Hace unos días atrás  los mineros de Andacollo y Huinganco hicieron una denuncia penal contra el director provincial de minería, Carlos Portilla y el presidente de Cormine (Corporación Minera de Neuquén),  Martín Irigoyen, por fraude, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros cargos. Además, solicitaron al Ministerio Público Fiscal que inicie una investigación para determinar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios y de los dueños de la empresa Trident, Southern Explorations.

Lo hicieron en el marco del reclamo que los trabajadores vienen realizando hace más de un mes, sin haber tenido hasta el presente solución alguna. Exigen una respuesta urgente a su demanda por salarios adeudados y el mantenimiento de las fuentes laborales.

Irigoyen y Portilla forman parte del elenco estable de funcionarios del MPN. Sobrevivieron a los gobiernos de Jorge Sobisch, Jorge Sapag y Omar Gutiérrez y hace más de una década vienen cumpliendo tareas en el área de minería de la provincia. 

Irigoyen es abogado y Portilla Licenciado en Tecnología Minera. Entre sus antecedentes profesionales, éste último cuenta con servicios prestados como supervisor técnico a la empresa Sapag Hnos. S.A., una compañía que durante mucho tiempo figuró en la lista de deudores incobrables del Banco Provincia de Neuquén. 

En los últimos años, ambas autoridades gestionaron y estuvieron al frente de todos los emprendimientos mineros que se llevaron a cabo en el norte neuquino y que por diferentes razones  terminaron naufragando y generando un alto nivel de conflictividad social.

En el año 2012 la comunidad mapuche Mellao  Morales, la Asamblea de Vecinos de Loncopué y los Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida se movilizaron en contra de la minería tóxica y a favor de la salud, el ecosistema y el sistema productivo. Después de una intensa lucha lograron rechazar a través de un referéndum  el acuerdo que había sellado Cormine con la empresa china Emprendimientos Mineros S.A., con el fin de extraer cobre en la zona de Campana Mahuida. 

En esa oportunidad, Martín Irigoyen como presidente y apoderado de Cormine, interpuso una medida cautelar a efectos de impedir el referéndum. Tres días antes del acto eleccionario, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó la presentación y sin más trámites autorizó la realización de la consulta popular.

Un duro revés para el presidente de Cormine que, además, fue denunciado por la entonces diputada provincial Soledad Martínez quien lo acusó de ser socio del apoderado de la empresa china, con domicilio legal en la propia oficina de Irigoyen.    

A pesar de  las descalificaciones y los aprietes de ministros, autoridades mineras y del mismo gobernador Jorge Sapag que se puso a la cabeza de las maniobras destinadas a impedir la manifestación de los vecinos, el 82 % de los votantes  aprobó la ordenanza que, finalmente, prohibió la minería contaminante a cielo abierto.

El sábado previo a las elecciones un escribano se presentó a la junta Comicial Municipal de Loncopué en representación de un vecino para anular la votación. Enseguida se supo en el pueblo que el denunciante vivía en la casa de Carlos “Nuno” Sapag -hermano del  entonces Gobernador-, quien era titular de dos proyectos mineros que estaban ubicados, justamente, en la zona de Campana Mahuida.

Algo similar sucedió en el año 2016 con la explotación de cobre que se pensaba efectuar en el cerro Caycayen, a pocos kilómetros de Chos Malal. La empresa multinacional Southern Copper  tuvo que dar marcha atrás debido a la presentación de un recurso de amparo que impulsó en Chos Malal la Asamblea Vecinal contra la megaminería. La dirección provincial de Minería no había garantizado la información ni  la participación que las leyes exigen en esos casos. 

Esta explotación se iba a realizar en las concesiones mineras pertenecientes a Oscar González, diputado provincial por la Alianza en el periodo 1999- 2003, un empresario de Zapala que poseía  en ese momento más de 200 licencias en toda la provincia, en un radio de medio millón de hectáreas, en la zona comprendida entre las localidades de Chos Malal, El Cholar y El Huecú.

En esa ocasión, el conflicto entre intereses públicos y negocios privados se puso en evidencia en la Legislatura Provincial cuando el entonces presidente del bloque de diputados del MPN, Julio Falleti, acusó a González de “enriquecerse en forma personal gracias a la información que obtuvo como presidente de la comisión de energía de la Cámara”. El diputado se defendió señalando que lo “que le molestó  a Sapag fue que yo asesoré a una empresa en Las Lajas que consiguió exportar caliza a Chile, algo que no pudieron hacer  sus hermanos que pretendieron quedarse con el negocio”, en clara alusión a Carlos “Nuno” Sapag, hermano del entonces vicegobernador Jorge Sapag.  

En el año 2016 Martín Irigoyen volvió a ser noticia cuando compró a $ 3.500 un terreno en Villa del  Nahueve donde la municipalidad y el Copade (Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo) proyectaban realizar un loteo de 40 hectáreas con fines residenciales y turísticos. Entre los beneficiarios, en su mayoría personas vinculadas al partido provincial, figuraban los intendentes de Chos Malal y Andacollo, el periodista Carlos Eguía y el ex vocal del Consejo Provincial de Educación, Bernardo Olmos. 

Ninguno de ellos podía desconocer que  los funcionarios nacionales, provinciales y municipales no pueden adquirir tierra pública, incluso hasta diez años después de expirar sus mandatos. Y mucho menos, a esos montos irrisorios.

Frente al escándalo que produjo este negociado, sorprendió la respuesta de Irigoyen ante una  consulta periodística: “Si hubiera pensado que algo estaba mal, hubiera hecho figurar a otra persona”.

El diputado Mariano Mansilla, mentor de la investigación y de la posterior denuncia reveló que dicho emprendimiento se estaba diseñando en un predio que era propiedad de la familia Sepúlveda, antiguos ocupantes de esas tierras y legítimos dueños de las mismas. 

La empresa Cormine se creó en el año 1975 como Sociedad del Estado con el fin de investigar, generar conocimiento y promover el desarrollo minero sustentable. Su objetivo principal fue obtener el mayor beneficio posible para las comunidades próximas al yacimiento.  Sin embargo, los resultados están a la vista. El Estado se retiró y automáticamente le abrió el camino a los capitales especulativos que estafaron a los trabajadores y clausuraron las fuentes laborales.

La connivencia entre los negocios privados, el Estado y el partido fueron la marca registrada del fracaso de una política incapaz de generar alternativas genuinas de crecimiento e integración social.