La política de reducción de subsidios y el incremento de precios de la energía aplicada por el gobierno nacional, se tradujeron en un mayor peso sobre los bolsillos de los consumidores y en la suba de las transferencias estatales a las compañías petroleras.

Un informe del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano, indicó que el rumbo del sector hidrocarburífero es costoso para las arcas públicas y los usuarios, a la vez que no cosecha grandes resultados en las inversiones.

Dicho centro señaló que el incentivo a la producción de gas implicó transferencias del Tesoro a las empresas por $ 43.073 millones tan solo en 2016.

“La tendencia se consolidó en el primer trimestre de 2017, transformando al Plan Gas en el ítem con mayor peso de las transferencias energéticas corrientes: 53%”, aseguró el director del Ceres, Alejandro Einstoss.

Advirtió que las estadísticas del ministerio de Energía y Minería indican que, pese a los mayores desembolsos para las petroleras, en 2016 se redujeron tanto los pozos de exploración (-39%), como los de desarrollo (-9%), en comparación con 2012, año en que se recuperó el control estatal de YPF.

El titular del Ceres mencionó que “desde su implementación en 2013, el Plan Gas implicó transferencias corrientes del Tesoro Nacional por $ 72.500 millones, de los cuales $ 43.073 millones correspondieron a 2016, con un crecimiento interanual del 262%. La tendencia se consolidó en el primer trimestre de 2017”.

Durante el gobierno de Cristina Fernández se destinaron $29.427 millones -en un periodo de tres años- al esquema de precios destinado a estimular el incremento de la producción. Mientras que durante la gestión de Mauricio Macri, se transfirió un 46% más que esa suma en apenas doce meses.

Pese a la reducción de subsidios al consumidor, las transferencias del Estado a las petroleras se incrementaron por la fuerte suba del precio en boca de pozo decidida por Nación el año pasado. Si bien el objetivo final del gobierno era que hacia el año 2020 los usuarios paguen todo el costo de la energía, el camino “gradualista” es más costoso tanto para las arcas estatales como para los consumidores.

“Durante 2016, se subsidió la producción de gas en un monto equivalente a toda la inversión anual realizada en la producción de hidrocarburos, incluida Vaca Muerta, por un monto de US$ 2.900 millones”, detalló Einstoss.

Pese a los multimillonarios desembolsos, entre 2016 y 2017 la producción de gas total del país prácticamente no varió.

Además, el director del centro de estudios mencionó que el esquema de subsidios e incentivos a la producción de petróleo, que garantiza a los productores locales un precio superior al internacional hasta fines de este año, tampoco arroja resultados positivos.

Si bien el barril criollo sufrió una fuerte baja y desaparecerá en los próximos meses, el crudo Medanito hoy se mantiene en los 57 dólares, por encima del Brent del Mar del Norte que en las últimas semanas osciló entre los 47 y los 52 dólares. La rebaja del barril doméstico no significó una disminución en los precios de los surtidores pero influyó en una fuerte caída de la producción, que fue del orden del -13% en abril de este año en comparación con el mismo mes de 2016, por el desplome de la perforación en los yacimientos convencionales.

“Este escenario nos pone a las puertas de comenzar a importar cantidades crecientes de petróleo crudo para cubrir la demanda local. Incentivos discrecionales de precios por sí solos no parecen suficientes para incentivar la inversión, si no se acompañan del diseño de una política pública y de planificación energética en el marco de acuerdos amplios”, concluyó Alejandro Einstoss.