Reglas claras, seguridad jurídica, previsibilidad, estabilidad económica, mayores precios, fueron las palabras más pronunciadas por los voceros de la industria petrolera durante la última década. Con esa mochila de reivindicaciones sectoriales, Juan José Aranguren dejó su exitosa carrera al frente de Shell Argentina para debutar en la arena política de la mano de Mauricio Macri, y luego recalar en el ministerio de Energía de la Nación. En sus casi nueve meses de gestión, el accionista de la multinacional anglo-holandesa ha cosechado un derrotero de fracasos (propios e inducidos), pese a lo cual conserva el respaldo del presidente.

Hoy Aranguren enfrenta varios frentes de conflictos: causas judiciales por la compra de gas a Chile e incompatibilidad en el cargo, el freno de la Justicia a los tarifazos de gas y luz, las internas del gabinete y la caída de la actividad petrolera.

Si bien el fallo salomónico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación significó un duro golpe para los planes del gobierno, también abre la oportunidad de barajar y dar de nuevo tras dilapidar el capital político y cierto consenso social para incrementar las tarifas.

Gas explosivo

La cuestión más acuciante para el gobierno hoy pasa por las audiencias públicas que se realizarán a partir del 16 de septiembre para debatir las tarifas del gas. Aranguren busca blindarse del respaldo de las provincias productoras, sobre todo de Neuquén, que aporta el 50% del gas que se extrae en el país. La cartera energética provincial prepara un informe técnico, mientras que el gobernador Omar Gutiérrez ya adelantó que defenderá el incremento del precio en boca de pozo. Con la llegada de Macri a la Casa Rosada, Neuquén logró una respuesta a su viejo reclamo de una mejora en los valores. Si bien no se alcanzó el anunciado horizonte de los 5,20 dólares el millón de BTU en promedio (se llegó a los 4,50), la suba permitió que por primera vez en la historia los ingresos por regalías gasíferas igualaran a las petroleras.

Si bien aún no está definida cómo será la participación de la provincia en las audiencias, uno de los principales argumentos será que es mucho más ventajoso sustituir importaciones de la mano del desarrollo de los yacimientos neuquinos, lo cual permitirá ahorrar divisas y generar empleo.

También se mostrará que con los mejores precios en boca de pozo, en el primer semestre del año la producción creció 7,5% en la provincia y más del 40 por ciento en el caso del gas no convencional.

Si bien defenderá el valor en boca de pozo, la posición neuquina buscará que su traslado a la tarifa sea viable económicamente, gradual y con “sensibilidad social”. Tres cuestiones que no contemplaron las frías planillas de Excel de Aranguren cuando se aplicó el tarifazo original. Para llevar el promedio del gas a los 5,20 dólares el millón de BTU, se incrementó un 2600 por ciento el valor en boca de pozo para el sector residencial y comercial, más del 600% para el GNC y se duplicó el precio que pagaban las generadoras eléctricas. Tras la reacción popular y lluvia de acciones judiciales, se puso el tope del 400% sobre la factura para los hogares y del 500% para los comercios.

Ahora, el nuevo cuadro tarifario que llevará el gobierno nacional a las audiencias públicas contempla un máximo del  300% de aumento, según trascendidos. La incógnita para Neuquén pasará por saber cuál será el precio en boca de pozo.

Si quiere mantener el esquema original de precios, tras el fallo de la Corte, el gobierno de Macri no sólo no cumplirá con su objetivo de reducir los subsidios energéticos, sino que los multiplicará al no poder trasladar el costo del gas plenamente a la tarifa.

En sintonía con la gradualidad reclamada por la Justicia, ahora se baraja la posibilidad de aplicar subas semestrales durante los próximos cuatro años, que irán de la mano de una reducción de los subsidios hasta su eliminación total en 2019.

Además del tope del 300%, está sobre la mesa de discusión la aplicación de un esquema de factura plana, mediante el cual el costo del gas consumido se prorratee a lo largo de 12 meses para evitar saltos bruscos en los meses de mayor consumo.

La luz y la Corte

Otro frente judicial que preocupa a Aranguren es el inminente fallo de la Corte por el tarifazo de la luz. En los próximos días el máximo tribunal se expedirá sobre la medida de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien determinó la suspensión a nivel nacional de las resoluciones del ministerio de Energía que dispusieron los aumentos del cuadro tarifario, y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar la suba en el precio de la energía hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.

En el caso de la electricidad, la suba del precio de la energía fue sólo del 5% para los hogares y comercios, pero como se quitaron todos los subsidios, los usuarios recibieron fuertes subas en las boletas. El sector industrial fue el más castigado, ya que los usuarios que consumen más de 300 kilowatt (Kw) tuvieron subas de hasta el 600%.

Petróleo depreciado

Por otro lado, el ex presidente de Shell Argentina  afronta una encrucijada por el precio del barril de petróleo.  Días atrás acordó con directivos de YPF, PAE y Shell, una baja gradual de un 2% mensual en agosto, septiembre y octubre. La medida compensaría la negativa de Macri a autorizar una nueva suba de los combustibles, para evitar que se acentúe aún más la desbocada inflación generalizada. 

La movida de Aranguren provocó una rápida reacción del gobernador Gutiérrez  y del líder petrolero Guillermo Pereyra, preocupados por el impacto en las regalías y en la actividad en los yacimientos, que este año tuvo una retracción del 35% por la baja del crudo.

Los neuquinos recibieron el respaldo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien les aseguró que el barril no se tocaría. “Mantener el subsidio en el barrio del petróleo criollo es entender su importancia en la economía regional para los habitantes en Neuquén”, afirmó el funcionario nacional en un tweet que llamativamente borró unos días después. En la práctica, algunas operadoras y refinadoras ya empezaron a negociar contratos con una baja del 2%.

Mientras que Pereyra ayer se reunió con directivos de YPF, preocupado por la posible baja de más equipos. Hoy, en la provincia hay unas 35 plataformas de perforación activas, cuando hace un año había más de 50. Con estos números, a la industria le sobran entre 1.500 y 2000 trabajadores. Y las idas y vueltas con el precio del gas no propician un incremento significativo de la actividad en los yacimientos gasíferos  que compense la baja de la actividad en los campos petroleros.

Para capear tantos frentes de tormenta en el sector energético, se evalúa la posibilidad de impulsar un pacto federal entre Nación, las provincias, los gremios y las empresas para atacar las cuestiones urgentes primero, y establecer una política a largo plazo para el sector, en segundo término.

Por ahora, la gestión de Aranguren no cumplió con los objetivos que su círculo de pertenencia reclamó durante la última década: no hay seguridad jurídica, ni reglas claras, ni previsibilidad, ni estabilidad para las inversiones, y los precios están en veremos.