A dos meses de asumir el gobierno Alberto Fernández enfrenta su parada más difícil: cerrar la negociación con los acreedores externos. El arribo al país de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la comparecencia ante el Congreso de la Nación del ministro de Finanzas, Martín Guzmán, abrieron el tramo final en la búsqueda de acuerdos, que la Casa Rosada quiere concretar durante el mes de marzo. 

Los frentes de batalla por la deuda son varios, con dos actores principales: el FMI y los bonistas regidos por ley extranjera. Además están el Club de Paris y los inversores locales. La fórmula a la que apuesta el gobierno es la de plazos más quita. Más plazo para pagarle al Fondo, pagar menos que lo convenido a los privados.  

A los acreedores privados se les pedirá una quita del capital, cuyo monto se conocerá el mes próximo, y al FMI extender los plazos acordados con el gobierno anterior. 

El respaldo que Alberto Fernández cosechó en su gira por Europa para la renegociación de la deuda y las señales que en el mismo sentido recibió del gobierno de Estados Unidos pueden allanar el camino con el Fondo, lo que sería una señal política para el resto de los acreedores.

“Aventurar escenarios es bastante complejo porque ni siquiera el gobierno tiene en claro cuál puede ser el resultado, lo que explica un poco las idas y venidas respecto al pago o no pago que ha habido, tanto en la provincia de Buenos Aires como también a nivel nacional”, explica a   Mariana Fernández, economista del Instituto para el Desarrollo Económico y Social (Idesba).

En la Casa Rosada saben que lo que pase con la deuda va a marcar límites y posibilidades en todo el terreno económico. “Hay que resolver el tema de la deuda porque esta condiciona el resto de las cosas”, asegura Carlos Heller, diputado nacional de Frente de Todos, para quien “la negociación no es sencilla”, ya que como dijo el propio Presidente “estamos jugando al póker y no con chicos”.

Cuestión de Fondo

Las herramientas que tiene el gobierno no son muchas y están determinadas por los números que heredó de la gestión anterior. “Macri dejó un desastre, un país en bancarrota, con una deuda impagable, con un PBI más chico que el que había cuando llegó al gobierno y con un déficit fiscal mayor al de 2015”, subraya Heller.

“Todo eso a pesar del ajustazo –agrega- que fue para pagar los intereses de la monumental deuda que fueron contrayendo. El peso de los intereses de la deuda, medidos en términos del PBI, se cuadruplicó”. 

Para el también titular del Banco Credicoop “el déficit fiscal de 2015 fue de 3.8 y el final de 2019 fue de 5 puntos. Lo que ajustaron en los gastos primarios, que hacen a las condiciones de vida de la gente, lo incrementaron pagando intereses” de la deuda.

En este contexto la misión del Fondo, que permanecerá en el país hasta el próximo miércoles, analizará las cuentas fiscales y se reunirá con funcionarios nacionales, lo que resultará clave para la renegociación del acuerdo con el organismo. 

El ex presidente Mauricio Macri suscribió en junio de 2018 un acuerdo con el FMI por unos US$ 40.000 millones, que después amplió a US$ 57.000 millones, cifra récord para el organismo multilateral. 

El FMI llegó a desembolsar unos US$ 44.000 millones hasta agosto de 2019. El cronograma de giros se interrumpió después de los resultados de las PASO, cuando al organismo le quedó claro que sobrevendría un cambio de gobierno y de modelo económico.

“El Fondo suele operar de árbitro para que los países paguen. Además, por los préstamos que otorgó a nuestro país, es un acreedor privilegiado”, asegura a el economista y docente universitario Marcelo Di Ciano. 

“Nuestro país ha cumplido los objetivos de déficit y emisión monetaria, eso hace que Argentina tenga posibilidades de negociar con el FMI y conseguir extender los plazos del préstamo”, agrega el especialista.

Foto: Pepe Mateos

Sin condiciones

Después de que la misión deje el país el FMI presentará su informe sobre la economía argentina. En la Casa Rosada buscan que el organismo reconozca que la deuda es insostenible y negocie una prórroga en los pagos sin llegar a un acuerdo de facilidades extendidas.

El gobierno busca evitar ese tipo de acuerdos a toda costa, ya que genera nuevos compromisos de desembolsos y numerosos condicionamientos, entre ellos el recorte de recursos para las provincias y una larga lista de reformas (fiscales, previsionales, laborales) que el gobierno considera recesivas y potenciadoras de la conflictividad social. 

La apuesta es convencer al organismo de prorrogar los pagos durante tres o cuatro años. Para ello el gobierno promete superávit fiscal (entre el 0,5 % y el 0,8 % del PBI en los próximos años) y superávit comercial (resultado positivo en la diferencia entre exportaciones e importaciones). También pondría sobre la mesa el desarrollo de Vaca Muerta, que aportaría unos 5.000 millones de dólares anuales desde 2024. 

La apuesta es similar a la que permitió superar la crisis de la deuda a partir de 2003, aunque sin Vaca Muerta. En aquel entonces Alberto Fernández era el Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y el venezolano Luis Cubeddu el encargado del caso argentino en el Fondo, el mismo cargo que ostenta ahora. 

En aquel entonces el primer gobierno kirchnerista logró saltar los condicionamientos que imponía un acuerdo de facilidades extendidas, formalizando sólo un plan de cuotas. Lo mismo que busca ahora Alberto. 

“El FMI paga un costo político por las crisis de economías como la Argentina. La prueba de eso es que todo el equipo del Fondo con el cual se endeudó el gobierno de Macri fue desplazado”, advierte Mariana Fernández al enumerar las razones por las que puede haber acuerdo.

“Las nuevas autoridades del Fondo deben querer que esto se resuelva porque mientras siga abierto el caso argentino va estar sobre sus cabezas de manera permanente”, suma Heller.

“Además del costo político –agrega Fernández- entra a jugar también la posición de los países, por lo que puede ser clave el resultado que cosechó el Presidente en su gira por Europa para buscar apoyo en la renegociación de la deuda”.

Duro de domar

A fin de este mes también habrá encuentros con los acreedores privados para pulir la oferta que se les presentará en marzo, en una negociación que se prevé aún más difícil que con el FMI. 

“Es importante distinguir la negociación con el FMI y con los acreedores privados. Esta última es la más urgente por los plazos de vencimiento de la deuda, que en este caso son para este año y con el Fondo para el año que viene. Esto hace que con los privados sea más urgente”, señala Fernández.

Para la economista “el comportamiento de los acreedores privados es ‘tipo buitre’, son actores que no tienen ningún prurito si provocan una crisis, ya que Argentina no les representa un actor relevante porque es un país marginal en el movimiento de capitales”.

El resultado de la negociación, según la experta, dependerá “de cuán grande sea la quita que el gobierno ofrezca y de qué tipo de respuesta obtenga de los acreedores”. 

El gobierno espera terminar el proceso de renegociación de la deuda a fines de marzo. Esto le permitiría enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto, donde en función de la plata con la que cuente va a definir prioridades y, seguramente, marcar un rumbo para la economía. 

El futuro llegó

“El 2020 dependerá de la evolución de la renegociación de la deuda. El gobierno está intentando potenciar la economía a través de la reactivación del consumo. Además, se mantendrán las restricciones cambiarias, intentando que el tipo de cambio sea estable para ir controlando la inflación. Pero la evolución de la economía dependerá mucho del acuerdo de reestructuración de la deuda”, estima Di Ciano.

Para Heller “con una quita importante o sin ella, con renegociación de los interés o no, con largo plazo de gracia o sin él, son los elementos que van a determinar la cantidad de recursos que el Estado va a poder redireccionar para desarrollar las políticas que Alberto Fernández anunció al llegar a la Casa Rosada”.

¿Y si no hay acuerdo? La posibilidad de caer en una cesación de pagos no está en el horizonte del equipo económico. Esta decisión va más allá de la legitimidad de la deuda y se ubica en las necesidades del modelo económico que aspira a desarrollar el peronismo.

“Por qué es necesaria esta renegociación de la deuda y no una declaración de default, porque existe cierto consenso en el equipo económico de que Argentina va a necesitar financiamiento muy rápido. Si se empieza a crecer de nuevo se van a necesitar muchos dólares”, explica Fernández. 

“En cuanto la economía empiece a despegar –agrega- la balanza comercial se empieza a dar vuelta y se necesitarán divisas. Por esto creo que está la premura de renegociar en lugar de ‘defoltear’ la deuda. Un país en situación de default muy difícilmente puede conseguir financiamiento externo”.

La economista advierte que “a diferencia de lo que ocurrió en 2003, cuando Argentina venía de una recesión y pudo empezar a crecer aun estando en default y sin acceso a los mercados financieros, ahora no existe el boom de los commodities (materias primas), con lo que no es esperable que las exportaciones puedan aumentar lo suficientemente rápido como para generar las divisas que se necesitan para reactivar la economía”.