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Un año y medio después de que Luis Lacalle Pou asumiera como presidente de Uruguay, el país vive un clima de protestas que se expresó con una nueva huelga nacional y una multitudinaria movilización esta semana, y que en el año próximo podría potenciarse con un referendo contra la ley que sentó las bases jurídicas para la aplicación de políticas neoliberales.
El mandatario de centroderecha se hizo cargo del poder el 1 de marzo de 2020 y en julio, en un trámite exprés en el Parlamento, obtuvo mayoría para sancionar una norma llamada “Ley de Urgente Consideración” (LUC) que legisla desde derechos civiles, laborales y educativos hasta el mercado de combustibles, y contra la cual se reunieron 797.000 firmas para que se realice una consulta popular con vistas a derogar una parte de su contenido.
La creciente disconformidad con el rumbo del gobierno se puso en evidencia el pasado miércoles (15/09) al realizarse el tercer paro general bajo la gestión de Lacalle Pou que fue reforzado con una masiva marcha en Montevideo, en medio de un aumento del desempleo y una caída del poder adquisitivo de la población. Las medidas fueron convocadas por la central sindical unificada PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores).
Una particularidad de la protesta fue el despliegue de cientos de trabajadores rurales y colonos que llegaron a caballo al centro de la capital uruguaya. La razón principal de la presencia de los jinetes fue la reivindicación del Instituto Nacional de Colonización, un organismo de fomento para la producción agraria cuya función está siendo afectada por decisiones gubernamentales. Asimismo, por similares motivos, se hizo una enfática defensa de la Administración Nacional de Puertos,
El secretario general del PIT-CNT, Marcel Abdala, al hablar ante una multitud que marchó durante la jornada de huelga, dijo que “aquí está el pueblo en su forma más vasta y amplia”, y aseguró que “nos manifestamos contra el hambre que genera a diario este sistema económico y social”. También fueron oradores representantes del Sindicato de Peones Rurales y Colonos, y del Sindicato Único Portuario.
Ley cuestionada y recolección de firmas
Las decisiones del gobierno de Lacalle Pou se sustentan, básicamente, en la mencionada Ley de Urgente Consideración (LUC). Por ejemplo, dispone cambios favorables a las empresas privadas en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, restringe el derecho de huelga y declara “ilegítimos” los piquetes con la consecuente facultad de disolverlos mediante la fuerza.
Además, modifica el Código Penal para ampliar las penas contra menores en edad imputable y limita el régimen de semilibertad para adolescentes en conflicto con las normas penales, y otorga potestad a policías y militares para controlar a personas y vehículos en operativos “preventivos rutinarios”.
La oposición política y social a cláusulas de la LUC derivó en una práctica de participación democrática que ha sido frecuente en la historia contemporánea del país, a partir de normas constitucionales que obligan al gobierno a convocar a un referendo cuando así sea solicitado con la firma de al menos el 25 por ciento del padrón electoral, esto es unas 672.000 ciudadanos.
En ese sentido, desde mediados del año pasado se formó una “Comisión Pro-Referendo” integrada por organizaciones populares de diverso tipo, incluidas sindicales, feministas y ambientalistas, que se avocaron a conseguir el número de firmas requerido.
El trabajo alcanzó sus resultados con el correr de los meses y a principios de julio pasado se anunció que 797.000 personas -unas 125.000 por encima del mínimo- habían rubricado el pedido para llamar a una consulta popular. El propósito es derogar 135 artículos del total de 475 que tiene la cuestionada ley.
Las firmas, en papel, fueron entregadas a la Corte Electoral, que debe analizar su autenticidad y comprobar su validez. Desde la Comisión dan por hecho que, aún con errores y eventuales tachas, el número está consolidado.
Los procedimientos legales y políticos pueden demorarse varios meses, y la eventual realización de la consulta ciudadana probablemente sería dentro del año que viene. Lacalle Pou ha declarado que “cuando la Corte verifique si se llegó” a la cifra exigida, su gobierno hará los “análisis políticos” para evaluar los pasos a seguir.
Hasta el momento, la sola presentación de las firmas y la posibilidad del referendo han provocado una polémica entre dirigentes opositores y el gobierno respecto del precio de los combustibles, cuya regulación fue modificada por la LUC y el nuevo sistema disparó aumentos que generan rechazo en amplios sectores.
En 1992, contra las privatizaciones
El rol de intervención y participación del Estado en la actividad económica se ha mantenido en Uruguay aun durante los gobiernos conservadores que sucedieron a la dictadura 1973-1985: los de Julio Sanguinetti en dos ocasiones (1985-1990 y 1995/2000), Luis Lacalle Herrera (el padre del actual mandatario, quien fue presidente en el periodo 1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005). Posteriormente gobernaría el Frente Amplio, en dos ocasiones con la presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José “Pepe” Mujica (2010-2015).
El gran freno al avance de grandes conglomerados empresarios sobre el Estado fue precisamente un referendo que rechazó la privatización de empresas públicas en 1992. En pleno auge neoliberal en el continente y a nivel mundial, una mayoría de ciudadanos uruguayos impidieron, en esa consulta popular, la entrega de compañías estatales al sector privado.
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