En varias oportunidades hemos compartido algunos análisis relacionados con la falta de federalismo, las asimetrías y las consecuencias de las políticas desarrolladas por los gobiernos centrales en detrimento del interior del país.

Si bien es cierto que desde la recuperación de la democracia ningún gobierno se ocupó verdaderamente de esta situación; y cuando alguno intento hacerlo, las fuertes presiones políticas y económicas lo obligaron a retroceder, hay que tener cuenta que los cambios en las formas de manejar la economía, indefectiblemente inciden y tienen consecuencias más o menos favorables en las provincias.

Desde la asunción del ingeniero Mauricio Macri, en lo estrictamente económico, se han producido evidentes cambios en la política económica, que como todo cambio provoca consecuencias favorables o no tan favorables según los sectores sociales que pretendan analizarse. La mayoría de esas modificaciones (tarifas, precios, salarios, tipo de cambio, etc.) y sus consecuencias, han sido suficientemente abordadas.

Otro de los aspectos es el impacto de las medidas en la redistribución federal. En este caso pretendemos compartir un análisis de esa incidencia en el financiamiento al sector púbico en la provincia de Río Negro, desde el punto de vista de las medidas macroeconómicas propiamente dichas y las decisiones políticas en cuanto a transferencias específicas.

Un informe del Centro de Estudios Patagonia dice que para la administración rionegrina, este conjunto de transformaciones pasivas, que afectaron al conjunto del territorio nacional, generaron un efecto muy concreto: la caída de la recaudación propia, pero especialmente la proveniente de la coparticipación federal de impuestos (CFI), sus leyes especiales y fondos específicos, una nueva realidad de escasez presupuestaria que contrasta con el período inmediato anterior.

En términos fiscales lo primero que se observa es la baja real de la recaudación propia, la que durante el primer semestre del año creció un 37,4 % nominal, pasando de 2.092 millones de pesos a 2.874 millones, variación que en el marco de una inflación anual del 45 % significó una pérdida de ingresos reales del 5,5 % para el período. No se está todavía frente a un desplome, pero si frente a un preocupante cambio de tendencia.

Los números de la recaudación provincial podrían indicar, muy preliminarmente, que la crisis inducida por las decisiones en materia económica adoptadas por el gobierno tendría, por ahora, un menor impacto local que a nivel nacional.

En la primera mitad del año, la coparticipación federal de impuestos y los distintos fondos de asignación específica, cayeron proporcionalmente menos que la recaudación nacional total. Las transferencias a las provincias sumaron poco más de 262 mil millones de pesos, un aumento nominal del 35 % interanual y una caída real de alrededor del 7 %.

Sin embargo, la distribución de la coparticipación no ha sido proporcional.

Ocho distritos se vieron favorecidos en desmedro del resto. Córdoba, San Luis y Santa Fe, que recibieron el 15 % de los recursos coparticipables tras el fallo de la corte a fines de 2015. La ciudad autónoma en enero aumentó su ingreso de coparticipación de un 1,4 % al 3,75, o sea que los ingresos de la ciudad que administra Larreta se multiplicaron por tres. Hubo adelantos de coparticipación por casi 12.500 millones de pesos, de los que el 70 % favorecieron a Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Neuquén.

Se registraron transferencias directas a las provincias y municipios por fuera de la coparticipación, las que según Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sumaron casi 40 mil millones de pesos en el semestre, una suba nominal interanual de apenas el 3,2 % y una caída real del 29 %. Si se mira lo que hay dentro de estas transferencias, se encuentra que se redujeron especialmente las destinadas a inversiones, mientras que las financieras también se contrajeron durante los primeros cinco meses y se recuperan en junio para tapar urgencias corrientes.

Finalmente el decreto 797/16 del pasado junio modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 y propone un ambicioso plan de obra pública por cerca de 100 mil millones de pesos. En las planillas anexas se aprecia que el 73,8 % del total presupuestado en 2016 será destinado a obras situadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y provincia de Buenos Aires y el 12,7 al resto de las provincias, con el detalle de que Chubut, Santa Cruz, Formosa, Chaco y Misiones no tienen ninguna obra asignada.

Finalmente, el 13,5 % restante refiere a obras sin destinatario geográfico definido, pero su objetivo despierta interrogantes: desarrollo del sistema de ómnibus de tránsito rápido y carriles exclusivos; desarrollo e implementación de ciclovías y bicisendas, posiblemente aquí tenga suerte Neuquén.

Para Río Negro, en tanto, se registra una inversión del 0,3 % del total proyectado destinado a dos obras de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

A este panorama se suman también las presiones para recomponer el denominado  “fondo del conurbano”. Sobran las razones: Buenos Aires no es sólo uno de los distritos donde más se siente la crisis inducida por el cambio de régimen, sino una provincia que “Cambiemos” reconoce clave para su gobernabilidad, en particular mirando hacia la continuidad que necesita conseguir en 2017. 

En el análisis de la situación particular de Río Negro, el centro de estudios Patagonia observa una notoria discriminación de la provincia en el reparto nacional.  El cambio más general surge de comparar los recursos fiscales que llegan de Nación, que sumaron en el primer semestre casi 6.200 millones de pesos, versus la recaudación propia cercana a los 2.900 millones. A grandes rasgos, la provincia sólo recauda un tercio de los recursos que consume, lo que determina su alta dependencia de los fondos nacionales.                                                                              

La coparticipación de Río Negro cayó más que proporcionalmente, un reflejo principalmente del aumento de los mayores recursos recibidos por las provincias que se beneficiaron con la devolución judicial del 15 %, y de los adelantos que favorecieron a las provincias aliadas de la administración central. 

Lo otro es que la provincia queda por un lapso de aproximadamente tres años afuera del plan nacional de obras por 100 mil millones de pesos hasta 2019 ya que sólo recibirá el 0,3%.

Queda la devolución del 15 % de la coparticipación retenida por Anses y que ya inició su devolución. Este año, 3 puntos de los 15 se devolverán de manera automática, pero también se podrá acceder hasta a 6 puntos adicionales bajo la forma de préstamos financiados por el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a tasa subsidiada, la famosa “plata de los jubilados” que el gobierno anterior multiplicó por diez, o bien “la pesada herencia” que, junto con el desendeudamiento, hoy permite casi todas las acciones del nuevo gobierno.

A Río Negro, en base a su porcentaje de coparticipación, le correspondería un adicional cercano a los 1.000 millones de pesos, monto que tampoco cubriría la contracción real de ingresos coparticipables, que en el primer semestre fue del 12,7 %. Dicho de otra manera: a pesar de tratarse de un ingreso extraordinario, que antes no existía, la situación fiscal global de la provincia no experimentará por ello una mejora. Si se anualizan los 6.200 millones de coparticipación recibidos en la primera mitad del año, los mil millones adicionales solo representarían un crecimiento nominal del 8 %.

Todos estos convenios terminaron formalizándose el pasado 2 de agosto en una reunión encabezada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la Nación y los representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que firmaron una carta de intención para el Fortalecimiento del Federalismo por la que se establecieron nuevas pautas tributarias, fiscales, de inversión en infraestructura, creación de empleo, y transparencia en obras públicas.

Tanto la Nación como las provincias se comprometieron a impulsar una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. En la oportunidad Weretilneck dijo que “como tantas veces se pregona y habla de federalismo, hoy con este acuerdo, esta palabra está más viva que nunca y tiene sentido”.

Por ahora, absolutamente nada, salvo estas palabras llenas de buenas intenciones, hace presumir que desde Balcarce 50 se modificarán los históricos manejos discrecionales hacia las provincias.