El jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realizó una fuerte apuesta al respaldo ciudadano para poder investigar a ex presidentes de ese país por diversos delitos -corrupción, la llamada “guerra contra el narco” y fraude electoral, entre otros- pero el intento quedó en duda por el bajo porcentaje de votantes que tuvo la consulta popular realizada el pasado domingo. Sin embargo, el actual mandatario dijo que “esto no descarta la posibilidad de que haya juicios”.

Participaron de la votación poco más del 7% de las personas habilitadas en el padrón, quienes por una mayoría cercana a la unanimidad -el 97,72%- se pronunciaron por el “Sí”, o sea a favor de que se lleven a cabo procesos penales contra quienes gobernaron en las últimas tres décadas. El “No” recogió el 1,54%. Según información oficial, concurrieron a sufragar 6 millones 511 mil ciudadanos.

Las normas exigían que votara al menos el 40% para que el resultado fuera “vinculante”, es decir de cumplimiento obligatorio en cuanto a poner en marcha los mecanismos legales para investigar a los exmandatarios. En cambio, de esta manera los procesos podrían quedar en la nada o eventualmente realizarse, pero ello depende de factores imprevisibles.

La “consulta popular” o referendo es una instancia de participación ciudadana prevista en la Constitución de México pero nunca se había utilizado, y el mandatario en funciones decidió impulsar su realización por primera vez. Sin embargo, hubo fuertes objeciones al Instituto Nacional Electoral (INE) por la forma de organizar la votación, y también a la Corte Suprema por modificar la pregunta específica que se planteó a la ciudadanía. Muchas voces críticas creen que en ese tipo de decisiones está una de la causas de la baja concurrencia a las urnas.

Para AMLO, de todos modos, “fue realmente muy importante y ejemplar lo que se vivió” el domingo. Consideró que a pesar de la escasa participación de votantes, “esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos”. Agregó “lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto”

Pero además López Obrador criticó abiertamente al INE como organizador de la consulta y rechazó el argumento esgrimido por ese instituto electoral de que faltaba presupuesto. “No es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad (…). Ellos (los miembros del INE) no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia”, dijo López Obrador sin dar vueltas.

Pregunta a los votantes

Los expresidentes contra los cuales apuntaba el referendo son los que implantaron y sostuvieron desde los años ‘90 en adelante el modelo neoliberal en México. Se trata de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). La manera de consultar que se planteó en el referendo respecto de poder investigarlos fue sumamente intrincada y sin especificidad.

Por decisión de la Corte Suprema, la pregunta que debían responder los votantes fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

AMLO había planteado originalmente una interrogación que vinculaba directamente a los expresidentes con un proceso de enjuiciamiento: mencionaba el nombre de los cinco y preguntaba si se estaba o no de acuerdo en que las autoridades investigaran y, en su caso, sancionaran la presunta comisión de delitos durante sus respectivas gestiones. Pero la Corte declaró “inconstitucional” a la propuesta y se le hicieron modificaciones sustanciales.

Ya desde antes de acceder al poder, López Obrador había lanzado la iniciativa de convocar a la población para que se pronunciara acerca de los anteriores gobernantes mexicanos. Y además, en junio de este año reiteró sus acusaciones en contra de sus predecesores.

A Salinas de Gortari lo sindicó por beneficiar a sus allegados en grandes contratos con el Estado sin hacer licitaciones públicas. A Zedillo, por convertir deudas privadas en deuda pública. A Fox lo señaló porque “cargó los dados” en la elección de 2006 -en la cual AMLO quedó en segundo lugar y denunció fraude-, y afirmó que lo ocurrido esa vez fue “un atentado a la democracia”.

Asimismo, acusó a Calderón por la llamada “guerra contra el narco” que según el actual mandatario “convirtió al país en un cementerio”, y sostuvo que Peña Nieto debía ser juzgado por “actos evidentes” de corrupción como la “red de sobornos” señalado por el ex director de la empresa petrolera estatal Emilio Lozoya.

Tras el referendo del domingo, AMLO dijo que había sido “la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en el país, es algo trascendente, es el inicio formal, legal, de un proceso ciudadano en el marco de la democracia participativa”. En ese sentido, se anticipa que en marzo de 2022 habrá otra consulta relacionada con la revocación del mandato del actual presidente.

Instituto Electoral y gastos

Las críticas al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las reglas aplicadas en la reciente ocasión se ejemplifican en un artículo de Carlos Fernández Vega en el diario Jornada. El analista político mexicano afirma en ese texto que “la presunta autoridad electoral jugó muy sucio, siempre a favor de la mafia encabezada por los cinco últimos inquilinos de Los Pinos (nombre de la residencia presidencial)”.

Añade que “la ley de Consulta Popular es una camisa de fuerza que desalienta la democracia participativa, pues establece que ‘el resultado de cada uno de estos ejercicios tendrá carácter vinculante solo si se alcanza el 40 por ciento de participación del listado nominal’. En cambio, para una elección ‘normal’, en la democracia representativa, un voto de diferencia resulta más que suficiente para declarar ganador a uno u otro candidato ‘popular’”.

Sostiene que “si a lo anterior se suman las sucias maniobras de las cabezas visibles del INE, entonces la democracia participativa nunca trascenderá el discurso, y menos si la mafia instalada permanece ahí”.

Según el artículo, también “corrió mucha tinta y se escucharon histéricos gritos para reclamar contra el ‘derroche’ que significaba gastar alrededor de 500 millones de pesos (mexicanos) de recursos públicos para realizar la consulta popular”.

El autor replica que “si ese es el problema, (…) los gritones oficiales y oficiosos tendrían que considerar que solo tres oficinas” del Instituto Electoral, que son la presidencia del consejo, los consejeros electorales y la secretaría ejecutiva, tienen un presupuesto total “de 522 millones de pesos”.

Y “si se incluyen todas las áreas del INE y las empresas privadas disfrazadas de partidos políticos que gozan de prerrogativas, entonces el reclamo de los gritones tendría que ser más estruendoso porque solo en 2021 gastarán cerca de 27 mil millones de pesos, todos provenientes de los impuestos que pagan los mexicanos. Pero los vocingleros creen que el problema es gastar 500 millones en una consulta popular”, cierra en tono irónico el artículo de Fernández Vega.