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21/03/2017

Estados Unidos

La CIDH criticó al gobierno por criminalizar la protesta en Jujuy

La CIDH criticó al gobierno por criminalizar la protesta en Jujuy  | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

La Comitiva argentina, encabezada Claudio Avruj debió dar explicaciones por la persecución contra Milagro Sala, los obreros azucareros del Ingenio Ledesma y el decreto presidencial que reforma la ley de migraciones.

El gobierno nacional y organismos de derechos humanos chocaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el respeto a los derechos humanos en Jujuy, en una audiencia realizada ayer en Washington que tocó la polémica por la situación de Milagro Sala, aun cuando el caso estaba fuera de agenda.

Rafael Vargas, dirigente de los obreros del Ingenio Ledesma, denunció que el sindicato es reprimido y perseguido judicialmente. “Buscan condicionar el funcionamiento del gremio y disciplinar el accionar del resto de los sindicatos, generando miedo a los trabajadores jujeños”, señaló el trabajador.

En consonancia, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, denunció que se priva de derechos civiles y políticos a quiénes reclaman y destacó que “en Jujuy, la Constitución Nacional no rige”.

El CELS le pidió a la CIDH una medida cautelar para presionar por la liberación de Milagro Sala pero, aún si el organismo multilateral la otorga, el cumplimiento de esa medida depende en última instancia de la Argentina.

En contraste, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, defendieron la actuación del gobierno nacional y provincial.

Avruj señaló que lo que se hizo con la líder de Tupac Amaru"está sujeto a derecho" y anunció que el gobierno enviará un proyecto para reformar el código penal y excluir el delito de sedición ante un hecho que involucre el ejercicio de un derecho humano, como una manifestación. Esa reforma había sido reclamada en 2016 por el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una carta a Mauricio Macri sobre el caso de Milagro Sala.

A su vez, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien denunció a Milagro Sala en enero del año pasado por participar de una protesta contra el gobernador Gerardo Morales,  dijo que el accionar de la líder de Tupac Amaru no fue pacífico.

Subrayó a su vez, que  “la provincia de Jujuy se encuentra comprometida con el ejercicio pleno de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales a los que el Estado argentino adhiere en materia de libertad de expresión, derecho a la protesta y la libertad sindical.”

En tanto, el relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, aclaró que según los tratados internacionales “la protesta es la expresión de un conflicto social y que puede dar lugar a molestias, pero eso no convierte a la protesta social en ilegal.”

En mayo, la CIDH enviará a Jujuy una delegación de veedores para evaluar las condiciones de detención de Sala.

Por otra parte, se desarrolló una segunda audiencia en la que organizaciones de migrantes de nuestro país plantearon sus cuestionamientos a la reforma de la ley Nacional de Migraciones, impuesta por decreto presidencial, que equipara a la migración con el delito y facilita la expulsión de extranjeros.

 Petitorio de las organizaciones a la CIDH sobre la protesta social

 

Fuente: Agencia Farco y Urgente 24

29/07/2016

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