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Nada ha cambiado, sólo los nombres. Excusándose en un mandato de emergencia emitido en marzo de 2020 por su antecesor, el ultraconservador Donald Trump, y a contrapelo de sus promesas electorales, el presidente demócrata Joe Biden ordenó la deportación expedita de miles de haitianos que buscaban asilo en su país.
Estas medidas, dicen, es parte de una estrategia de contención de la pandemia, la que ha sido criticada por la Organización Mundial de la Salud por ineficaz y que refuerza la idea xenófoba y errónea de que es posible librarse de los contagios cerrando las fronteras nacionales. Y es una demostración más de la xenofobia y del racismo de las autoridades estadounidenses, sean demócratas o republicanas.
Las imágenes muestran como los policías-vaqueros de Texas enlazan a los negros inmigrantes haitianos para detenerlos y mandarlos de regreso a Haití, de donde la miseria, el hambre y la desocupación los habían expulsado. Los tratan igual que como trató la policía de Nueva York lo hizo con George Lloyd.
Trump autorizó la expulsión inmediata de migrantes sin darles la posibilidad de solicitar refugio en territorio estadounidense, y es lo que su sucesor hace ahora, con la deportación de los primeros 450 haitianos que permanecía en la localidad de Del Río (del lado estadounidense de la frontera común) en vuelos desde Laredo y San Antonio hacia Puerto Príncipe.
Biden endureció la política migratoria en todos los frentes. Negó las audiencias a los peticionarios de asilo y aumentó las restricciones adicionales de ingreso a Estados Unidos, con el pretexto de combatir la pandemia causada por el coronavirus.
Y la cosa no quedó allí. Este gobierno estadounidense, más trumpista que el propio Trump, anunció que pedirá a todos los extranjeros que pretendan visitar el país que cuenten con un esquema de vacunación completa y presenten una prueba negativa de Covid-19 realizada en los tres días anteriores al vuelo. También mantendrá al menos por un mes más la prohibición de Trump de viajes no esenciales desde México y Canadá.
El diario mexicano La Jornada señala que por si no fuera suficiente con las restricciones migratorias y sanitarias, el Departamento de Estado aplica además vetos en razón de sus fobias políticas y en clara injerencia en los asuntos internos de otros países, considerados aun por esta administración demócrata, como el “patio trasero”.
Cinco jueces del máximo tribunal de El Salvador y dos altos funcionarios de Guatemala fueron incluidos por el gobierno estadounidense en una lista negra de aquellos a quienes se niega la visa porque, a su juicio, atacan las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica, en alusión a la forma en que los jueces salvadoreños fueron designados tras la remoción de los anteriores integrantes de la Corte Suprema y a los actos de corrupción atribuidos a los dos guatemaltecos.
Es más grave, porque al prohibirle a una persona su ingreso a territorio estadounidense, el Departamento de Estado ejerce además un veto de facto para la participación del afectado en foros como el de las Naciones Unidas, cuyo edificio central se encuentra en Nueva York o el de la Organización de Estados Americanos en Washington. Por suerte la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunió en México.
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