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Columnistas
22/10/2019

Crisis en Ecuador

El movimiento indígena y Correa, divididos y perjudicados

El movimiento indígena y Correa, divididos y perjudicados | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.
Imagen de archivo, tomada cuando Correa era presidente.

Si bien representan al 7% de la población, las organizaciones de pueblos originarios han sido decisivas en la política ecuatoriana de las últimas décadas. El espacio del correísmo arrastra una historia de conflictos con una parte de su dirigencia, lo cual favorece a las actuales fuerzas en el poder.

Leandro Etchichury *

A pesar de su voluntad inicial, la relación que el expresidente Rafael Correa pudo construir con parte del movimiento indígena durante su gobierno, en particular con la activa Confederación Nacional Indígena de Ecuador (Conaie), no fue óptima y por lo tanto debilitó el proceso de transformación. Cuando desde la Conaie no se reconoció como un intento de golpe a la rebelión policial que secuestró al presidente Correa, en septiembre de 2010, el divorcio ya estaba consumado. Por entonces, se calificó al gobierno como una “democracia dictatorial” y se pidió aplicar el mecanismo de “muerte cruzada”, reclamado justamente en la crisis actual para salvar la situación institucional puesta en crisis por las medidas de ajuste aplicadas por el actual presidente, Lenín Moreno. (“Muerte cruzada” es una figura constitucional, mediante la cual la Asamblea Nacional puede destituir al Presidente, y viceversa, ante una crisis política que devenga en conmoción interna, convocando a nuevas elecciones). 

Días atrás, cuando la Conaie aceptó dialogar con el gobierno, para revisar algunas de las medidas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), su presidente Jaime Vargas destacó que el movimiento indígena debe separarse de quienes intentan dividirlos, y señaló de manera directa al expresidente Rafael Correa. Manifestó, además, su molestia con políticos como Gabriela Rivadeneira y Virgilio Hernández (afines al ex mandatario) por llamar a la población a movilizarse. “Los correístas quieren aprovechar este espacio”, señaló Vargas al diario ecuatoriano El Comercio.

Esta postura alentó a Lenín Moreno para iniciar una caza de brujas contra dirigentes opositores, cuyas figuras más visibles fueron la asambleísta Nacional de la bancada de la Revolución Ciudadana y ex presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (acogida en la Embajada de México en Ecuador), y la prefecta (gobierno provincial) de Pichincha, Paola Pabón, detenida en su casa y encarcelada por el supuesto delito de rebelión. También sufrieron el embate, medios de comunicación que no están plegados a la línea del actual gobierno, como ocurrió con el cierre de Radio Pichincha, lo cual quedó también reflejado en el comunicado de la Convergencia de Comunicadores y Medios Independientes, Alternativos, Populares, Comunitarios y Digitales del Ecuador, desde dónde se señaló que numerosos medios "fueron afectados por la censura tecnológica y digital". 

 

En las últimas décadas, la movilización de las organizaciones indígenas ha tenido una significativa determinación en la vida política de este país. Aún, cuando representan al 7% de la población ecuatoriana, que es la que se autopercibe como indígena, según el censo del año 2010. 

A comienzos de 1997, miles de indígenas bloquearon la ciudad de Quito, tras el anuncio de una serie de medidas económicas por parte del gobierno de Abdalá Bucarám, quien solo logró sostenerse hasta febrero de ese año y luego huyó del país. Posteriormente, en enero del año 2000, fue el turno de Jamil Mahuad, situación en la que líderes indígenas tomaron el parlamento y posteriormente avanzaron sobre el Palacio de Gobierno, recibiendo el respaldo de sectores militares que según Mahuad utilizaron a los indígenas para desplazarlo a él, descontentos con la reducción de los gastos de defensa y una readecuación salarial.  

En 2002, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik dio su apoyo al coronel Lucio Gutiérrez, quien llegó a la presidencia al año siguiente, pero esa unidad duró tan solo seis meses. A su vez, en abril de 2005 el mandatario abandonó el gobierno en medio de una fuerte protesta social.

Como se mencionó anteriormente, la relación del gobierno de la Revolución Ciudadana, encabezado por Rafael Correa, con un sector muy intenso del movimiento indígena ecuatoriano, se fue deteriorando en el transcurso de la gestión, y muy particularmente ello ocurrió con el movimiento político Pachakutik (una fuerza con baja representatividad en la Asamblea Nacional, que en las elecciones de 2017 no llegó al 3% de los votos), la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa), y la Conaie, organización de tercer grado que abarca, entre otros, a los kichwa. Recientemente, Vargas reafirmó que el brazo electoral de la Conaie es el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.

Pronto quedó atrás la consagración comunitaria de toma de posesión, llevada a cabo en la localidad de Zumbahua, donde los pueblos indígenas otorgaron a Correa el bastón de mando en una ceremonia ritual, y comenzó una disputa en la que se acusó al nuevo gobierno de sostener intereses económicos que afectaban seriamente la supervivencia de las comunidades originarias y su medioambiente. Llovieron fuertes críticas desde los movimientos sociales e indígenas por la postura desarrollista de Correa, sostenida sobre una base extractivista de los recursos naturales, en particular el petróleo y la explotación minera, lo que derivó en la represión de algunas protestas sociales y detención de activistas, como la ocurrida en la localidad amazónica de Dayuma en noviembre de 2007.

El distanciamiento continuó tras la aprobación vía referéndum de la nueva Constitución, en septiembre de 2008. La llamada Constitución de Montecristi (por el pueblo donde se desarrollaron las sesiones constituyentes, próximo a la base militar estadounidense de Manta, que fuera desalojada al año siguiente) implicó una ruptura con el neoliberalismo, a través de impulsar derechos sociales y una mayor presencia del Estado. Además, estableció algunas demandas indígenas, entre ellas investir a la naturaleza como sujeto de derecho, asumir la perspectiva del sumak kawsay (buen vivir) para alcanzar el bien colectivo en armonía con el medioambiente, y también consagró el reconocimiento de Ecuador como Estado Plurinacional, lo que implicó un profundo debate y negociación entre el gobierno y los movimientos indígenas. A pesar de todo ello, el resultado no dejó satisfechos a buena parte de los dirigentes indigenistas.

Esa Asamblea Constituyente marcó la ruptura a través de dos hechos. La negativa a reconocer el kichwa como segunda lengua oficial nacional, y la no inclusión del “consentimiento previo”, en la nueva Constitución, lo cual era requerido por los movimientos indígenas para la aprobación, por parte de las comunidades, sobre cualquier proyecto de extracción de recursos naturales. Ambos debates incluyeron la manifestación pública de fuertes intercambios verbales. 

A partir de allí, desde estos sectores se aseguró que la nueva Constitución se había transformado en un conjunto de buenas intenciones sin aplicación práctica en la realidad.

En no pocas ocasiones Correa fue acusado de autoritario y racista por parte de líderes indígenas. En julio de 2017, la Conaie solicitó al gobierno de Lenin Moreno que dicte la amnistía para 177 detenidos, más 20 indultos, para aquellos juzgados bajo el delito de ataque y resistencia durante el mandato del anterior presidente.

Estas graves desavenencias entre ambos espacios han tenido sensibles consecuencias, no solo políticas. Esto lo supo ver en su momento la ya fallecida intelectual chilena Marta Harnecker, cuando en 2010 publicó su investigación “Gobierno de Correa y Movimiento Indígena”, y allí expresó: “Queda muy claro que –salvo algunas excepciones– los objetivos que se persiguen son comunes, y que también lo son los enemigos que harán todo por impedir que el gobierno ecuatoriano cuente con el apoyo del movimiento indígena, porque saben cuán estratégico es para el proceso de cambios que este pretende impulsar, el apoyo de los actores sociales que –con sus resistencias y sus luchas– han hecho posible que Ecuador viva un nuevo momento de esperanza”.



(*) Antropólogo y miembro del Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir).
29/07/2016

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