El discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación buscará un nuevo escenario para el gobierno: empezar a delinear, de cara a la sociedad, lo que se quiere ser, más allá de las urgencias que impone una herencia (ahora sí) demasiado pesada.

En los casi tres meses que el Frente de Todos lleva en el gobierno dominó la necesidad y la urgencia, con poco espacio para instalar una agenda propia que ponga en debate el país que imagina para los próximos cuatro años. Esto es, precisamente, lo que Fernández intentará hacer hoy.

Los lineamientos que desgranará el presidente están lejos de ser definitivos, pero marcan un rumbo propio. La negociación con los acreedores externos, la situación de la economía (probablemente sin el anuncio del aumento de las retenciones a la soja), la actualización de las jubilaciones, la reforma judicial y el impulso al aborto legal, dominarán el discurso presidencial.

También la enumeración de lo hecho, una forma elíptica de hablar de la “pesada herencia” recibida de la gestión macrista y de las capacidades y aptitudes del gobierno para hacerle frente.  

En la lista el gobierno anota los incrementos en la jubilaciones más bajas y los medicamentos gratis para el sector; la distribución de casi un millón de tarjetas para combatir el hambre y reactivar la economía poniendo “plata en el bolsillo de la gente”; el congelamiento de tarifas, combustibles y transporte, aliviando a los sectores medios y bajos; la reducción de tasas, la moratoria y las líneas de crédito para impulsar a las pymes; y la actualización de las retenciones de la soja para favorecer las producciones regionales.

Se instalará así un escenario económico, una expectativa social y un espacio de disputa político. La agenda que propone el presidente interpela a propios y extraños. Generará movimientos al interior del oficialismo y, fundamentalmente, interpelará a la oposición, todavía sin programa ni liderazgo definido.

Agendas

El primer discurso de apertura de sesiones ordinarias tiene un valor programático y una posición de ofensiva. El gobierno recién se inicia y no arrastra más desgaste que las dificultades que dejó la administración anterior. La expectativa social, en consecuencia, no sólo es mayor sino más permeable, paciente, contemplativa.

La agenda que fijará Fernández buscará encarnar las promesas preelectorales y los lineamientos establecidos ante la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre. Marcará la cancha y provocará alineamientos en la superestructura político-institucional, pero también en la sociedad. Construirá aliados, adversarios, enemigos irreconciliables. 

La batalla política, esencialmente cultural, por el sentido, comenzará en el territorio demarcado en el Congreso. Por lo que diga el presidente. Y por lo que no. Y aquí tal vez haya que anotar la suba de tres puntos en las retenciones a la soja y sus derivados, con negociación abierta con la Mesa de Enlace. 

El gobierno explica la medida como redistributiva, ya que la suba del dólar generó mayor rentabilidad a un sector al que ahora se le pide mayor esfuerzo. El propio presidente se despachó con un contundente “los que me votaron sabían que lo iba a hacer”, colocando a los autoconvocados que cortan rutas en el casillero de la oposición política. 

En cambio, la Casa Rosada sí intentará poner en el centro de la discusión la reforma de la Justicia y la legalización del aborto. El debate en torno al Poder Judicial ya comenzó con el proyecto de ley aprobado la semana pasada en Congreso para terminar con las jubilaciones de privilegio y continuará con una iniciativa que buscará, entre otras cosas, transformar la Justicia Federal, en el ojo de la tormenta por su participación protagónica en lo que el gobierno denomina lawfare o guerra judicial.

La otra discusión fuerte que impulsará el presidente será la de legalizar el aborto. Debate caliente (y transversal a las fuerzas políticas) que saltará del Congreso a las calles, con actores de peso enarbolando pañuelos verdes y celeste, según el caso. 

Así se vio en la movilización a favor de la iniciativa del 19F y se verá el próximo domingo en Luján, cuando la Iglesia Católica congregue a quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. Batalla en la que también aportan lo suyo, y mucho, las iglesias evangélicas.  

También ingresará en el debate público, aunque con menos estridencia, la renegociación de la deuda externa con el FMI y los acreedores privados, que el gobierno espera terminar a fines de marzo. Ya abrochado el acuerdo con el Fondo, la Casa Rosada pone ahora todas las fichas en un acuerdo (con quita y ampliación de plazos incluida) con los bonistas privados.

Difícilmente esto despierte acalorados debates ni manifestaciones multitudinarias, pero sí lo harán sus consecuencias. Es que del acuerdo final con los acreedores dependen los recursos con los que contará el Estado en dos temas especialmente sensibles: el sistema que reemplazará al de movilidad jubilatoria con que se actualizaban las pensiones y la reactivación de la obra pública, que esperan con ansiedad gobernadores e intendentes de todo el país.

Tableros

Este escenario encuentra a Juntos por Cambio todavía sin rumbo, más allá de la amplificación mediática que puede tener su actuación en algunos temas, tal como se vio la semana pasada con los cuestionamientos a la legalidad de la sesión en que Diputados aprobó el fin de las jubilaciones de privilegio.

La alianza entre el Pro, la UCR y la CC todavía no logra definir un liderazgo indiscutible, fundamentalmente porque el ex presidente Mauricio Macri genera más rechazos que adhesiones, aunque nadie se atreva a reconocerlo públicamente. 

También porque referentes del “macrismo explícito”, como Patricia Bullrich y Elisa Carrió, no aportarían nada novedoso, al menos en la etapa actual, y porque las realineamientos todavía en curso, fundamentalmente en el radicalismo y el Pro, impiden ungir a Horacio Rodríguez Larreta. 

Esta indefinición le impide a la principal fuerza de oposición establecer un perfil político-ideológico desde el que convocar a construir una nueva mayoría, más allá de su intervención en temas concretos o sobre actores que contabilizan propios, como aquellos que protagonizan las protestas campestres.

La agenda presidencial también juega dentro del oficialismo y de sectores más próximos a este, donde también hay movimientos y reacomodamientos casi permanentes. Así quedó expuesto en la polémica (rápidamente zanjada pero innecesaria) sobre los alcances de “dar vuelta la página” sobre la dictadura o en el debate sobre la existencia o no de presos políticos.

El sindicalismo, casi en su totalidad abroquelado en torno al oficialismo, también mira expectante el nuevo escenario, fundamentalmente por lo que este pueda deparar en materia salarial (paritarias incluidas) y respecto al futuro del sistema jubilatorio. 

Batallas

El aumento de tres puntos en las retenciones a la soja, la reforma de la Justicia (con la Federal como plato fuerte) y la legalización del aborto son la arena sobre la que el gobierno buscará dar la batalla política durante los próximos meses. Batalla que es también por la legitimidad y el sentido. 

Las dos primeras tienen el agregado de ser un terreno embarrado e inestable para el oficialismo. No solo porque allí el kirchnerismo sufrió resbalones y caídas (basta recordar el voto no positivo de Cobos y la 125) sino porque es un terreno fértil para la oposición, donde está puede tejer nuevos sentidos.

De ahí que una victoria del oficialismo no pueda medirse por el resultado de una votación en el Congreso (presumiblemente favorable). Importa tanto (o más) que los números cierren “en la cabeza de la gente”, que la batalla que se gane no sea solo institucional sino cultural.

Si el aumento de las retenciones es percibido como “meterle la mano en el bolsillo a la clase media” (aún por aquellos que viven en la ciudad y se benefician con los subsidios que - por ejemplo- el Estado otorga al transporte para que viajar en tren o colectivo sea más accesible) la victoria es de la oposición, aunque pierda en una votación en el Congreso.

Otro tanto ocurrirá si se percibe la reforma judicial como un intento de someter a los jueces y no como la necesidad que tienen los ciudadanos de contar con magistrados probos y honestos que garanticen los derechos de todos, incluso de aquellos que están acusados de haber delinquido, ya que eso es una necesidad de todos, aún (y sobretodo) de quienes nunca pisaron los tribunales.

En ambos temas la oposición de signo neoliberal, con Juntos por el Cambio a la cabeza, se siente más cómoda. Por el apoyo que recibe del dispositivo mediático pero también porque articula con valores, prejuicios y tradiciones muy arraigados en un sector de la sociedad.

Es aquí donde el peronismo necesita interpelar de un modo novedoso. Si no alcanza para sumar al menos que no reste, es decir, que no le dé cuerpo y legitimidad a una nueva restauración conservadora, sobre todo entre quienes serán sus víctimas, tal como sucedió en 2015.

Esto requiere del oficialismo apelar a los valores y a la memoria histórica pero también a una nueva narrativa, que interpele pero que sume, que no deje en el campo contrario a esa franja social en permanente disputa entre el conservadurismo más rancio y la búsqueda de la equidad y la justicia social.

Es cierto que los resultados de la economía suelen ser fundamentales para dirimir una batalla política, sobretodo en un contexto de alta inflación, pobreza, precariedad laboral y con un Estado asediado por acreedores poderosos a los que no les puede pagar. 

Pero no lo es menos que el sentido que prevalece en la interpretación de lo que pasa y en cómo se quiere vivir puede modificar cualquier escenario, transformando incluso una derrota en una oportunidad.