Para enfrentar la crisis derivada del coronavirus, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pidió que los gobiernos garanticen “transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares” y a partir de allí avanzar “gradualmente” hacia un “ingreso básico universal” que vaya “más allá de las personas en situación de pobreza” y llegue a sectores “muy vulnerables a caer en ella, como los estratos de ingresos bajos no pobres y los medios bajos”. 

La iniciativa, que Argentina ya la instrumentó el mes pasado a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con pagos de 10 mil pesos mensuales, fue lanzada a través del informe “El desafío social en tiempos del Covid-19”, que es el tercer documento de este tipo emitido desde el inicio de la pandemia por parte de ese organismo dependiente de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Santiago de Chile y cuya secretaria ejecutiva es la economista mexicana Alicia Bárcena.

A modo de diagnóstico, el documento recuerda que “el primer caso en América Latina y el Caribe fue registrado en el Brasil el 26 de febrero de 2020”, y que “a partir del 13 de marzo los gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social como reacción ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares, especialmente los más vulnerables”.

Añade que “de los programas de transferencias monetarias existentes”, en general se han “suspendido las condicionalidades debido a que las familias se han visto imposibilitadas, por ejemplo, de enviar a sus hijos e hijas a la escuela”, y en consecuencia se ha extendido el alcance de la asistencia estatal. 

Trabajadores formales

La Comisión destaca que “algunos países han adoptado medidas de apoyo económico a los trabajadores de la salud, quienes corren un gran riesgo de contagio”, y especifica que “por ejemplo, Argentina ha implementado un bono extraordinario para el personal sanitario de 5.000 pesos argentinos (76 dólares) mensuales durante cuatro meses (de abril a julio)”.

Enumera después que “las medidas de protección social para los trabajadores formales son de dos tipos”. El primero de ellos “está destinado a reducir la exposición al virus de los trabajadores y garantizar la continuidad de la actividad económica”, mientras que el segundo tipo apunta a “asegurar los ingresos o los puestos de trabajo”. 

Un 58 % de la población

Al hacer una evaluación del alcance de la asistencia ya implementada, la Cepal “estima que, hasta el 24 de abril de 2020, las transferencias monetarias implementadas en 22 países para apoyar a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad durante la crisis llegarían a 90,5 millones de hogares (385,7 millones de personas, el 58% de la población)”.

Señala que “el gasto previsto durante tres meses correspondería a 36.830 millones de dólares, alrededor de un 0,7% del PIB de 2020. Los países con la mayor cobertura absoluta de hogares son el Brasil (38,2 millones), Colombia (11,3 millones), la Argentina (8,4 millones) y el Perú (4,8 millones)”.

En el reporte se destaca que “esta cifra representa cerca del doble de los costos anuales de los programas de transferencias condicionadas antes de la crisis, que se situaban en torno al 0,35% del PIB (Producto Bruto Interno)” de toda la región de América Latina y el Caribe.

Propuesta y viabilidad

La iniciativa central lanzada a través del informe sostiene que “para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la Cepal propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida”.

Al mismo tiempo, “desde una perspectiva de largo plazo”, la entidad internacional “reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los estratos de ingresos bajos no pobres y los medios bajos”.

Explica que “esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país”. Aclara que “esta consideración es importante pues la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva”.

“El debate sobre un ingreso ciudadano universal ha adquirido una mayor presencia ante la crisis sanitaria”, refiere la Cepal, y resalta que “para su puesta en marcha es preciso determinar un monto por persona congruente con el objetivo de erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso”. 

Mientras tanto, “en la coyuntura de la crisis del Covid es necesario considerar alternativas acotadas y de menor alcance temporal, pero que señalen el camino para las acciones a implementar una vez superada la pandemia”.

Según el organismo dependiente de la ONU, “para estimar el costo de estas transferencias monetarias en una perspectiva de corto plazo, se considera que su duración mínima debería ser de tres meses, aunque seis meses o un año darían una mejor protección a la población”.

Agrega que “las transferencias serían para cada persona y por un equivalente a una línea de pobreza extrema (LPE), que representa el costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos, o a una línea de pobreza (LP), que permite cubrir también otras necesidades básicas”. 

Pero “teniendo en cuenta el limitado espacio fiscal de los países de la región, la alternativa más viable en la situación actual sería la de transferencias de un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses. Esta consideración deberá ser ajustada o expandida según las diferentes situaciones nacionales”, afirma la Comisión Económica para América Latina. 

(Este material informativo puede ampliarse en el informe de la Cepal).