Luego de despejada la variable del acuerdo de la deuda, el gobierno trabaja en la implementación del llamado Plan Gas 4, que se prevé lanzar en octubre, y que dispone la licitación de la producción de gas para la demanda interna entre 2020 y 2024, con un precio que ronde los 3,5 dólares el millón de BTU, lo que implicaría dejar de importar, planificar las exportaciones y que las empresas salgan del esquema de la resolución macrista número 46, que equivale a un mayor costo para el Estado.

Así lo confirmó a el diputado nacional por el Frente de Todos, Darío Martínez, quien afirmó que “es un plan para reactivar un sector que ya venía castigado producto de años de tener una política energética desacertada, que se agravó con la crisis internacional del precio del crudo y empeoró aún más con un mundo que dejó de consumir de golpe”.

“Es una buena iniciativa para dar previsibilidad al sector sobre cuál va a ser el precio y en función de eso, cuáles son las inversiones que se van a hacer”, explicó Martínez y agregó que se van a tomar en cuenta “todas las cuencas para que no haya conflictos y no haya canibalismo entre las cuencas”.

Martínez aclaró que “la cuenca neuquina va a ser una de las más importantes, porque estamos hablando de casi dos tercios de lo que se pone a licitación”, lo que va a redundar en mayor “movimiento de la economía regional, y el fortalecimiento de las finanzas provinciales por mayor recaudación de regalías e impuestos”.

El Esquema GAS 2020/2024 consiste en la licitación de la compra y el abastecimiento de gas por estos cuatro años, a través de la libre competencia de las empresas productoras, que van a  ofertar volúmenes y precios, hasta completar un bloque estable de 70 millones de m3 diarios en ese período, para cubrir la demanda interna, con un adicional cada año para la temporada invernal.

De acuerdo a un comunicado del diputado nacional, “se podría establecer un precio tope de licitación que podría rondar los 3,40 o 3,50 dólares el millón de BTU”.

Martínez señaló que “a las empresas productoras le estás dando un precio que les da rentabilidad, le estás dando previsibilidad en los próximos cuatro años, con lo cual pueden hacer un plan de inversión a mediano plazo como corresponde, y al Estado le hace ahorrar lo que debería terminar importando, o de seguir con la resolución 46, pagando un precio mucho más alto”.

“Es un beneficio para todos los actores y a medida de que vaya transcurriendo el tiempo, el Estado va a ir achicando el nivel de subsidio, que va a tener que comenzar con este precio por que la diferencia entre lo que le pagás a la empresa y lo que cobrás, lo vas a tener que subsidiar”, indicó.

Para el legislador neuquino, “el objetivo es evitar la importación de gas en invierno provocando el consiguiente ahorro de divisas, y, simultáneamente, garantizar saldos exportables que permitan la generación de recursos genuinos”.

Para garantizar las exportaciones y mejorar el precio, está previsto que la licitación privilegie “con cupos garantizados de exportación” a las empresas que liciten el mayor volumen de gas al menor precio, para cubrir el bloque fijo que abastecerá la demanda interna.

La resolución 46

El proyecto funcionaría en paralelo con la implementación de la resolución 46, dictada por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, que establece que el Estado está obligado cubrir con subsidios el diferencial entre el precio promedio del mercado, que de acuerdo al portal especializado Econojournal ronda los 2,50 dólares por millón de BTU, y el precio que estableció la cartera como incentivo, que es de 6,50 dólares por millón de BTU.

“Es optativo, aquel que decide quedarse con la resolución 46 no ingresa en el esquema de licitación, pero a esta resolución le queda un año y medio de vida”, explicó Martínez. Y consideró que “las empresas van a optar por ingresar acá porque si no tienen que esperar” hasta la próxima licitación, por lo que “es conveniente resignar la resolución 46 y pasar a este esquema nuevo con un precio que les va a permitir tener rentabilidad, los va a incentivar para hacer inversiones y eso va a generar empleos en una industria que viene golpeada hace tiempo”.

El dilema de las tarifas

Consultado por el esquema de tarifas para los consumidores, Martínez destacó que “el Plan Gas 4 lo que permite es que la productora no esté atada a presionar si tenés que aumentar o no, porque no tiene relación lo que va a cobrar con la tarifa”.

“La tarifa no tiene que ni estar atada al dólar ni estar congelada permanentemente, tenemos que ir a un esquema de país donde haya una relación directa entre la tarifa de la energía en su totalidad con el salario, es lo más razonable y prudente”, indicó.

Y resaltó que la opción intermedia implica “ni estar atado al dólar, como estableció Macri en su gestión y luego terminó colapsando cuando cambió de un día para el otro las reglas de juego, ni tampoco estar congelado de manera permanente porque deprime la inversión”.

Esta opción permitiría que, como la tarifa está atada al salario, “a medida que se vaya recomponiendo el salario, el Estado va subsidiando cada vez menos”.