A las complicaciones que le trajo la devaluación del peso y la suba del petróleo y su impacto sobre los costos de los combustibles, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se le suma otro frente de tormenta: ahora es blanco del fuego amigo. 

Esta semana fue duramente cuestionado por parte del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), una usina de pensamiento energético vinculada al radicalismo, por su intención de reprivatizar la empresa que monopoliza el transporte en extra alta tensión del país, Transener, que a su vez controla la estratégica Transba, encargada de la distribución troncal de energía eléctrica en uno de los mayores centros del consumo del país: la provincia de Buenos Aires.

A través de un extenso documento, el IAE destaca que los segmentos del transporte y distribución electricidad son monopolios naturales que deben ser regulados, y cuya expansión requiere inversiones de largo plazo y baja rentabilidad, en los que la planificación estratégica juega un rol central.

Recuerda que la privatización total del transporte de electricidad en los ‘90 fue uno de los mayores fracasos de las transformaciones emprendidas en el sector energético porque no generó los incentivos adecuados para la expansión del sistema. Y señala el Estado será quien defina cómo y cuándo, con qué costo será expandido el sistema de transmisión.

El gobierno Macri, a través de la estatal Enarsa, compró en 2016 las acciones de Transener que Electroingeniería, una compañía al borde de la quiebra, había puesto en venta a precio de remate. “Es una buena decisión desde lo comercial y también impide que alguien critique al Estado por habérsela dejado a un privado”, se ufanaba por entonces el presidente de Enarsa, Hugo Balboa. Parece que los planes han cambiado.

La compañía tiene por delante una concesión de 68 años, en la cual operará un monopolio natural en expansión. Este año el gobierno lanzará la construcción de ocho líneas de alta tensión por el programa de participación público-privada (PPP) unos 2.175 kilómetros de líneas, una potencia de transformación de 3.700 MVA, y una inversión de casi 3.000 millones de dólares. Según el IAE, al ser Transener el concesionario y operador del sistema, ingresará en sus arcas el 3% de esa inversión, lo que incrementará notablemente sus ingresos en una cifra muy importante. En ese escenario, el futuro de la empresa pasa por crecer en un negocio regulado sin riesgos empresarios ni comerciales.

Por su rol estratégico, el IAE considera que Transener no es una empresa ni una actividad como cualquier otra, por lo cual cuestiona la idea de Aranguren de malvenderla y perder su control estatal.

A su vez Enarsa, la actual tenedora de las acciones que se enajenarán, es una empresa deficitaria que requiere para su funcionamiento de transferencias para gastos corrientes por parte del Tesoro Nacional. Si pierde el flujo de beneficios que las acciones de Transener le reportan –unos 30 millones de dólares el año pasado-, el Tesoro deberá compensar esa suma en un contexto de ajuste feroz de la economía.

La respuesta de Aranguren a los cuestionamientos de los socios radicales de Cambiemos estuvo a la altura de su estilo: “aquello que pueda ser realizado por un privado no debe ser realizado por el Estado”.

El IAE General Mosconi retruca que “el Estado mantiene presencia en empresas de sectores estratégicos, como lo demuestra la experiencia mundial: la industria nuclear, la industria aeroespacial y muchas otras donde los servicios se prestan en condiciones de monopolio natural muestran como conveniente esta forma organizativa”.

Hoy Enarsa posee el 50% de las acciones de Citelec, la empresa controlante de Transener, y el otro 50% pertenece a la empresa privada Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, el empresario que se ha transformado en el amo y señor del sector eléctrico durante la gestión de Cambiemos.

“Hay una importante razón para no vender Transener, y es que el Estado nacional debe alentar al sector privado a invertir en aquellos sectores donde exista competencia y riesgo, evitando los monopolios privados originados en decisiones ministeriales”, culmina el documento del Instituto General Mosconi.

La sospecha que se abre es que lo que fue un buen negocio para el Estado, ahora está por transformarse en un mejor negocio para un privado. Ese actor tiene nombre y apellido: Marcelo Mindlin, quien podría hacerse del control de Transener, ya que tiene opción de preferencia para comprar los papeles de Enarsa por ser accionista. 

En el combo, el gobierno nacional también busca desprenderse de la participación en las centrales térmicas Brigadier López (Santa Fe) y Barragán (Ensenada), construidas durante kirchnerismo, en un momento en el que generar electricidad es muy redituable por la suba de los precios de la energía dispuesta por el mismo Aranguren. Parece que a todo lo que pueda ser aprovechado por los privados, se le quitará el “escollo” del Estado.