“El número de heridos con trauma ocular severo no ha dejado de crecer” en Chile debido a la represión del gobierno de Sebastián Piñera contra las protestas populares. “A comienzos de enero el Colegio Médico informó que al menos 360 personas habían sufrido graves heridas oculares como consecuencia de la utilización ilegal” de armas tales como perdigones de goma y cartuchos de bombas lacrimógenas, disparadas a la altura de los ojos.

Estos conceptos forman parte del informe final de la Misión Internacional de Observación realizada en el vecino país por organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) de 10 países. Las mismas hicieron un trabajo de relevamiento sobre lo que ocurre en Chile desde que se inició la rebelión popular el pasado 18 de octubre.

El documento señala que “en el contexto de las manifestaciones sociales, hasta la fecha de este informe han fallecido un total de 27 personas”.

Miembros de las entidades participantes de la misión recibieron relatos y testimonios durante una visita de siete días a territorio chileno que finalizó el 11 de noviembre de 2019. Pero aclaran que para la elaboración completa del trabajo “se consideran fuentes secundarias y hechos acaecidos desde el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha de cierre del informe, el 31 de diciembre”, con información adicional de los primeros días de enero. 

Los participantes de la misión fueron la Organización Mundial contra la Tortura (con sede en Ginebra, Suiza); Articulo 19 (organización de Brasil); Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), estas tres últimas de Argentina; Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL, con sede en Canadá); Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA, con sedes en la ciudad norteamericana de Berkeley y en Bruselas, entre otros lugares); CTA-Autónoma (de Argentina); y la asociación Perú Equidad.

“Fuerzas de Orden y Seguridad”

El documento final ratifica, amplía y complementa las revelaciones, publicadas en su momento por , contenidas en un primer informe  que se elaboró apenas concluida la recorrida por distintas ciudades y regiones de Chile, a mediados de noviembre pasado.

Para los organismos de DD.HH. que realizaron el trabajo, desde que comenzaron las protestas “las fuerzas de seguridad, en particular Carabineros de Chile, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, con la intención de castigar y aleccionar a los manifestantes”.

Advierten que “las violaciones a los derechos humanos que se han verificado desde el comienzo de la protesta social incluyen al menos cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales, cientos de casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de la detención y en las comisarías”.

Asimismo, “casos de violencia sexual y violación en condiciones de privación de libertad, miles de personas heridas por el uso abusivo de la fuerza menos letal en el contexto de las reuniones públicas y otras miles de personas detenidas por las fuerzas de manera arbitraria, a lo que se suma una innumerable cantidad de personas afectadas en sus derechos a la reunión y la protesta social”.

Más adelante, el informe puntualiza que “en los testimonios recibidos y en las imágenes revisadas se puede constatar de un patrón en el tipo de agresiones y lesiones provocadas por el actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que incluyen: golpes a manifestantes con objetos de alto impacto, uso de bastones con ambas manos maximizando las consecuencias del impacto en la cabeza y cuerpo; atropellos a manifestantes con autos, camiones y motos institucionales; rociadura de gas pimienta en la cara; uso de munición letal a corta distancia y sin necesidad, con o sin resultado de muerte”.

El detalle continúa: “uso de munición menos letal, disparada a corta distancia y a la altura del torso y cabeza de los manifestantes; técnicas de estrangulamiento sobre manifestantes que no se estaban oponiendo a la detención, infligiendo daño en cuello y ojos, que en determinados casos provocaron desmayos; uso del chorro del carro lanza-aguas directamente al cuerpo de los manifestantes provocando heridas, siendo una de las más graves las quemaduras químicas en la piel de diverso grado; lesiones producidas por los cartuchos de gases lanzados al cuerpo de los manifestantes”.

Cita en ese sentido que “el último reporte oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”, que es un organismo estatal independiente del gobierno, “señala un total de 3.442 personas heridas, en hospitales y centros de salud”, mientras que “el ministerio de Salud, a través de oficio enviado al INDH en diciembre, dan cuenta de un total de 11.180 personas en todo Chile”.

Pero el documento destaca que “este número probablemente sea menor que el total de personas heridas, ya que según lo informado por organizaciones y testimonios recibidos por la Misión, se corrobora que varias personas no quisieron concurrir a centros de salud por temor a represalias”.

“Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”

El informe describe luego “otro patrón de uso arbitrario e ilegal de la fuerza particularmente en el momento posterior a la detención” de manifestantes, “durante los traslados antes o a posteriori a la constatación de lesiones y en las comisarías, cuando las personas fueron sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Revela que “los casos denunciados refieren a golpes -en algunos casos por varios agentes- con los puños, rodillazos y puntapiés, golpes con los bastones policiales o ‘luma’, distintas formas de neutralización física desproporcionada que han derivado en pérdida de conciencia, amenazas y simulacros de fusilamiento, abuso sexual e incluso violación”. 

“Los testimonios también refirieron el uso prolongado de esposas en diversas posiciones, torsiones de extremidades superiores, aplicación directa de gas irritante en el rostro o en los recintos de privación de libertad, privación de agua y comida, exposición de detenidos mojados a temperaturas frías en las Comisarías en el sur del país o largo tiempo en los furgones de traslados de personas imputadas, sometidas a altas temperaturas, golpes de pies, puños y con las armas reglamentarias y simulacros de fusilamientos”, dicen las organizaciones de Derechos Humanos que elaboraron el documento. 

Agrega que “también se relató la utilización de diversas formas de tortura psicológica, principalmente amenazas de muerte y de agresión física a familiares, realizadas con el objetivo de disuadir a las personas detenidas de denunciar los malos tratos sufridos durante la detención”.

En ese contexto, el informe incluye una presentación penal ante el Juzgado de Garantía de Temuco “en favor de dos jóvenes que denuncian haber recibido golpes, torturas y simulacro de fusilamiento por parte de militares”.

Según el expediente judicial, “las víctimas relatan: ‘fuimos detenidos y botados al suelo, pisándonos la cabeza, colocándonos amarras plásticas en las muñecas; nos pegaron con las puntas de sus fusiles y luego nos apuntaron en la cabeza, nos subieron al jeep militar, diciéndonos que nos llevarían a una comisaría. En el camino comenzaron a decir que mejor nos llevarían al cuartel para ponernos en la cama elástica con electricidad para ver cuánto aguantaríamos (…) nos bajaron del vehículo, nos arrodillaron mirando hacia una pandereta, haciéndonos creer que nos fusilarían’”. 

 “Violencia sexual”

En otro de los apartados del informe, la misión internacional indica que “recibió diversos relatos de violencia sexual cometida por agentes estatales, como desnudamientos forzados y prolongados acompañados de la realización de sentadillas para mostrar el ano y la vulva de las víctimas, comentarios de connotación sexual, presencia de funcionarios/as de distinto sexo que las personas detenidas y tocaciones de partes íntimas”.

“Estas violencias sexuales fueron utilizadas para humillar, aterrorizar e intimidar a las víctimas, atentar contra su dignidad y disuadirlas de continuar su movilización”. Las víctimas fueron particularmente “mujeres y adolescentes”. En el documento se indica que “sumado al desnudamiento forzado y a la realización de sentadillas, la Misión recibió testimonios de mujeres que durante la detención fueron mojadas y posteriormente golpeadas con toallas húmedas, golpes que no dejarían marcas visibles en el cuerpo”.

Un testimonio fue proporcionado por una estudiante universitaria de 28 años, detenida “en el contexto de un corte de tránsito espontáneo en el marco de las protestas”. Trasladada a una comisaría, “fue obligada a desnudarse y a hacer sentadillas para mostrar el ano y la vagina. Durante esa noche detenida, la víctima estuvo, en compañía de otras jóvenes y mujeres detenidas, en un contexto de hacinamiento, en una celda reducida, y mojada con los químicos que contenía el agua con la que fue impactada, sin siquiera poder llamar a su familia para pedir un cambio de ropa”. 

Por otra parte, recuerda que en diciembre “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ‘su alarma por el elevado número de denuncias de abuso sexual en el contexto de las detenciones. Conforme la información recibida, se habrían llevado a cabo violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual’”.

Además, “en el informe de Misión realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas se señala que ‘ha recopilado información sobre 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (6), niñas (3) y un niño en el contexto de las protestas’, y ‘observó que en todas las regiones visitadas, mujeres y adolescentes mujeres informaron que, durante la detención en las comisarías, a menudo se las obligaba a desnudarse y a hacer sentadillas. También se informó comúnmente sobre amenazas de violación, insultos y comentarios degradantes de naturaleza sexual por parte de miembros de Carabineros’. (…) Por su parte, el INDH con fecha 30 de diciembre de 2019, señala que ha interpuesto 137 querellas por violencia sexual”.

“Decisiones políticas”

Hacia el final del documento se indica que “esta Misión concluye que la situación de las violaciones a los derechos humanos en Chile no puede ser entendida sin tener en cuenta las decisiones políticas que la generaron”.

Aclara que “sin perjuicio de que este informe no pretende establecer la existencia, o no, de una política deliberada por parte del Estado chileno para cometer estas graves violaciones, lo cierto es que fueron el resultado de la adopción de medidas a toda luz inadecuadas para proteger a las personas y poner término a la violencia estatal injustificada, arbitraria y desmedida”, afirma el informe final de las organizaciones de Derechos Humanos que realizaron la Misión Internacional de Observación en Chile.

(Acceso al “informe final” completo).