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Columnistas
02/09/2016

El “consenso” conservador

El “consenso” conservador | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

La política económica del actual gobierno es una reedición del “Consenso de Washington”, que llevó al crecimiento de la deuda pública externa a niveles impagables y terminó con la crisis económica y política del año 2001 y la declaración pública del “default”.

Humberto Zambon

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Desde el último cuarto del siglo XX, con el asentamiento del neoliberalismo como supuesta “única verdad científica”, ha existido cierta homogeneidad en el pensamiento de los principales académicos norteamericanos, que ha servido de sustento teórico a las posiciones ideológicas difundidas por la prensa mundial y a las recomendaciones de política económica que hacían para los países del tercer mundo, tanto el gobierno norteamericano como los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etcétera).

A ese acuerdo tácito el economista John Williamson, en 1989, propuso denominarlo como “Consenso de Washington”, que básicamente consiste en los siguientes principios: 1- El problema central de la economía es la inflación; 2- Para evitarlo se requiere disciplina fiscal; 3- Reducción del gasto público; 4- Privatizaciones, ya que el Estado es un mal administrador; 5- Liberación financiera (que el mercado determine la tasa de interés); 6- Liberación del comercio exterior, evitando la protección a las industrias locales; 7- Reforma impositiva para fomentar el ahorro (disminución de las tasas impositivas altas al ingreso); 8- Apoyo a la inversión directa extranjera; 9- Desregulación para fomentar la competencia; 10- Tipo de cambio fijado por el mercado, aconsejando un tipo alto para volver competitiva a la producción local.

Es interesante recordar que, excepto por este último punto (y uno de los más sensibles: el tipo de cambio competitivo), nuestro país en los años ’90 se convirtió en uno de los ejemplos más ortodoxos en la aplicación de esos principios y en un alumno destacado de la política neoliberal, cosechando elogios y distinciones, como la invitación al presidente Menem para hablar en la asamblea anual del FMI.

También es interesante recordar los resultados: se combatió la inflación mediante la convertibilidad, utilizando el tipo de cambio como un ancla para evitar la suba de los precios, con la consecuencia de una sobrevaloración del peso; esa sobrevaluación sumada a la liberación del comercio exterior y a la desregulación produjeron el aumento de las importaciones de bienes superfluos y de consumo, llevando a la crisis de empresas productivas nacionales y regionales y a niveles inéditos de desocupación obrera, además del crecimiento de la deuda externa. Con las privatizaciones se procedió a liquidar los bienes de las empresas públicas lo que, junto con el fomento al ingreso de capitales externos, llevaron a la fuerte extranjerización de la economía. Con la liberación financiera el único sector que creció fue el financiero-especulativo, en desmedro del productivo, aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso y la fuga de capitales a niveles nunca vistos.

El resultado final fue el crecimiento de la deuda pública externa a niveles impagables que terminó con la crisis económica y política del año 2001 y la declaración pública del “default”. En el peor momento los datos estadísticos indicaban una desocupación del 21,5% mientras que la pobreza alcanzaba al 57,5% de la población y la indigencia al 27,5%.

Actualmente “el consenso” pone énfasis en el control de la inflación, manteniendo en forma tácita los demás principios. Se propone utilizar a la tasa de interés como instrumento de control de las variables monetarias, subordinando el crecimiento económico a la existencia de una desocupación obrera que no acelere a la inflación (conocida por las iniciales en inglés Nairu); esta política está basada en la Ley de Phillips, que establece la relación inversa entre tasa la de desocupación y la tasa de inflación. A esta visión se la conoce como “Metas de inflación”.

Las principales herramientas propuestas son la independencia total del Banco Central respecto al poder público, poniéndolo “a salvo” de la política y del control democrático, y la fijación de una tasa de inflación como meta a lograr por la gestión económica, la que se hace pública para que los agentes económicos ajusten sus expectativas inflacionarias a la misma.

En nuestro país en el año 2012 se reformó la carta orgánica del Banco Central que se había heredado de la dictadura (1977); la reforma establece que el organismo, en coordinación con la política económica general, deberá cumplir con un mandato múltiple, ya que tiene por finalidad “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Al asumir su cargo el presidente del BCRA, Adolfo Sturzenegger, dijo, contrariando el texto legal, que en la nueva gestión el objetivo principal sería la estabilidad monetaria por encima de los otros; además, en varias conferencias e intervenciones públicas posteriores, manifestó la necesidad de reformar la Carta Orgánica para dotar al banco de independencia y limitar sus objetivos. Para que no existan dudas respecto a la orientación del nuevo gobierno, el ministro Prat-Gay informó que la política económica argentina estaría dentro de los lineamientos de las “Metas de inflación”.

Nuevamente el país en el “consenso” conservador. Nuevamente se puede esperar el mismo resultado.

29/07/2016

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