Las empresas petroleras no se diferencian de los grupos concentrados de la Pampa Húmeda a la hora de presionar: si no les dan lo que piden se quedan con los dólares, planchan la producción para “castigar” a un Estado al que viven criticando pero que los ayudó a ganar dinero y sacan el serrucho para limar a diario el poder del gobierno.

Como ocurre también con el agro, las petroleras tienen potentes difusores de sus intereses. Están a su servicio los medios especializados y los que no lo son pero tienen posiciones dominantes en el mercado y siguen vendiendo la falsa imagen de imparcialidad. También cuentan con funcionarios y dirigentes sindicales seleccionados a los que les cuesta diferenciarse y terminan validando, total o parcialmente, los argumentos de las empresas.

El partido que gobierna Neuquén, al que se podría rebautizar como Movimiento Petrolero Neuquino, no es un actor de reparto en esta lucha de intereses donde en un extremo se encuentra la voracidad de las empresas que buscan el mayor lucro posible, y en el otro un universo de consumidores que quedan indefensos cuando el Estado desaparece, como ocurrió durante el macrismo con aumentos que volaron, en promedio, por encima del 1.000%.

De aquel precio subsidiado a 7,50 dólares el millón de BTU con el que el macrismo inició un esquema de “incentivos” a la producción de gas en Vaca Muerta, y que se trasladó por aplicación directa del libre mercado a la factura del consumidor, a los 3,70 dólares que propone el gobierno de Alberto Fernández, hay una importante distancia. Inclusive sobre los 6 dólares pautados para el final del programa macrista, conocido por el número de la resolución de la cartera de Energía, el 46, aún hoy vigente.

El plan “tené gas si podés pagar” se puso en marcha cuando la cartera de Energía estaba a cargo del ex CEO de Shell, Juan Carlos Aranguren, un zorro colocado en el gallinero que ahora enfrenta un juicio impulsado por el actual interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, el funcionario que se está ocupando de defender los intereses de los usuarios y cuyas presencia molesta al pool petrolero y a sus múltiples representantes.

Como nada es suficiente para satisfacer el número final de las operadoras, que primero tuvieron subsidio estatal para la producción del petróleo a partir de mayo último con un precio sostén de 45 dólares el barril y ahora otro aporte del Estado para el gas, los esfuerzos del lobby ahora? ? están concentrados en obtener definiciones rápidas para descongelar la tarifa a partir del año próximo con el mayor rendimiento posible. 

Esta aspiración se traduce en una cadena con buenos precios subsidiados en la punta productiva y lo más cerca del valor del dólar para los usuarios en el otro extremo. Y es aquí donde el Estado debe aparecer nuevamente para moderar las ambiciones desmedidas. 

Semana a semana, las petroleras abonan argumentos favorables a sus intereses con quejas contra el gobierno por la supuesta lentitud con la que avanza en la aplicación de las medidas,? ? por la “falta de claridad” en la política energética y alimentando internas dentro del gobierno para provocar fracturas, tema sobre el que se mueven sin dificultad porque se dedican a eso, a romper, en su caso la roca para sacar el gas y el petróleo. Y todos los mensajes con los que van construyendo el escenario más favorable para sus intereses los vehiculizan a través de voceros funcionales más que poniendo el cuerpo.

En días recientes, las empresas petroleras encontraron un nuevo hueco por donde entrarle al gobierno para “acelerar definiciones”. Es el reclamo vía judicial de petroleras privadas a la distribuidora Metrogas para cobrar deudas por la venta de gas de los meses del invierno que incorpora un paso adicional para subir la apuesta: la interrupción en el suministro. 

¿Qué aparece al raspar la cáscara de estas acciones que se exhiben como defensa de intereses legítimos? El congelamiento de las tarifas, que es el argumento que utiliza Metrogas para justificar que no puede cumplir con el pago a sus proveedoras. 

El mensaje a punta de pistola es fácil de comprender: si el gobierno abandona rápido el congelamiento que está vigente desde abril del 2019 y lo lleva a un “precio razonable”, razonable para la industria, se solucionaría un conflicto que en el fondo insinúa el inicio una segunda etapa de presión aún mayor que llevaría al desabastecimiento de gas.

Esta práctica extorsiva ya la está aplicando la industria de la alimentación, que empieza a dejar góndolas vacías en los supermercados porque a fin de mes vence a lista vigente de Precios Cuidados, un programa que no les gusta a los grupos concentrados y al que combaten entregando poco y nada de mercadería, en complicidad con las grandes cadenas de ventas.