El Comité de Derechos Humanos de la ONU para el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, manifestó en un documento su preocupación por los efectos del decreto del presidente Mauricio Macri que derogó parcialmente la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El organismo internacional sostuvo que el Estado debe “revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”. Al tiempo que exigió la adopción de medidas para impedir esa concentración.

En cuanto a lo delitos de lesa humanidad, el documento del comité de DDHH de la ONU lamentó “los obstáculos en el avance de las investigaciones y que la Comisión bicameral de identificación de las complicidades económicas no haya sido implementada hasta el momento”.

Exigió que se avance en los juicios a empresarios y personal de empresas que hayan estado involucrados en estos delitos. El texto también muestra la preocupación del comité por la “reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia”.

Miembros del comité escucharon en su momento a representantes del gobierno y de algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia de Género y las Católicas por el Derecho a Decidir.

Entre los puntos destacados del informe, está el funcionamiento de los servicios penitenciarios y el escaso número de condenas a los responsables de torturas o malos tratos. El organismo mostró su preocupación por el hacinamiento y las condiciones de las cárceles y por usar comisarías como lugares permanentes de detención.

El documento cuestionó las detenciones arbitrarias de personas de forma irregular y exigió que el Estado tome “todas las medidas necesarias, incluyendo las legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito”.

Finalmente el Comité de DDHH de la ONU instó al Estado argentino a que intensifique “sus esfuerzos para investigar lo ocurrido en el ataque en 1994 al edificio de la AMIA, con el fin de que los responsables sean llevados ante la justicia”.