Mientras en Argentina corre riesgo de perder estado parlamentario la llamada “ley de etiquetado frontal” de alimentos, en otros lugares de América Latina se han comprobado beneficios de legislaciones similares a la que se propone para nuestro país. Al mismo tiempo la sanción de las normas y su posterior aplicación chocaron contra intereses que se oponen, atribuidos a las empresas industriales de la alimentación.

Actualmente existen cuatro naciones de la región -Chile, Perú, México y Uruguay- con leyes que se asemejan en el propósito de alertar a la población, en los envases de alimentos y bebidas, sobre la presencia de los denominados “nutrientes críticos” como grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y/o calorías, aunque las especificaciones pueden variar según el país.

El saldo favorable constatado por diversos estudios cuando la implementación logró hacerse efectiva consistió en un menor consumo de los productos que contienen advertencias en sus envases, lo cual determinó a su vez que las empresas reformulen la elaboración de los mismos.

Pero una muestra de la complejidad para poner en práctica normas de ese tipo es el ejemplo chileno, donde la ley se sancionó en 2012, recién entró en vigencia en 2016, y la aplicación gradual solo pudo completarse hacia 2019.

También una ley peruana de 2013 tuvo también largas demoras. Llevaba cuatro años sin trasladarse a los hechos cuando estalló el “escándalo de la leche” que alertó a la población y apuró su implementación en 2017: ocurrió al quedar en evidencia que había empresas que promocionaban una llamada “leche evaporada”, que en realidad eran mezclas solo parcialmente a base de leche, y además soja y otros ingredientes.

La legislación mexicana al respecto se está aplicando por etapas desde hace un año con expectativa de modificar “décadas de mala alimentación” según las autoridades, mientras que la ley uruguaya de 2018 fue modificada en febrero pasado por un decreto reglamentario que terminó acomodando la normativa a los criterios de las empresas industriales.

En Argentina la oposición no dio quórum en la Cámara de Diputados, en una sesión convocada el 5 del corriente mes, para tratar el proyecto de ley que formalmente se denomina “Promoción de Alimentación Saludable” y que ya tiene aprobación del Senado. Si no se sanciona dentro de este año, perderá estado parlamentario.

La propuesta establece que el sistema de advertencia nutricional en los envases será a través de octógonos de color negro, con borde y letras de color blanco en mayúsculas, con las leyendas “Exceso en azúcar”, “Exceso en sodio” o “Exceso en grasas saturadas”, etcétera.

Chile primero, luego Perú

Chile fue pionero en legislar sobre los “sellos” que advierten sobre la presencia excesiva de azúcares, calorías, grasas saturadas o sodio en alimentos. Pero como antes se indicó, la ley sancionada en 2012 empezó a aplicarse cuatro años después y completó su implementación en 2019.

“Hubo muchísimas trabas”, afirmó Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación y Prevención de Obesidad (Ciapec) en el Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. Explicó que “la industria tiene una postura muy negativa frente a este tipo de políticas, hay muchas amenazas, y por eso resulta importante mostrar que cuando se implementa, no hay una catástrofe, no cae la economía ni los empleos”.

Agrego que cuando finalmente se pudo avanzar, “la regulación se implementó bien, la gran mayoría de las industrias cumplieron y las personas comprendieron lo que significa el ‘sello’ (con las advertencias). Entienden que un producto que tiene más sellos es menos saludable, y les parece bien que el gobierno informe a los consumidores qué es lo que están comprando”.

La especialista chilena dijo que se observa “una disminución en la compra de alimentos en algunas categorías en particular, como bebidas, jugos, lácteos, galletas y aderezos”, y destacó que la población “está comprando más saludablemente”.

“Desde el lado de las industrias hubo un intento de reformulación: disminuyeron las cantidades de azúcares y sodio en los alimentos envasados. La industria es capaz de adecuarse y generar nuevos productos. Vemos un resultado positivo en diferentes aspectos”, evaluó Corvalán.

Perú fue el segundo país de América Latina en contar con una legislación de ese tipo, en 2013. No obstante, de forma muy parecida el caso chileno, recién se reglamentó en 2017 y fue tras el “escándalo de la leche”, y los octógonos negros llegaron a las góndolas en 2019.

Lorena Saavedra García, investigadora del Centro de Excelente en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dijo que desde entonces “se redujo el consumo de algunas categorías que antes se consideraban saludables, como yogures o cereales, muy orientados al consumo para niños”.

Incluso, pese a que no todos esos productos exhibieron los octógonos en sus envases”, la discusión pública sobre el tema alimenticio tuvo “un efecto indirecto y, por ejemplo, se puso en debate que los yogures tienen alta cantidad de azúcares”, dijo Saavedra García, quien fue una de las que expresó su postura en una evaluación sobre legislaciones de etiquetado en países vecinos de la región.

Críticas en Uruguay, aplicación paulatina en México

Uruguay fue el tercer país latinoamericano que, en 2018, aprobó una norma de rotulado frontal con advertencias sobre el contenido de productos alimenticios. Allí se establecía un periodo de 18 meses para que las industrias se adaptaran, con lo cual la entrada en vigor quedó para comienzos de 2020. Pero tras asumir el presidente Luis Lacalle Pou, en enero de este año se dictó un decreto reglamentario que postergó el plazo y modificó los criterios de la ley.

Para la Alianza de la Sociedad Civil para el control de Enfermedades No Transmisibles, los principales productos beneficiados con la “flexibilización” de la ley son aquellos “con excesos de azúcares y grasas, en particular los lácteos y postres, que muchas veces son publicitados como saludables y con los cuales la industria realiza una estrategia de marketing agresiva, dirigida a niños y niñas”, dijo la institución uruguaya.

En tanto, una organización argentina con sede en Córdoba, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), sostuvo que Uruguay es el ejemplo “para no repetir”. Aseguró que “la dilatación de los tiempos, el patrocinio es especialistas para la difusión de investigaciones sesgadas, así como la negación y la propuesta de alternativas sin basamento científico, forman parte de tácticas conocidas que buscan proteger solamente intereses económicos”.

En México la ley de etiquetado de alimentos empezó a regir en octubre de 2020, hace justo un año, pero de forma paulatina. Había sido aprobada poco antes, en noviembre de 2019.

En junio de este año comenzó la segunda fase de implementación, que entre otras disposiciones restringe el uso de personajes infantiles y otros elementos persuasivos (como regalos, promociones, descargas de juegos en línea y aplicaciones, entre otros) dirigidos a niños y niñas, en los empaques de productos que contengan sellos y/o inscripciones de advertencia.