Los abogados de Evo Morales, Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra rechazaron la imputación contra el ex presidente de Bolivia y plantearon en un comunicado que “las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención”.

En medio del proceso eleccionario, donde el régimen de facto que encabeza Jeanine Añez convocó a elecciones para el 6 de septiembre, la comisión de fiscales anticorrupción emitió una resolución que imputa formalmente a Evo Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, y pidió su detención preventiva.

“De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto”, sostuvo Morales a través de Twitter y remarcó que “pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia”.

Los abogados de Morales, quien se encuentra exiliado en Argentina, también plantearon que “Bolivia es un estado de no derecho donde rige la fuerza bruta” y sostuvieron que “la imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del Estado policial” en ese país.

Lo que plantean desde la fiscalía en el llamado “caso audio”, es que Morales coordinó telefónicamente con el dirigente cocalero Faustino Yucra el bloqueo de ciudades durante el golpe de Estado de noviembre del año pasado.

De acuerdo a la fiscalía, “aparentemente, en esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero a cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019”. 

“No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido” indicaron Zaffaroni y Ferreyra en el comunicado y remarcaron que “Morales lucha por la recuperación del Estado constitucional y la democracia; el peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, como son la imputación y el pedido de detención”.

Sobre la posibilidad de que Morales sea extraditado, Zaffaroni confirmó en declaraciones radiales que “es un delito claramente político en última instancia y no da lugar a extradición”, y remarcó que “si fuese cierto, es una tentativa de rebelión, un delito objetivamente político”.

“Es lo mismo que quieren hacer en otros países, quieren sacar a los partidos mayoritarios de medio, procesar con cualquier pretexto a los líderes y perseguir a la oposición”, definió el ex juez de la corte suprema.

Morales planteó a través de Twitter que “el gobierno de facto y los fiscales de La Paz no tienen imputados por las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal”, en referencia a la represión militar durante el golpe de noviembre del año pasado; “ni por actos de nepotismo y corrupción” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de la empresa estatal de telecomunicaciones; aunque advirtió que lo “procesan con un audio falso porque su objetivo final es proscribir al MAS”.

Encuesta y elecciones

De acuerdo a la última encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), a dos meses de las elecciones, el candidato del MAS, Luis Arce encabeza las preferencias de la ciudadanía con un 41,9% de intención de voto; seguido del ex presidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 26,8% y en tercer lugar se ubica la actual presidenta Áñez con 13,3% de apoyo.

En La Paz, la intención de voto por Arce alcanza un 50% mientras que en Santa Cruz, disminuye hasta un 36%, aunque en este distrito le sigue Fernando Camacho con un 25%.

El relevamiento muestra una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión de gobierno de Jeanine Áñez, ya que un 60% rechaza la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia, y un 65% desaprueba la labor económica.

Otro dato que mostró la encuesta, es que la mayoría de los bolivianos, un 64% está de acuerdo con implementar un impuesto a las grandes fortunas.