqueza esencialmente especulativo y es sinónimo de inequidad e injusticia.

El mundo debe elegir entre cambiar el sistema o aceptar la imposición de sus variantes. Cambiar el sistema no implica colectivismo extremo o apropiación de los medios de producción por parte del estado o reivindicar el manifiesto comunista.

Cambiar el sistema significa reivindicar los grandes principios de la Doctrina Social de la Iglesia, la concepción humanista y cristiana encarnada por el justicialismo, la organización de los países No Alineados o del Tercer Mundo para quebrar la hegemonía unipolar en aras de la construcción de un multilateralismo basado en el principio de la autodeterminación de los pueblos y el ejercicio de sus derechos soberanos. Y sobre todo, impulsar nuevamente una perspectiva de tercera posición, tercera vía o tendencia a la construcción de un modelo de centroizquierda populista y progresista sin dejar de lado la realidad de cada país, de cada pueblo respecto a la organización de las masas populares en movimientos más abiertos con imperfecciones doctrinarias e ideológicas pero con un sentido solidario dentro de la unidad de concepción para la unidad de acción.