El pasivo ambiental que genera la principal actividad económica de la provincia, la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta, es un tema del que el gobierno provincial prefiere no hablar, aunque cada vez sea más difícil de evadir.

Días atrás, el fiscal de delitos ambientales de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, reconoció, en una entrevista con , que la herramienta con la que cuenta para controlar la actividad es "mala"; sostuvo que el pasivo ambiental que produce Vaca Muerta compromete a las generaciones futuras y afirmó que en la provincia hay solo cuatro empresas tratadoras de residuos cuando debería haber, al menos, veinte.

Desde 2019, diputados y diputadas de la oposición presentaron pedidos de informes y de comunicación en la Legislatura para conocer aspectos de la disposición final de los residuos que produce la extracción de petróleo, la legalidad del venteo de gas o la modalidad del traslado de residuos depositados en piletones en Neuquén hacia Añelo.

El común denominador a todos esos pedidos, ha sido la falta de respuesta.

El 20 de agosto de 2020, el diputado Carlos Coggiola, del Partido Demócrata Cristiano, junto con el bloque de Siempre, integrado por Laura Bonotti y Andrés Peressini, presentaron un proyecto de ley de creación del Observatorio Hidrocarburífero de Control Ambiental.

La iniciativa tenía como objeto "proteger la áreas naturales en todo el territorio de la provincia del Neuquén mediante el control de la actividad hidrocarburífera, con el fin de preservar, conservar, defender y mejorar el ambiente, asegurando la calidad de vida de sus habitantes y la de las generaciones futuras".

Entre los fundamentos, se indicaba que la provincia del Neuquén tiene como actividad económica principal la explotación de gas y petróleo en la formación conocida como Vaca Muerta y que "luego de muchos años de explotación petrolera en la provincia uno de los problemas más serios que viene generando esta actividad es la contaminación ambiental".

El texto también señalaba que "es necesario instalar el debate de esta problemática, perfeccionar el funcionamiento de los organismos de control y crear mecanismos de participación que sirvan de garante para la gente, convencido que se pueden desarrollar actividades hidrocarburíferas sin producir desastres ambientales con secuelas contaminantes difíciles de remediar".

Coggiola, autor de la iniciativa, dijo a que la misma "está durmiendo en la comisión de Medio Ambiente" y agregó que "como todas las iniciativas que prevén algún tipo de control, el oficialismo de este gobierno no da tratamiento porque no quiere ningún tipo de control en ningún área".

El 4 de junio de 2020, los diputados de ese mismo bloque José Raúl Muñoz y Elizabeth Campos presentaron un proyecto de comunicación por el que solicitaban al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales y a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, "informen sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley provincial 2175, en lo relacionado a garantizar la preservación del medioambiente, el resguardo de la salud de la población y la explotación racional del recurso, todo ello, en relación a las emisiones procedentes de la actividad e industria hidrocarburífera".

En el detalle de la solicitud, pedían que se informe "Cuántas infracciones se labraron por la autoridad de aplicación en los últimos cinco años", así como "a cuánto asciende el monto de lo recaudado en concepto de multas por incumplimiento de la normativa y cuál fue su posterior destino", entre otros ítems.

La iniciativa apuntaba a tener información sobre la quema de gas, conocida como "venteo", que se produce durante la extracción de petróleo, que además de producir contaminación significa una pérdida de un recurso económico.

Ese proyecto, al igual que el anterior, nunca fue tratado. "Como hacen normalmente, cuando hay un pedido de informes, salió nota por presidencia de la comisión pero no lo hacen llegar al recinto. Y no hubo nunca respuesta a ese pedido", indicó Coggiola.

Ya en julio de 2019, el ex legislador Santiago Nogueira, en representación del bloque Molisur, había ingresado un proyecto de Resolución mediante el cual solicitaba a la subsecretaría de Ambiente informar acerca del traslado de los residuos petroleros depositados actualmente en la planta de tratamiento de residuos petroleros Comar S. A. ubicada en el Parque Industrial Oeste de esta ciudad de Neuquén, hacia la empresa de disposición final de residuos petroleros Servicios Ambientales del Neuquén S. R. L. ubicada en la localidad de Añelo.

Allí pedía que se informe la cantidad y de qué modo serían trasladados los residuos petroleros; quién será el responsable del costo del traslado; que se informe si esos residuos tendrán algún tipo de tratamiento previo a la disposición final; entre otros puntos. También se solicitaba que se informe la capacidad total de depósito de residuos petroleros a la empresa SAN. SRL, y la capacidad ocupada hasta la fecha de la presentación.

Según indicó el ex legislador Nogueira a , "eso tuvo muchas idas y vueltas". Señaló que "los 300 mil metros cúbicos que tenía Comarsa se había autorizado a tratarlos con biorremediación" e indicó que "nosotros lo objetamos y el tiempo nos dio la razón porque no daban los volúmenes ni los plazos para desarrollar esa técnica".

Nogueira, que ahora se desempeña como delegado del INADI en Neuquén, agregó que la información que manejaba provenía de seguir el expediente más que de información provista por el gobierno, y señaló que "lo último que tengo entendido es que se aprobó el traslado pero no todo iba a ir a tratamiento sino que una parte significativa del mismo iba a disposición final".

Sin información sobre acuerdos con petroleras

Otro pedido de información que tampoco tuvo respuesta del gobierno provincia, no preguntaba directamente por el impacto ambiental pero sí pedía detalles de cómo se estaba desarrollando la actividad hidrocarburífera en la provincia.

El diputado Sergio Fernández Novoa, que fue autor del proyecto y miembro informante en la Legislatura, dijo a que la iniciativa se debatió en comisión, se aprobó por unanimidad en la Cámara en agosto pasado, donde fue aprobado por unanimidad, pero aún no tuvieron una respuesta de parte del Ejecutivo.

Se trató de un proyecto de Resolución que entró con la firma del bloque del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y del Partido Demócrata Cristiano y solicitaba al ministro de Energía y Recursos Naturales Alejandro Monteiro, información sobre la adjudicación de cada una de las concesiones firmadas entre la provincia y las empresas adjudicatarias de las áreas de explotación hidrocarburífera y de gas dentro del territorio provincial.

También preguntaban sobre las actas acuerdo de inversión y sus correspondientes cronogramas de ejecución; sobre los porcentajes de regalías de petróleo y gas para la provincia, que fueron acordados en cada una de las actas acuerdo firmadas con las empresas; entre otros ítems.

En los fundamentos se indicaba que con motivo de la pandemia y la consecuente caída en los precios internacionales del petróleo, resultaba necesario conocer en profundidad los compromisos asumidos por las empresas que operan en la provincia en materia hidrocarburífera.