La Cepal y la FAO, dos organismos dependientes de Naciones Unidas, propusieron un conjunto de “medidas para impedir que la actual crisis sanitaria del Covid-19 se transforme en una crisis alimentaria” en América Latina y el Caribe. Entre las acciones que impulsan está un “bono contra el hambre” que sea “complementario” al “ingreso básico de emergencia” propuesto a mediados de mayo.

Calcularon que dicho bono tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares, equivalentes al 0,45% del PIB (Producto Interno Bruto) de toda la región. Mediante esa inversión se podría cubrir durante seis meses el equivalente al 70% de la “línea de pobreza extrema”, situación que según estiman, afectaría a 83,4 millones de personas cuando termine 2020.

Consideran que “dependiendo de cada situación, esta medida puede ejecutarse a través de transferencias monetarias, canastas de alimentos, cupones de alimentos o programas de alimentación escolar”. Sostienen que “si bien la responsabilidad de esta iniciativa es de los gobiernos, también se requiere del concurso de los municipios, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los individuos y la cooperación internacional”.

La propuesta, integrada en un “decálogo de medidas”, forma parte de un informe denominado “Cómo evitar que la crisis del Covid-19 se transforme en una crisis alimentaria. Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe”. Fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por la sigla de su denominación en inglés “Food and Agriculture Organization”).

Una parte del documento alude a la “reducción de capacidad de compra” que probablemente dejará la crisis del Covid-19. Analiza que por “la recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles”.

Luego destaca, en base a estimaciones realizadas en abril, que “en América Latina y el Caribe, la Cepal pronostica una retracción del PIB de al menos un 5,3% en 2020”, y detalla que “se producirá una caída más intensa en México (-6,5%) y América del Sur (5,2%) que en el Caribe (-2,5%) y el conjunto de Centroamérica (-2,3%).

En ese marco, consideran que “si los efectos del Covid-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría incrementarse 3,5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza extrema aumente 2,3 puntos porcentuales, alcanzando al 13,5% de la población de la región, la incidencia más alta de las últimas dos décadas”.

“Eso implica que 15,9 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema, con lo que afectaría a 83,4 millones de personas en 2020”, expresan en el informe.

Costos estimados del bono

Al detallar las “medidas urgentes para evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”, Cepal y FAO “proponen un bono contra el hambre, como complemento al ingreso básico de emergencia” que la primera de esas agencias propuso en un informe a mediados de mayo.

Explican que “para el cálculo del costo del bono contra el hambre se utilizaron las estimaciones del número de personas en situación de pobreza extrema en 17 países de América Latina en 2020”, es decir los 83,4 millones antes mencionados. Señalan que “el valor del bono contra el hambre sería equivalente al 70% de una línea regional de pobreza extrema”, y aclaran que “la línea regional de pobreza extrema era de 67 dólares en 2010”.

Los dos organismos indican que “se calcularon los costos de un bono contra el hambre para tres escenarios de población en situación de pobreza extrema: i) el total de personas en esa situación; ii) las personas menores de 15 años, y iii) las personas mayores de 65 años”.

Por último, “teniendo en cuenta que algunos países podrían realizar transferencias mayores, también se calcularon los costos de transferencias por el 100% de la línea de pobreza extrema”. Los resultados para el conjunto de la región se presentan en sendos gráficos.

Como porcentaje del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe, “los costos del bono contra el hambre por un período de seis meses varían entre un 0,06% y un 0,45% del PIB regional”, se indica en el documento.

A su vez, “el menor costo (0,06% del PIB regional) correspondería a la alternativa de cubrir únicamente a las personas en situación de pobreza extrema mayores de 65 años (la población más vulnerable frente al Covid-19) y el mayor costo a la cobertura de toda la población en situación de pobreza extrema”.

“Decálogo de medidas”

La presentación del informe fue realizada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y por Julio Berdegué, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

En la ocasión se remarcó que ambos organismos proponen el bono contra el hambre “como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas, y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables”.

Las otras medidas del decálogo, de acuerdo a la información de Cepal y FAO, son las siguientes:

- Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

- Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.

- Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.

- Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y minoristas.

- Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.

- Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.

- Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.

- Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.

- Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.

(Esta información se puede ampliar en el informe completo de Cepal-FAO).