Tras la salida de Juan José Aranguren, poco duraron las intenciones de un ala del gobierno de morigerar los tarifazos y controlar los precios de la energía para no sumar más leña al fuego inflacionario. El nuevo ministro del área, Javier Iguacel, se ve condicionado por el fuerte ajuste encabezado por Nicolás Dujovne y por el lobby de las empresas internacionales con negocios en Vaca Muerta.

El descalabro económico y financiero, que el ministro de Economía piensa enmendar con más recortes a la inversión del Estado, no deja margen fiscal para absorber los costos de las tarifas polarizadas, por lo cual habrá una mayor quita de subsidios a los usuarios. 

Tras el derrumbe de las acciones de las empresas energéticas provocado por la devaluación y el rumor de que se renegociarían los contratos con toda la cadena de valor, Iguacel adelantó a la agencia internacional Bloomberg que  liberará los precios del petróleo y del gas.

"Es un mercado libre y las compañías pueden fijar los precios de combustibles que consideren óptimos para su negocio. Y tampoco deberían esperar un precio interno del barril de petróleo más bajo", aseguró.

Como señal de este nuevo escenario, YPF aumentó un 5% los combustibles, casi el doble de la suba que se había acordado con Aranguren. Y en los próximos meses habrá más incrementos para recuperar terreno con el nuevo tipo de cambio.

En una señal de que Argentina se encamina a profundizar su cambio al libre mercado, Iguacel confirmó que el gobierno eliminará a partir de septiembre el rol del estado en el mercado de los contratos de energía eléctrica. 

Actualmente, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) fija los precios que los generadores de energía pagan por el combustible y el gas natural, y la venta de electricidad. “Los generadores comprarán directamente a los productores, y los consumidores y distribuidores a gran escala comprarán directamente a los generadores”. Según el ministro, el cambio a un mercado de energía desregulado tomará hasta 18 meses.

Por otro lado, se baraja la idea de modificar el mercado del gas por un nuevo sistema de subastas bajo el precepto de que los precios bajen por la libre competencia de las productoras. La medida podría funcionar en verano, cuando hay excedentes de gas por la baja del consumo. Sin embargo, en invierno hay un serio déficit de producción local. Con ese escenario en los meses de mayor consumo el gas será mucho más caro. Un modelo peligroso para un país con una economía inestable, donde el dólar pasó de 20 pesos a 30 en menos de dos meses.

Por lo pronto, en octubre habrá una nueva suba de las tarifas, que deberá absorber la devaluación ya que los contratos vigentes están formados a un dólar a $20,80, lo que produjo una importante deuda entre distribuidoras y productoras. Según trascendidos, la suba rondaría el 25%. Si bien los bolsillos de los usuarios ya no toleran más aumentos, en el gobierno confían en que la suba del gas llegaría en los meses calurosos, con lo cual el impacto quedaría camuflado.

Del “gesto patriótico” que deberían tener las empresas para ayudar al gobierno, según dejaban trascender los operadores de la Casa Rosada, en pocos días se viró hacia una liberalización total, pero “con responsabilidad”, según pidió el propio Iguacel a las petroleras. La pregunta es cuánto faltará para que los resultados de esta política deriven en la próxima frase memorable al estilo “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.