La reforma fiscal que plantea el gobierno de Mauricio Macri trajo una sorpresa debajo del poncho que pone en jaque a buena parte de la economía provincial y al desarrollo de la gran esperanza neuquina: Vaca Muerta.

Se trata de la creación Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), un nuevo tributo incorporado en el artículo 137 de la reforma redactada por el Ejecutivo, que desde 2020 se aplicará sobre el gas no convencional. Si bien se desconoce la autoría de la norma que significaría una puñalada por la espalda para el desarrollo del shale, se cree que surgió desde el entorno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

De aplicarse, el impuesto “ecológico” equivaldría a la friolera del 25% del precio en boca del pozo que tendría el gas en 2020. Es decir que si el millón de BTU se ubicara en torno a los 5 dólares (el precio promedio actual), 1,30 dólares se destinarían a pagar el insólito gravamen.

La medida provocó un revuelo en la industria petrolera que ya alertó por lo bajo que se caerían inversiones por al menos 5 mil millones de dólares para extraer gas en la provincia.

La creación del impuesto se justifica en que “el sector energético representa alrededor de dos tercios de los flujos de emisiones de Co2”, según consta en el texto enviado al Congreso Nacional.

El gravamen no tiene antecedentes en el mundo, salvo algunas acciones tendientes a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, pero que no tienen el fin recaudatorio que plantea la movida del gobierno nacional. Además se contradice con la política de promoción de las inversiones en Vaca Muerta, que cuenta con un régimen de precios especiales para captar inversiones y acelerar los desarrollos de los yacimientos, junto con el acuerdo que flexibilizó las condiciones laborales en el petróleo.

La inclusión del impuesto en la reforma tributaria movilizó a los funcionarios neuquinos. El gobernador Omar Gutiérrez confía en que tendrá un freno en el Congreso.

Por otro lado, el gobierno nacional decretó esta semana la liberalización total del mercado de los combustibles líquidos, al abrir la posibilidad de que puedan llevarse a cabo, sin límite alguno, compras de crudo y naftas a proveedores del exterior a partir del próximo 1° de enero.

El decreto 962/2017 desarma los cupos de importaciones que había hasta el momento. El nuevo régimen jugará a favor de las petroleras que no producen crudo en el país, ya que podrán optar por comprar petróleo o incluso productos refinados si están más caros en el mercado local. Ese fue el gran negocio de Shell en la última década, aún bajo los controles del Estado.

De esta forma, los yacimientos y la producción de combustibles locales quedarán desprotegidos. El empleo y las inversiones en los campos petroleros de Neuquén estarán a merced de los vaivenes externos. Si el precio del petróleo baja a nivel internacional, será muy difícil que los yacimientos argentinos compitan con mercados con costos más bajos.