El ex rey Juan Carlos I de España -”rey emérito”, según la denominación oficial de su categoría institucional-, vive su ancianidad acosado por investigaciones judiciales que deterioran su imagen pública e incomodan a la monarquía en su conjunto. A los 82 años, está siendo investigado por 100 millones de dólares que recibió en una cuenta en Suiza en 2008 y que podrían haber sido el pago de lo que en Argentina se denomina “coima”.

Aludido públicamente como “querido rey” por el ex presidente argentino Mauricio Macri en los actos oficiales por la celebración del Bicentenario de la Independencia nacional en 2016, el ex jefe del Estado español fue siempre señalado por los principales medios de comunicación de Argentina como un ejemplo. 

Actualmente, el Tribunal Supremo de su país lo investiga por una causa judicial iniciada en 2018, cuando en unas grabaciones atribuidas a su ex amante Corinna Larsen, una multimillonaria con empresas en Alemania, ella afirmaba que el rey emérito habría cobrado una comisión por la concesión del contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita. 

Los avances judiciales primero cobraron impulso en Suiza, donde los tribunales indagan si los 100 millones de dólares que el ex monarca español recibió en 2008 de parte del fallecido rey saudita Abdallah, fue una comisión ilegal -“coima”- por adjudicar a empresas de España una gigantesca obra de modernización ferroviaria que conecta con la ciudad saudita de La Meca, sagrada para los musulmanes. 

De esa cantidad, Juan Carlos entregó 65 millones a Corinna Larsen "por gratitud". Ella nació en Dinamarca y estuvo casada con un aristócrata alemán. Públicamente se la menciona en general como “amiga personal” del español, pero en los ambientes del poder se sabe que fueron amantes. 

Estando el rey en funciones, se calcula que retiró en efectivo entre 100.000 y 200.000 euros por mes de esa cuenta suiza, desde 2008 a 2012, para cubrir "gastos personales" no blanqueados. Ninguno de estos reintegros en efectivo fue declarado al fisco de España y el dinero era utilizado por los miembros de la Casa Real para pagar regalos, viajes y consumiciones del monarca. 

En 2012, tras un accidente en Botswana (Africa) del entonces rey en ejercicio, en un viaje que había realizado junto a Corinna, el banco suizo Mirabaud trasladó al español su incomodidad por la existencia de esa cuenta. Entonces él la cerró y el dinero que quedaba, estimado en 60 millones de euros, se los transfirió a Larsen. 

En el montaje fotográfico, Corinna Larsen al lado del ex rey de España.

Medios argentinos y Macri

En Argentina, los canales televisivos, portales de noticias, diarios y radios más influyentes evitan que la corrupción en el corazón de la monarquía española ocupe los primeros planos de la agenda mediática. Durante décadas presentaron al ahora sospechado de coimero como un ejemplo a seguir.

Además, en un hecho particularmente recordado en nuestro país, el ex presidente Mauricio Macri lo llamó “querido rey” justo en los actos oficiales de 2016 por el Bicentenario de la Independencia nacional, donde además dijo que quienes forjaron el proceso independentista sufrían “angustia” por liberarse de la metrópoli colonial de entonces.

En la ceremonia central realizada en la Casa Histórica de la ciudad de Tucumán, al imaginar lo que “deberían sentir” quienes lucharon 200 años antes, y a metros de Juan Carlos I que estaba allí como invitado especial, Macri supuso que los patriotas de 1816 “deberían sentir angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España”. 

Su hijo, el rey actual

Juan Carlos I ocupó el reinado durante 38 años, desde la muerte del dictador Francisco Franco -este lo designó como su sucesor al frente del Estado- en 1975, hasta su abdicación en 2014 en favor de su hijo Felipe, hoy llamado formalmente “rey Felipe VI”. 

En un intento marcar distancias de su padre y predecesor, el monarca en funciones anunció en marzo pasado que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró la asignación anual de 200.000 euros que el Estado le paga a Juan Carlos. 

Estas medidas se consideraron un cortafuegos necesario para evitar el contagio a toda la institución monárquica, que ya arrastraba desde hace años otro caso sonado de corrupción del cuñado de Felipe VI, casado con una hermana suya a hija de Juan Carlos. Se trata de Iñaki Urdangarín, condenado a seis años de cárcel. 

Jefe de Estado, no de gobierno

En España, de forma similar a los sistemas políticos de gran parte de Europa y a diferencia de América Latina y Estados Unidos, el rey es el “jefe del Estado”, mientras que el “presidente del gobierno” dirige la gestión diaria de los asuntos públicos. El actual presidente del gobierno es Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de tendencia socialdemócrata moderada.

Con motivo de las actuales investigaciones, Sánchez calificó de "perturbadoras" a las revelaciones surgidas de la causa judicial pero pidió que se hiciera una "distinción clara" entre las informaciones sobre Juan Carlos y "la situación constitucional del actual jefe del Estado", hijo del anterior. 

La Constitución establece la “inviolabilidad” del jefe de Estado, o sea del rey, por lo que impide a la justicia investigar cualquier conducta cometida por un monarca mientras ocupe el trono. Se trata de una inmunidad jurídica que en los hechos se asemeja a una garantía de impunidad para delinquir. 

Sánchez dijo al respecto que está dispuesto a revisar esas cláusulas constitucionales. Consideró que “la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades".

Una de las controversias generadas del escándalo por corrupción es si el ex rey investigado puede seguir viviendo en el Palacio de la Zarzuela, las lujosas residencias oficiales de la familia de la corona española y su séquito, que son propiedad pública y además Patrimonio Nacional.

Distintos medios informativos coinciden en evaluar que la mudanza de Juan Carlos a una propiedad privada "se da por descontada". La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, declaró en que resolver la situación "compete fundamentalmente a la decisión que tome el jefe de la Casa Real, que es el actual rey Felipe VI".

Sostuvo además que “la institución que en este momento representa la monarquía parlamentaria en la figura del rey Felipe VI, está haciendo su trabajo constitucional de manera absolutamente correcta", aseguró Calvo.