La audiencia pública por la tarifa del gas residencial obligó al gobierno nacional a blanquear su política para el sector energético. Aggiornado a un esquema gradualista tras el fallo de la Corte Suprema, el plan apunta a cuatro grandes ejes: la dolarización de las tarifas, el fin de los subsidios al consumidor, una mayor renta para las petroleras, y una fuerte suba para el precio en boca de pozo del gas que pagan los hogares.

Si bien el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que se tendrán en cuenta las objeciones planteadas, las deliberaciones de la audiencia pública no son vinculantes. Aunque el nuevo esquema presenta un avance en el gradualismo (las subas y quitas de subsidios serán semestrales hasta 2019), y hay una previsibilidad en ese sendero, el Gobierno vuelve a soslayar el impacto social y económico, y es de esperar que vuelva a tropezar con la misma pierda el invierno próximo cuando el mayor consumo llegue con dos aumentos: el de octubre de este año y el de abril de 2017.

El plan que dio a conocer Aranguren es visto con desconfianza incluso desde sectores cercanos a la alianza Cambiemos. Por caso, Fernando Navajas, economista jefe de la consultora ultra liberal FIEL, criticó los altos precios en boca de pozo que se prevén hacia 2019. Indicó que “excepto que uno pueda demostrar que la producción local va a converger a precios muy convenientes e inferiores a los precios de importación, como era en el pasado, no resulta razonable otorgar precios elevados para promover un sector”, por su impacto en el resto de la economía.

También señaló que es un error insistir con el mecanismo de descuentos tarifarios por ahorro respecto al año anterior, porque no brinda incentivos adecuados para la eficiencia energética, ya que saca el premio al año siguiente.

El objetivo de Aranguren es llegar hacia octubre de 2019 a un precio de 6,78 dólares el millón de BTU para el gas que consumen los domiciliarios, más de un 400 por ciento más que lo que se paga hoy, pero con el agravante de que el Estado no aplicará ningún tipo de subsidio al consumidor, con lo cual las boletas que llegarán a los hogares serán exorbitantes.

¿Cómo llega el ministro de Energía a los 6,78 dólares? Haciendo un promedio entre el gas que se compra de Bolivia, el de los barcos metaneros y el del gasoil que se utiliza como sustituto para las centrales térmicas. “Al incluir al gas oil en la cuenta, la presentación del Gobierno parece más un ejercicio de manipulación para que los precios del gas tengan que ser más altos, haciendo que en medio de una caída fenomenal de los precios de la energía en el mundo, los precios de la Argentina no caigan”, advierte Navajas.

Y señala que hacia 2019 la demanda pagará un sobrecosto de 3.700 millones de dólares a causa de estos precios, que deberían ser más bajos ya que el promedio de paridad de importación bajaría si no se computa el gasoil.  “Esto es un 0.5% del PIB estimado para 2019 y una cuenta que se agrega a la ya abultada transferencia al sector por la vía de precios del petróleo más alto que los valores de importación. Lo insólito es que se lo quieren hacer pagar a los habitantes del NOA (Nor-Oeste Argentino) los cuales están a metros de Bolivia, que hoy cobra 3.5 dólares por MMBTU en frontera. ¿Y si al Gobierno de Jujuy se le ocurriera hacer un gasoducto para importar gas de Bolivia? En otros términos: ¿Porqué los jujeños van a pagar el desarrollo de Vaca Muerta, teniendo importaciones a mitad de precio muy cerca?”, se pregunta el economista de FIEL.

El gasoil y el GNL, los combustibles más caros que compra al exterior la Argentina, representan sólo el 17% del total de la energía que se consume, con lo cual igualar hacia ese techo todo el precio del gas que deberán pagar los usuarios no tiene otra explicación que la de incrementar la renta de las petroleras.

Según expuso el consultor Daniel Gerold, el Plan Gas del kirchnerismo que aún está vigente y que eleva a 7,50 dólares el millón de BTU mediante una compensación por parte del Estado a las empresas que aumenten su producción, fue exitoso. A partir de su aplicación en 2013 se revirtió el declino y la producción crece mes a mes. Se trata de un estímulo a la inversión de la que permitió desarrollar en Neuquén los yacimientos de gas no convencional. Aranguren pretende que se precio se pague en la tarifa, con lo cual se cambia un plan de estímulo por una mayor presión sobre el bolsillo del consumidor.

Por otro lado, los valores están dolarizados con lo cual la devaluación del peso no hará más que acentuar el tarifazo y repercutir en la inflación, aspecto de la economía que ahora el gobierno dice tener bajo control.

“Estamos ante un cambio de modelo”, definió a mitad de semana desde Neuquén José Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, durante la inauguración de la Expo Oil & Gas Patagonia 2016, en el Espacio Duam. Se trata del paso de una política de subsidio del Estado al consumidor a otra donde los beneficiarios serán las petroleras y todo el costo lo pagará el usuario.

“No queremos un vínculo donde el Gobierno decida, queremos que decida el sector”, dijo días atrás Aranguren. Toda una definición de un funcionario que aún piensa como CEO de una petrolera.