El fallo del Tribunal Superior británico por el cual el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra no puede ser administrado por el gobierno soberano del presidente venezolano Nicolás Maduro sino por el dirigente opositor Juan Guaidó, constituye un nuevo acto de ejercicio del poder imperial de facto por parte de una potencia occidental, el Reino Unido de Gran Bretaña, aliado principal de Estados Unidos en Europa.

El gobierno venezolano afirmó que es un “robo”, que además ocurre cuando el país más que nunca necesita recursos para enfrentar la pandemia del Covid-19. Anticipó que apelará a “los procedimientos a que hubiere lugar para castigar” a los partícipes del “despojo”, y calificó a Guaidó como “el cabecilla de una organización criminal internacional dedicada a apoderarse ilegítimamente de los recursos” del país.

La sentencia judicial inglesa tiene rasgos de escándalo histórico a nivel mundial, debido a que en pleno siglo XXI se aplica un método presuntamente “ajustado a derecho” para que potencias extranjeras se queden con uno de las reservas de valor más importante de un país soberano, pero otorgándole al hecho una apariencia de legalidad. 

En Argentina no hubo condena de ninguno de los dirigentes opositores, periodistas y medios de comunicación que, a nivel local, denuncian “inseguridad jurídica”, cuando el Estado recupera con fines de utilidad pública bienes sociales mal administrados por capitales privados, como ocurrió en 2008 con los fondos jubilatorios, en 2012 con la nacionalización de YPF.

En el caso venezolano se trata de Estados extranjeros que se apodera de los recursos de otra Nación. Desde la derecha argentina no hubo ninguna objeción a esa situación. En cambio, ese sector se opone tajantemente a que el Estado nacional de nuestro país, conducido por autoridades surgidas de elecciones democráticas, rescate al grupo Vicentín luego de que sus propietarios lo llevaran a la quiebra y provocaran estafas y desfalcos al fisco, a los productores agropecuarios y a otros acreedores.

“Métodos” para derrocar al chavismo

Con el fallo los ingleses han dado un paso más dentro de la estrategia de control de los recursos de Venezuela por parte de los países capitalistas más poderosos del mundo, en busca de derribar a un proceso político revolucionario en un país de América Latina. Dentro de ese contexto, el 4 agosto de 2018 fue perpetrado un atentado con drones contra el presidente Maduro mientras este encabezaba un acto público con formación militar frente a una multitud.

Los métodos usados por la ofensiva internacional han sido novedosos desde que el gobierno norteamericano de Donald Trump, en enero del año pasado, reconoció como “presidente” de Venezuela a Guaidó, un diputado derechista opositor autoproclamado en ese momento “presidente encargado” de su país. 

Durante todo 2019 y lo que va de 2020 el plan continuó con diversos intentos de operaciones militares, en particular incursiones terrestres desde Colombia, para derrocar al gobierno de Maduro, quien ocupa el cargo tras ganar dos elecciones después de que en 2013 muriera el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. 

Guaidó, “cabecilla de una organización criminal”

Ayer, un día después del fallo de la Corte británica, la cancillería venezolana rechazó lo que calificó como “una insólita y absurda decisión de un tribunal inglés de primera instancia que pretende despojar a Venezuela de su oro y vulnera su derecho de disponerlo, al reconocer como supuesto Presidente interino de Venezuela, al cabecilla de una organización criminal internacional dedicada a apoderarse ilegítimamente de los recursos del pueblo venezolano”.

Guaidó, reunido con el primer ministro inglés Boris Johnson. (Foto de archivo).

El pronunciamiento gubernamental denuncia que “la estrategia busca hacerse con el oro de las reservas internacionales de Venezuela en el Banco de Inglaterra, en complicidad con el gobierno de Estados Unidos”.

Agrega que por ello, “el presidente Nicolás Maduro, en pleno ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado y de Gobierno, ha solicitado a los órganos de justicia venezolana iniciar los procedimientos a que hubiere lugar para castigar a quienes participan del robo del oro venezolano y se haga justicia”, afirma el comunicado oficial.

Reitera además la decisión del Banco Central de Venezuela de apelar inmediatamente esta decisión “absurda y errónea, que constituye un acto de piratería que atenta contra el derecho a la salud y la vida del pueblo venezolano” en medio de batalla contra la Covid-19.

Asimismo, sostiene que la República Bolivariana de Venezuela denunciará en todas las instancias internacionales esta “acción de atropello contra la integridad del pueblo venezolano y contra sus recursos legítimos”, expresó la cancillería venezolana.

Qué dijo el tribunal británico

En su sentencia de este jueves 2, el Tribunal Superior británico dictaminó que es la administración “ad hoc” del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó y no la del presidente Nicolás Maduro, quien puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. 

Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare concluyó que el gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país latinoamericano, y es por tanto la junta -órgano de conducción- del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él, la que tiene autoridad sobre las reservas. 

“El gobierno británico reconoce al señor Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino de Venezuela”, y “en virtud de la doctrina de ‘una única voz’ la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca”, escribió el juez Nigel Teare en su decisión.

El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró “en medio de las partes” en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.