¿Qué pasará con la representatividad política después de la pandemia? ¿Daremos un paso adelante en la recuperación de la política como herramienta de cambio social? Nuestra dirigencia, ¿será capaz de promover las transformaciones que la sociedad reclama?

Son algunos de los interrogantes de una comunidad como la nuestra, que exige mayores niveles de solidaridad, integración social y presencia del Estado.

Con la masiva expansión del coronavirus la política ha vuelto a un primer plano a pesar de que el neoliberalismo la socavó, la negó y la puso al servicio de los grandes intereses económicos.  

¿Podremos poner la política al servicio de los derechos humanos y de los que menos tienen? ¿Lograremos construir políticas de Estado que trasciendan la coyuntura y nos obliguen a sellar acuerdos básicos que perduren en el tiempo?

El diputado nacional del PRO, por Neuquén, Federico Sánchez, hace unos días dijo que “la Ley Micaela era una ley totalitaria, infundada y sin sentido”. Agregó, además, “que formaba parte de un feminismo berreta y que iba a presentar un proyecto para derogarla”.  

Esta declaración, repudiada por el todo el arco feminista, fue muy grave no sólo por lo que dijo, sino porque fue en contra de los consensos sociales que la propia sociedad está construyendo y que un representante del pueblo no puede ignorar. Y mucho más, en un país donde ya hubo más de 100 femicidios en lo que va del año 2020.

Esta desgraciada intervención trajo enseguida a la memoria la mediocridad argumentativa de algunos legisladores nacionales cuando se trató la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La senadora por San Juan del Frente de Todos, Cristina López Valverde, manifestó que no había leído el proyecto porque no tuvo tiempo pero que igual iba a votar en contra.

Algo parecido al “sincericidio” del entonces presidente de la Legislatura de Neuquén, Ricardo Corradi, quien a fines de los años ’90 manifestó que para él “las leyes y la Constitución eran chino básico”.

El presidente Alberto Fernández ha sabido hasta aquí combinar muy bien la ética de los principios con la ética de las responsabilidades, algo no muy común en los hombres de Estado y en aquellos que ejercen cargos en la función pública. Puso en primer plano el valor de la vida, promovió medidas de igualdad y justicia social, dio marcha atrás cuando fue necesario y pidió la renuncia de sus funcionarios cuando no estuvieron a la altura de las circunstancias.  

Mientras el presidente aparece siempre acompañado por el jefe de gobierno porteño y representantes de la oposición en una clara muestra de colocar por encima de todo la salud de la población, la oposición residual de Cambiemos opera para las corporaciones y se suma a cuanto cacerolazo anticomunista anda dando vueltas por ahí. Casi en la misma línea extravagante de Mauricio Macri cuando dijo que el populismo era peor que el coronavirus. 

En la provincia de Neuquén parece que las cosas no han cambiado mucho. Los imprescindibles acuerdos políticos y sociales ante la emergencia sanitaria, brillan por su ausencia. La figura del gobernador Gutiérrez es excluyente en los medios públicos de comunicación como si estos no fueran tiempos de diálogo, generosidad y amplitud política.

¿Cómo es posible que todavía la Legislatura de Neuquén no haya tomado la decisión unánime de derogar las jubilaciones de privilegio de jueces, diputados, intendentes y concejales, a tono con las claras señales que ha dado en ese sentido el gobierno nacional?

¿Cómo se entiende que las organizaciones sociales, que son en gran medida quienes cargan en el hombro gran parte de la tarea social en estos tiempos de pandemias, no integren, en muchos casos, los comités de prevención y emergencia social? 

El poder sigue estando demasiado lejos para muchos ciudadanos. El ejemplo más claro es el de la protesta de los mineros de Andacollo y Huinganco que, en medio de la cuarentena, tuvieron que viajar dos veces a Neuquén capital para reclamar por fuentes de trabajo y salarios caídos. En su segundo viaje Gendarmería Nacional los detuvo en Arroyito y debieron apostarse en la ruta esperando una respuesta. 

Recientemente, el filósofo Boaventura Sousa Santos planteó que ya no hay intelectuales de vanguardia, sino de retaguardia, haciendo alusión al nuevo compromiso que tienen que asumir con la ardua tarea de construir teorías basadas en las necesidades concretas de la gente común. 

Lo mismo podríamos decir de quienes tendrán la enorme responsabilidad política de pensar, liderar y llevar a cabo las aspiraciones de la sociedad. Si no transitamos el camino que señala el escritor portugués, corremos el riesgo de que el oído de los ciudadanos sea tierra fértil del oportunismo político, la prensa hegemónica y el fundamentalismo religioso.