Instalada hace dos meses, la Convención Constitucional de Chile ha logrado avanzar en decisiones sobre su conducción política y puesta en funcionamiento, aunque en medio de obstáculos de los partidos de derecha y el ataque de los principales medios de comunicación, como puntas de lanza de los sectores que se oponen a modificar la Constitución impuesta hace 40 años por la dictadura de Augusto Pinochet.

Además, la institución constituyente recibió días atrás un golpe a su prestigio al revelarse que Rodrigo Rojas Vade, integrante del cuerpo surgido como referente popular durante las protestas que estallaron a fines de 2019, debió admitir que no tiene cáncer, como dijo en aquellos momentos. El militante fue un símbolo para denunciar los altos costos de los servicios médicos y la privatización de la salud, y ahora reconoció que mintió sobre su enfermedad, aunque padece otra “que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad”.

El órgano que debe elaborar una nueva Carga Magna tiene un plazo de doce meses, hasta junio de año próximo inclusive, para completar su tarea. Sus deliberaciones comenzaron el 4 de julio y desde entonces ha elegido a su mesa de conducción y consiguió acordar, como resultado de negociaciones muy complicadas, aspectos logísticos, organizativos, presupuestarios y administrativos. Todavía no aprobó su Reglamento interno y se prevé que lo hará en el transcurso de este mes.

Paralelamente, el país está en plena actividad preelectoral con motivo de los comicios presidenciales que se realizarán el 21 de noviembre próximo y que, en el caso altamente probable de que sea necesaria una segunda vuelta, la misma tendrá lugar el 19 de noviembre. Para ese momento los constituyentes habrán atravesado ya, prácticamente, la mitad del tiempo asignado para cumplir su función.

La existencia misma y la conformación de la Convención Constitucional -tal su nombre oficial- expresa una etapa histórica de democratización del poder empujado por las bases sociales, desde la rebelión social que comenzó el 18 de octubre de 2019 contra el modelo neoliberal vigente hace cuatro décadas. Símbolo de los avances populares fue la designación como presidenta del cuerpo de Elisa Loncon, representante del pueblo mapuche.

El órgano está compuesto por 155 constituyentes y ningún bloque tiene mayoría propia, pero una parte importante pertenece a partidos de izquierda o a grupos independientes surgidos de las movilizaciones populares, mientras que 17 integrantes provienen de los pueblos originarios.

También hay fuerte presencia del centro-centroizquierda (Democracia Cristiana, Partido Socialista y otros aliados), en tanto que la derecha oficialista ligada al gobierno de Sebastián Piñera (bloque “Vamos por Chile) tiene 37 miembros, lejos de los dos tercios necesarios para vetar e impedir decisiones de la mayoría.

Sin respaldo del gobierno

Para que la Convención empezara a trabajar “no tuvimos suficiente respaldo del gobierno, centrado en mantener el estatus quo de la antigua Constitución”, dijo Elisa Loncon al explicar los obstáculos que debieron superar de entrada. Agregó que “necesitábamos el espacio, las condiciones mínimas como conexiones a Internet y el funcionamiento técnico para dar la palabra y votar”.

Indicó que en el primer mes “también implementamos un protocolo Covid y ampliamos la Mesa (de conducción) de dos a nueve miembros para integrar a los distintos sectores: desde los más tradicionales, es decir izquierda, derecha y centro, (y) a los independientes, disidencias y pueblos originarios. Eso implicó un importante trabajo para ponernos de acuerdo”.

La titular del cuerpo constituyente informó que “se instaló asimismo el órgano que da seguimiento al uso de las asignaciones (sueldos y remuneraciones) y los recursos con que cuenta” el órgano. Añadió que “en el segundo mes trabajamos en el desarrollo de ocho comisiones transitorias que entregaron insumos para elaborar el Reglamento” interno que “vamos a votar durante septiembre”.

“Amenaza comunicacional”

Consultada sobre la “campaña mediática” contra la Convención, Loncon confirmó que “hay una amenaza comunicacional, de instalar una realidad que no es, basada en calumnias y en difundir mentiras que se instalan en la comunidad. Una de las primeras cosas que se dijo es que somos flojos, que no trabajamos. Después se dijo que ejercemos el autoritarismo, que hacemos mal uso de los recursos y que subiríamos los sueldos. Eso viene del sector que no está de acuerdo con que se cambie la Constitución y es peligroso porque se instalan mentiras y posiciones no éticas que pretenden que la gente nos menosprecie”.

Denunció asimismo “las opiniones racistas” que “denuestan la condición indígena” de una parte de los constituyentes, “con la intención de deslegitimar a la autoridad” del cuerpo que debe elaborar la nueva Carta Magna, y por eso “se molestan cuando nos expresamos en nuestras lenguas indígenas porque piensan que los derechos lingüísticos son privilegios y no derechos”.

A pesar de las contrariedades, la representante popular expresó que “el proceso constituyente aportó cambios con los cuales Chile ya no volverá a ser como antes. Por ejemplo, la paridad de género (que se logró para el órgano constitucional) se tiene que asumir ya en un próximo gobierno, y también los escaños reservados para las naciones originarias”.

“Los cambios administrativos y jurídicos serán posteriores al nuevo texto constitucional. Sin embargo, la sociedad chilena ya no es la misma que antes del estallido social de 2019 y los gobiernos van a tener que responder a esas demandas”, declaró la presidenta de la Convención. 

“La enfermedad que yo tengo no es cáncer”

El fin de semana pasado la opinión pública chilena fue sacudida por un hecho que afecta al prestigio y legitimidad de la Constituyente, e incluso de los referentes políticos combativos que emergieron durante la rebelión popular.

Ocurrió que uno de los convencionales surgidos de ese proceso de movilizaciones, Rodrigo Rojas Vade -conocido como “el Pelao”-, debió admitir que no padece cáncer. Durante las protestas se había mostrado como un paciente de esa enfermedad, y de esa forma denunciaba la desprotección del sistema médico hacia las personas que sufren problemas de salud.

“Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto”, dijo Rojas Vade el sábado 4 por sus redes sociales, luego de que una información periodística dejara al descubierto la falsedad. Agregó que “la enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad”.

“Cometí un error, un terrible error, no fue honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Mentí sobre mi diagnóstico”, afirmó el constituyente, que además era vicepresidente de la Convención y tuvo que renunciar al cargo. Había sido elegido por la “Lista del Pueblo”, una agrupación conformada por independientes de izquierda que lograron conocimiento público por su lucha durante el estallido social.

El militante, de 37 años, fue uno de los rostros más visibles de las movilizaciones iniciadas hace casi dos años. En ese tiempo dijo que padecía una leucemia linfoblástica mixta y se convirtió en un símbolo para denunciar la carestía de los servicios de salud. Por ejemplo, fue fotografiado con un cartel donde se leía: “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud Digna para Chile”.

A raíz de aquella supuesta enfermedad causó impacto en la opinión pública, al aparecer en los medios y redes con su cabeza rapada y sin cejas, muy delgado e incluso con catéter al descubierto en sus muñecas y pecho. En ese entonces declaró que hacía una pausa en sus tratamientos, entre ellos una quimioterapia, para participar del momento histórico del país.

Hace una semana, luego de que el diario La Tercera publicara que su patología no era verdadera, fue entrevistado por ese medio. Y consultado acerca de si le mintió a la ciudadanía, respondió “Sí, poh” (“Sí, pues”), para luego indicar: “Siento que me tengo que retirar, no tengo más nada que hacer en la Convención”. Poco después el cuerpo constituyente aceptó su renuncia.

“El Pelao” había sido uno de los fundadores de la Lista del Pueblo. Esa agrupación, además, sufrió en el último mes la partida de figuras emblemáticas que le dieron popularidad, al menos 17 convencionales renunciaron.

La crisis de ese espacio de independientes de izquierda se desató tras la fallida candidatura presidencial del militante indígena Diego Ancalao, cuya postulación fue anulada por presunta falsificación de más del 60% de las firmas que lo avalaron. Autoridades electorales comprobaron que el escribano que validó los avales había fallecido en febrero pasado.