Con el revés que le propinó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Macri acaba de tomar nota, por primera vez, de que la resistencia social es un límite para su aventura reaccionaria. No fueron los políticos ni fueron los gremialistas, fue la gente la que frenó el tarifazo.

Aunque la descarada reunión previa del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti con el presidente, dio motivos para pensar que una vez más el partido judicial actuaría en sintonía con el gobierno, los cortesanos eligieron preservarse a sí mismos de la ira popular que podía desatar una ratificación del tarifazo.

Pero si bien el fallo obliga al gobierno a retrotraer las tarifas a los valores previos al aumento, le ordena realizar la audiencia pública y le fija el límite de la “razonabilidad” para acometer el futuro aumento -lo que autoriza a pensar que si Macri se vuelve a extralimitar recibirá un nuevo revés-, también le proporciona una salida.

Al fin y al cabo con este pronunciamiento judicial el equipo de gobierno tiene la posibilidad de salir del pantano en que se había metido por su propia miopía política y sus frecuentes arrestos autoritarios.

Miopía, porque no pudo ver que los aumentos que intentaba imponer carecían, precisamente, de “razonabilidad”. Autoritarismo, porque contrariamente a lo que predica a cada rato este gobierno, como ningún otro desde el advenimiento de la democracia, parece creer que puede imponer su voluntad sin rendir cuentas a nadie.

Ahora bien, en su fallo la Corte fue exactamente hasta el límite de lo que requería su autodefensa y dejó sin respuestas al comercio, las pequeñas y medianas industrias, las asociaciones, las cooperativas y las empresas recuperadas. También, a las grandes empresas, que como es uso y costumbre traspasarán el costo de las abultadas tarifas a los consumidores alentando la ya desbordada inflación.

Como se comienza a ver, esto dará lugar a una nueva oleada de demandas, que a la luz de la “razonabilidad” que invocó la Corte podrían ser aceptadas por cualquier tribunal, dando lugar a un nuevo callejón sin salida para el gobierno.

Hay más. El fallo establece que también debe ser llevado a audiencia pública el valor del gas en boca de pozo, algo que no había ocurrido hasta ahora porque según la ley ese precio debería quedar librado al juego de la oferta y la demanda, pero en los hechos ha venido siendo fijado desde hace muchos años por el Poder Ejecutivo.

Hace unos meses el macrismo llevó de 2,50 dólares a 5,20 dólares el millón de BTU (la unidad calórica británica en que se mide el fluido). Bien lo sabe Neuquén, que venía reclamando este aumento desde hace años para incrementar las regalías de su principal producción y ahora ve que se cierne un gran interrogante sobre su futuro y con él sobre el equilibrio de sus finanzas.

Los usuarios residenciales constituyen el 30% del universo de consumidores de gas en el país y entre ellos el 6% recibe la tarifa social, también ratificada por la Corte. El 70% restante lo integran la industria, el comercio, las asociaciones, etcétera.

Esto quiere decir que, de no haber nuevos fallos, esta vez a favor de los consumidores no residenciales, el universo sujeto a la revisión de la audiencia pública es del orden del 24% del total del gas que se comercializa.

Como la audiencia no es vinculante, lo que puede ocurrir a partir del 12 de septiembre próximo, fecha para la que ha sido convocada, es que el gobierno macrista tenga un rapto de sentido común y baje los topes del 400% de aumento a un porcentual más razonable o, en fin, que desoiga los reclamos y objeciones que seguramente presentarán los usuarios y se mantenga en sus trece.

Como en definitiva la gran mayoría admite que las tarifas estaban atrasadas, si hace lo primero es probable que obtenga un cierto horizonte de tranquilidad. Pero si opta por dar rienda suelta a sus instintos, es casi seguro que volverá a tropezar con nuevas y tal vez más virulentas expresiones de rechazo de la sociedad. Lo que, definitivamente, lo alejaría de su deseado objetivo de llegar a las elecciones legislativas del año próximo con la casa mínimamente en orden.

En medio de este panorama, la esperanza del gobierno neuquino está cifrada, en primer lugar en que Nación se muestre razonable para que no estalle todo por los aires y en segundo, en que el porcentaje del gas rebajado se limite al 24% de los usuarios cuya tarifa se debatirá en la audiencia.

Por cada dólar que aumenta el precio del gas, el estado neuquino recibe 100 millones de pesos mensuales en concepto de regalías y con el último incremento en boca de pozo espera recaudar una suma extra de 2.000 millones de pesos anuales aproximadamente.

Pero a la luz de lo que ocurra en la audiencia pública, no está claro si el gobierno nacional cubrirá la diferencia por la rebaja de la tarifa del gas domiciliario con un subsidio del tesoro o impulsado por las circunstancias terminará por bajar el precio del fluido en boca de pozo.

Otro tema que se cierne como un nubarrón sobre las finanzas provinciales es el valor interno del petróleo, lo que se conoce como el “barril criollo” cuyo precio fue fijado por el gobierno de Cambiemos en 67 dólares.

Esta semana el gobernador Gutiérrez viajó apresuradamente a Buenos Aires para asegurarse de que el macrismo no bajará el precio interno, acomodándolo a los 51 o 52 dólares que vale el Brent (el tipo de petróleo que Argentina puede refinar) en el mercado internacional.

Por cierto, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, cuya misión es justamente tener contentos a los gobernadores, le aseguró a Gutiérrez que el precio no cambiará. Pero es un dato de la realidad que el controvertido ministro Energía, Juan José Aranguren, se ha cansado de decir aquí y allá que lo bajará hasta ponerlo a tono con los valores internacionales.

No casualmente las autoridades locales admiten que en el tema es una “lucha continua de todos los días” y no por nada tampoco el gobernador pasa un día por semana (en general el miércoles) en Buenos Aires.

Aquí la cuenta que hacen los estrategas neuquinos es que por cada dólar que sube el barril de petróleo entran a las arcas provinciales 6 millones de pesos al mes, aproximadamente 64 millones al año.

Estiman que en la actualidad la diferencia real entre el precio internacional y el local es del orden de los 6 dólares, porque a los 51 o 52 dólares que cuesta el barril de Brent hay que sumar unos 10 dólares más en concepto de despacho a plaza y flete, con lo cual viene costando entre 61 y 62 dólares el barril.

“Defendiendo el valor cada día, ya estamos cerca (del precio internacional)”, razonan los estrategas locales. Aunque no dejan de ver que esa diferencia de 6 dólares con el “barril criollo” todavía arroja unos 360 millones de pesos anuales. Una suma importante que las arcas provinciales dejarían de percibir si el desgastado Aranguren es presa de un nuevo arrebato como el del gas.