Las formas y motivaciones de la violencia se ha transformado en los últimos años en Colombia, y hoy no tienen el mismo trasfondo que antes de los acuerdos de paz firmados hace cinco años entre el gobierno de entonces y la principal organización guerrillera. Actualmente se producen con frecuencia casi cotidiana “masacres” en las cuales son asesinadas entre 3 y 6 personas en cada ocasión, y en lo que va del año fueron 221 las víctimas mortales en 60 hechos criminales.

La organización no gubernamental Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), ha realizado a lo largo del tiempo informes sobre la fecha de los casos, la cantidad de personas asesinadas, y el departamento (provincia) y municipio donde se produjeron. La “masacre número 60” fue perpetrada el pasado miércoles 28 de julio en Bogotá, y otras similares ocurren varias veces cada semana en distintos puntos del territorio colombiano.

Muchas de las víctimas -aunque no todas- han sido líderes sociales o ex combatientes desmovilizados que abandonaron las armas tras los acuerdos de paz firmados en 2016. Aquellos compromisos fueron el resultado de tres años de negociaciones en Cuba entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

La agencia de noticias Nodal publica habitualmente información sobre las masacres. Ese medio consignó que según Indepaz, en distintos casos se ha recogido material de propaganda que alude a organizaciones como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), Águilas Negras, AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), GAOR (Grupos Armados Organizaciones Residuales), Frente 10, Los Orientales, Los Paisas y Los Obispos.

Algunos de los grupos mencionados tienen antecedentes o apariencia de desplegar una lucha política, pero distintos organismos y especialistas coinciden en que la escalada de las matanzas en los últimos años está motivada por el control de las rutas del narcotráfico. El gobierno del derechista presidente Iván Duque no admite la denominación de “masacres” sino que los llamas “homicidios colectivos”.

Ladivisión político-administrativa del país determina que los departamentos son 32 (y 33 si se le suma la capital nacional). Al menos en 17 de ellos han ocurrido matanzas de este tipo durante el corriente año: Cauca,Antioquia (cuya capital es Medellín), La Guajira, Nariño, Cáceres, Norte de Santander, Caquetá, Atlántico, Valle del Cauca (que incluye a la ciudad de Cali), Huila, Quindío, Chocó, Magdalena, Cesar, Tolima, Meta y Arauca.

Agravamiento en pandemia

Los hechos se producen con una frecuencia cada vez mayor. El agravamiento se hizo evidente al promediar 2020, tras los primeros meses de la pandemia. La Defensoría del Pueblo de Colombia afirmó en su momento que “la ocurrencia de masacres en el país manifiesta el altísimo grado de crudeza con que los actores armados ilegales se disputan los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia”, y sostuvo que “las autoridades deben abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal”.

En tanto, el político Antonio Navarro Wolff, quien en su juventud integró el grupo armado “M-19” pero desde mediados de los años ‘80 desarrolló actividad legal e institucional y ocupó altos cargos -entre ellos gobernador de Nariño y senador nacional-, trazó una relación entre el desarme de la guerrilla en 2016 y la violencia registrada hacia fines de esa década y el comienzo de la actual.

El dirigente dijo que “cuando las FARC se desmovilizan dejan un vacío con un atractivo, que es la economía ilegal y la pelea por controlar esos territorios por parte de grupos nuevos. Esto es, sin duda, lo que está generando violencia en algunas regiones del país”

En esa línea, atribuyó el incremento de los crímenes a que durante las negociaciones de paz entre el Estado y la guerrilla se descuidó el tema de los cultivos ilícitos. “Empezó la negociación con 45.000 hectáreas (en 2013) de cultivos ilícitos sembrados y terminó con cerca de 200.000. Estos cultivos son dinero ilegal, y hay un descontrol del territorio por parte del Estado”, sostuvo Navarro Wolff.

Entre distintos análisis y opiniones recogidas por la agencia de noticias EFE cuando hace un año aumentaron las masacres en Colombia, la organización Human Rights Watch -con sede en Estados Unidos- dijo que “grupos armados ilegales han impuesto un régimen de terror aprovechando la crisis del coronavirus, para cometer todo tipo de abusos contra la población civil”.

El presidente de la entidad, José Miguel Vivanco, mencionó entre esos grupos a las paramilitares Audodefensas Gaitanistas de Colombia, y a sectores que pertenecieron a las FARC pero fueron contrarios a la firma de los acuerdos de paz y hoy actúan como “disidentes” de la antigua guerrilla.

También analizó el tema el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, quien manifestó que “en medio de la pandemia se ha visto en varios departamentos que los grupos ilegales están controlando a la población”, tomando un lugar “que debería ocupar el Estado”.