Se están discutiendo en el Concejo Deliberante dos proyectos enviados por el Ejecutivo sobre el Marco Regulatorio Eléctrico (MRE) y el Nuevo Contrato de Concesión (NCC) para la Ciudad de Neuquén. Los textos de ambas propuestas presentadas, no aportan las soluciones al problema central que arrastra la ciudad desde hace años: pagar una de las tarifas más caras del país. Solo se introducen algunos cambios, para no cambiar nada de lo que realmente se necesita como es, contar con tarifas que reconozcan e incluyan los beneficios comparativos de vivir al pie de las centrales eléctricas y termoeléctricas en una provincia productora y exportadora de energía. 

Desde el Ejecutivo se está proponiendo que se apruebe un proyecto de “contrato a medias” por 25 años (20 años con opción a 5 más), con una tarifa plana inicial transitoria (Etapa I), un poco menor que la actual pero, por poco tiempo ya que inmediatamente comienzan a incrementar esta tarifa cada dos meses durante el  primer semestre. Recién después de un estudio a futuro de cuatro (4) años (Etapa II), estaría la tarifa final, pero condicionada a que la misma deberá contener las estructuras tarifarias vigentes, o sea, que esa nueva tarifa final partiría de la base de uno de los cuadros tarifarios más caros del país. Por supuesto, todo eso se va a realizar después de que se haya aprobado el Marco Regulatorio y el “Contrato a medias”. Suena más o menos como  firmarle un cheque en blanco al ejecutivo municipal que parece tener intenciones de querer continuar hacia el futuro inmediato, con tarifas impagables, como hasta ahora. 

Un cuadro tarifario que beneficie a los usuarios, solo se lograra cuando se implemente una “tarifa tope final” dentro de las más bajas, y por debajo del promedio país, como sí sucede en otras provincias que no producen ni exportan energía: Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, Misiones Corrientes, La Rioja, San Luis, Mendoza, Río Negro, Buenos Aires, otras. ¿Por qué en Neuquén no se puede hacer esto? Esta es la razón principal por la cual habría que incluir y dejar establecido en los proyectos presentados una tarifa de estas características para los próximos 25 años. La legislación de energía eléctrica de la Argentina lo contempla (Ley 24.065, Art. 49°). 

En una visita en que recibimos a la Universidad Nacional del Comahue (UNC) en la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante para hablar del MRE, hubo profesionales de la casa de altos estudios que manifestaron ante una pregunta que era posible tener en Neuquén, una tarifa por debajo del promedio país. Estaba presente el ex concejal y  presidente de la comisión, hoy Secretario de Obras Públicas del Municipio. ¿Sera por eso que están pensando en contratar a la Universidad de San Juan y no a la UNC? 

Dentro de los proyectos que presente en mi mandato como concejal de la ciudad sobre el Sistema de Distribución eléctrica, proponía abandonar esta regulación que ahora impulsa el ejecutivo municipal, y cambiarla por el método de Regulación por Incentivos de manera de persuadir al concesionario a minimizar sus costos a través de una limitación de precios  o de sus ingresos, y eso se logra aplicando al servicio una tarifa por debajo del promedio país.

Algunas cosas para analizar de los proyectos: a) El proyecto de MRE no salvaguarda los derechos de los usuarios, porque deja abierta la posibilidad hacia el futuro de continuar con tarifas impagables; b) En el MRE se habla de Mecanismos de Regulación por Incentivos que mejoren la eficiencia y reduzcan las tarifas, pero en el NCC no incorporan esos mecanismos (Regulación por Incentivo), sino que quieren seguir como hasta ahora aplicando el método de Regulación por Costo de Servicio, que ha demostrado ser tan perjudicial para los usuarios por exponer a los vecinos a las tarifas más caras. Tampoco cambian la vieja Contabilidad Tradicional que utilizan: c) En el proyecto del NCC, los Aportes de Capital que le aplican a los usuarios van a sufrir un doble aumento: por incremento de tarifas y por el Índice de Precios de la Construcción; d) La Municipalidad reconocerá durante el NCC el 20% de pérdidas técnicas y no técnicas por año, unos $ 461 Millones según el presupuesto de todo el servicio para 2020 ($3.298 Millones). Imaginemos  esto por 25 años. En el país el promedio de pérdidas de las cooperativas está entre 11%-14% - Consultora Deloitte. Como se ve, el Municipio no está pensando en un servicio eficiente y antes de comenzar ya estarían violando: la Carta Orgánica Municipal (Art. 14°) y el Proyecto de MRE presentado (Art. 2° Inc. B y Art. 36° Inc. M).  Además, en 2007 cuando se firmó el contrato (hoy prorrogado), las perdidas reconocidas eran también del 20% pero solo por 5 años, después tenían que ajustarse al promedio de otras distribuidoras, algo que no hicieron en estos años ni la Distribuidora ni el Municipio. Y ahora quieren seguir por 25 años más ¿Dónde está la eficiencia de la que pregonan? e)  El Municipio se desentiende de la responsabilidad y no aborda los consumos eléctricos en los asentamientos (que no se miden y no se cobran), y que en algunos casos, llevan décadas sin urbanizar. Los titulares de esos terrenos son la Municipalidad  y la Provincia, y en estos proyectos está proponiendo seguir cargando a los demás usuarios con esos costos. Además, en esos terrenos, se sigue exponiendo a la gente a la inseguridad eléctrica; f) El ejecutivo en el proyecto del NCC, mantiene la cláusula gatillo, por lo que los aumentos de tarifas no pasaran por el Concejo Deliberante; g) También en el NCC aparece en escena con destacada gravitación “una consultora” que se encargara de “asesorar a los especialistas de la distribuidora” en la tarifa transitoria y por otro lado, es la que hará el estudio de la tarifa final. Es llamativo esto ya que, dado los elevados sueldos que percibe la plantilla de profesionales de la distribuidora, uno por lo general tiende a pensar que esto no sería necesario; h) Gastos institucionales por los que no se rinden cuenta. Para el año 2020 están presupuestados unos $ 65 Millones (2° rubro más grande  de los Costos de Comercialización, Administración y Distribución eléctrica), principalmente para pagar a los concejeros. Estos gastos son externos al Servicio Eléctrico de Distribución, por lo que no se comprende porque se los incluye como un gasto incluido en la tarifa. El Art. 67 de la ley 20.337 no constituye una obligación impuesta, como dice la Ord. N° 12.733/13; i) Según Deloitte, el costo salarial por usuario del concesionario local excedía en un 60% a otros concesionarios de otras localidades (Bariloche, Zarate, Pergamino, Godoy Cruz). No se explica esta diferencia, ya que la mayoría de los empleados de la distribuidora local que realizan el trabajo principal, de campo, no tienen salarios tan elevados; Hay una pregunta  ronda por la cabeza de usuarios ¿Quién va a fiscalizar la concesión eléctrica de la ciudad, “en la práctica”?

A mi criterio, todos los temas son interesantes, pero no se puede distraer la atención discutiendo por ejemplo: sobre la deuda total de la distribuidora (que sí, habrá que analizarla conjuntamente con las responsabilidades de los distintos actores), o de la autogeneración, o de la mentada tarifa plana transitoria, etc. El tema central y esencial, es como incorporamos y dejamos escrito en los proyectos presentados, una tarifa tope para la ciudad, que este entre las más bajas y por debajo del promedio país para los próximos 25 años. 

De eso se trata, si realmente queremos cuidar a nuestros vecinos. Sinceramente, cuesta mucho confiar en “un contrato a medias” de la características mencionadas precedentemente, cuando los que lo están impulsando, son directa y/o indirectamente los mismos que durante años nos han impuesto y aplicado a los usuarios del servicio, una de las tarifas más caras de la Argentina.