En efecto, la Constitución Nacional, sancionada en 1994, en su artículo 75, inciso 22, aprueba la inclusión con rango constitucional de tratados internacionales, entre ellos la “Declaración Universal de Derechos Humanos”. En Argentina y Neuquén, lo que constitucionalmente se rescata es el contenido deldocumento fundacional la Organización Mundial de la Salud (OMS) que proclama en su artículo 2: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Como se ve, no existe en estas definiciones de la OMS la idea de las prestaciones básicas, en cambio se destaca como meta alcanzar el grado máximo de salud con los conocimientos técnicos existentes.

En consecuencia, en la Argentina y en Neuquén, el acceso a la salud es formal y legalmente Universal y Gratuito.

Aunque la población que se comporta como demanda natural y básica del Sector Público es en líneas generales, la que carece de cobertura de seguros asistenciales obligatorios (obras sociales) o voluntarios (prepagas), se observa que sectores con obra social también buscan respuestas en el Sector Público.

Esa situación se da ya sea porque en muchos rincones del país éste es el único efector disponible o bien porque consideran que en el ámbito público obtienen mejor respuesta. Dos ejemplos contundentes: En Argentina se produjeron en 2009 745.336 nacimientos, de ellos el 56% en instituciones públicas: 417.140.

Para Neuquén ese mismo indicador muestra que mientras el 65,27% de la población cuenta con cobertura social los partos asistidos en el sector privado solo llegan a representar el 47,5% del total de los 12.263 registrados en el año 2014 (último dato publicado) (3) , es decir que para nuestra provincia el porcentaje es similar al del conjunto nacional. Es decir, que no solamente se asiste en el sector público a esa franja poblacional sin seguro, sino que un porcentaje importante de los que lo tienen eligen al Hospital Público como efector.

El otro ejemplo son las emergencias. En este caso claramente concurren ambas circunstancias: disponibilidad y calidad o seguridad en la atención. Los servicios de atención permanente en Argentina están garantizados por el sector público, pero además la pauta cultural más acendrada en la población es que ante una urgencia o emergencia el mejor lugar para atenderse es el hospital. Para nuestra provincia la situación es de cuasi exclusividad por parte del sector público fuera del radio de la región metropolitana, donde también la oferta de asistencia para la emergencia por parte del sector privado es francamente exigua.

Concluimos que ya existe cobertura universal en salud. Entonces, si Argentina cuenta con una red pública extensa distribuida en todo el territorio, abierta y disponible para la atención de quien requiera atención sin discriminación, ¿lo que falta es un seguro de atención básica, o lo que se requiere es fortalecer esa red?

Falta mucho para que esa red resulte igualmente efectiva en cada rincón de la patria. Infraestructura, equipamiento, comunicaciones y especialmente trabajadores de salud en número y con formación suficiente y una mirada amplia sobre la salud, marcan diferencias que ponen en riesgo el acceso al derecho. Es de la mano de políticas de fortalecimiento de ese sector, propendiendo a la integración efectiva de los distintos actores, en que se continuará mejorando y no limitando el accionar de la misma a escasas funciones.

Canasta básica

Para seguir la lógica del seguro, que es la que subyace en la propuesta que estamos analizando, usemos el ejemplo del seguro de automotores. Así, es válido plantear que cuando una persona adquiere un vehículo de uso particular está obligado por ley a contar con un seguro para cubrir al menos algo de los daños que potencialmente pueda generarle a un tercero. Si además se pretende tener cobertura por los daños del vehículo propio, aparecen varias opciones. Algunas de mínima (robo o destrucción total) y otras de máxima (seguros contra todo riesgo).

Ahora bien, ¿puede pensarse el ejercicio de un derecho esencial como es el de la salud, con la misma lógica? Para quienes proponen el CUS, pareciera que sí. Optaron en este caso por proponer una póliza de bajo costo, es decir cubre algo, pero no todo, o expresado de otra manera: cubre para algunos, justamente los que según el propio ministro saldrían más perjudicados, solamente un paquete básico.

Como fue mencionado, la idea no es nueva. 

En el 16º informe sobre desarrollo mundial producido por el Banco Mundial en 1993 “Invertir en Salud”, se critica el gasto inefectivo en salud y el BIRF propone la adopción de los paquetes de medidas de salud pública y atención médica básica para los países en desarrollo, prometiendo que de esa manera se podría reducir la carga de morbilidad en un 25%. Ya en ese momento se proponía una “canasta básica” sin generar en cambio recomendaciones relacionadas con otras causas de incapacidad para responder a las necesidades sanitarias reales, tales como la expansión indiscriminada y en muchos casos sin sustento científico, de nuevas tecnologías de salud, o el exiguo porcentaje del PBI invertido en salud en los países para los cuales se sugerían las “canastas mínimas”.

Después de una década intentando superar los coletazos del neoliberalismo, hace muy poco, esa misma idea aparece expresada en el proyecto de ley para creación de la Agnet (4),  cuando se postula a esta agencia, que en lugar de evaluar eficacia, seguridad y costo-efectividad de tecnologías sanitarias (TS), se limita a cumplir el rol de autorizar o no la incorporación de ciertas TS. Expresamente el proyecto plantea que la Agnet “. . . tiene por objeto realizar estudios y evaluaciones con la finalidad determinar la oportunidad y modo de incorporación, uso apropiado o exclusión del PMO y la canasta básica de prestaciones que se determine para el sector público. . .”.

La concepción de la “canasta básica” sostenemos, como anticipamos en la introducción, es sinónimo de cristalizar las diferencias injustas e inmorales, ya que parte de aceptar que para algún sector de la población, justamente aquellos que debieran en función del principio de equidad recibir más, los servicios se limitan a un conjunto acotado.

La “canasta básica” excluye prácticas de salud que hoy existen, limitando derechos o teniendo que acudir a la judicialización de la salud, como se observa plenamente en todos los países que han implementado este sistema (el paradigma actual es Colombia). Mientras tanto, quienes no tengan obra social y necesiten medicamentos, deberán adquirirlos en farmacias pagando un porcentaje, cuando hasta ahora los recibían gratuitamente a través del Plan Remediar, política que además redundaba en mayor y mejor atención sanitaria, y con un costo para el Estado siete veces menor que en la farmacia (5)..

Mientras en los 90’ estas iniciativas se fundaban en el uso de financiamiento internacional lo cual implicaba endeudamiento por un lado y riesgos de sustentabilidad de la política por otro, ahora el anuncio del CUS se sustenta en utilizar 29 mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

De esos 29.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos pasarán a formar parte de un fideicomiso que será administrado por una Unidad Ejecutora de la que participarán dos representantes del Ministerio de Salud de la Nación, dos de la SSS y dos de la CGT. Será allí donde se decida qué proyectos se financiarán dentro del CUS, potestad que debiera ser privativa del ministerio en tanto órgano rector del sistema. Cabe también preguntarse cómo se ejerce el federalismo respecto de esta fracción del financiamiento, es decir, como intervienen las provincias en la discusión del destino de esos fondos.

Solamente 2.700 millones de pesos (menos del 10%) se devuelven a las obras sociales, lo que podría suponer un estímulo para disciplinar al menos a cierta fracción de la dirigencia gremial cómplice del ajuste a la baja que hizo perder a los asalariados al menos el 10% de su poder adquisitivo del 10 de diciembre a la fecha.

Otros 4.500 millones de pesos se destinarán a un fondo discrecional de “emergencia”. Finalmente con los restantes casi 15.000 millones de pesos se comprarán bonos al 2020 quedando en una cuenta de la SSS del Banco Nación. Es decir que en concreto el financiamiento inicial se basa en el aporte de los 8.000 millones provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, que será por única vez, previéndose el retiro progresivo del nivel nacional, transfiriéndolo a las provincias y a los municipios. Otra receta ya experimentada, en versiones neoliberales anteriores en la implementación de políticas sociales, uno de cuyos defectos es el riesgo de sustentabilidad.

En números reales, el aporte de 8.000 millones de pesos, representa aproximadamente $510 pesos por año, por cada uno de esos 15,7 millones de personas sin cobertura social, es decir unos $42 por mes, aproximadamente 3 dólares. Insignificante aporte frente a tamaño anuncio que busca presentar la iniciativa como la panacea sanitaria.

El CUS es una frazada corta, que como tal deja al descubierto algo. Resulta alarmante que deje sin cubrir a los mismos de siempre y que además de acentuar la inequidad, con este tipo de seguros, el sistema de salud se vuelva cada vez más asistencial y menos preventivo.

La estrategia claramente colisiona con las ideas de quienes creemos que hace falta afianzar sistemas universales de salud que aseguren equidad, integralidad y gratuidad, para el ejercicio pleno de un derecho ciudadano garantizado por el Estado, tal como manda nuestra Constitución Nacional.

(1) Revísense las comunicaciones producidas por la Coordinación General de Información Pública y Comunicación del Ministerio de Salud de la Nación.

(2) Se tuvo que en cuenta que según cifras publicadas por el Indec la estimación de población total argentina hacia 2016 es de 43.590.368 habitantes y considerando que la población cubierta con algún seguro de salud según datos del Censo 2010 llegaba al 63,92%.

(3) Sala de Situación de la Subsecretaría de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. (Ver Informe)

(4) Agnet. Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.

(5) Gollan, Daniel. “Cobertura Universal con menos acceso”. Diario Página 12, Buenos Aires, 5 de agosto de 2016.