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Exterior
22/11/2019

Los golpistas bolivianos reprimen hasta los funerales

Los golpistas bolivianos reprimen hasta los funerales | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Policías y militares que responden al gobierno de facto de Jeanine Áñez reprimieron con gases y tanquetas otra movilización contra el golpe. Fue en La Paz, cuando la gente marchaba con ataúdes de víctimas de la masacre de Senkata, perpetrada dos días antes en la ciudad de El Alto, donde murieron ocho personas.

La Policía de Bolivia reprimió ayer en La Paz un funeral en el que cientos de personas acompañaban a familiares que llevaban féretros de víctimas de la masacre de Senkata, perpetrada dos días antes por efectivos armados que responden al gobierno de facto de la designada “presidenta” Jeanine Áñez.

Senkata es el nombre de una planta de hicrocarburos situada en El Alto, ciudad que está precisamente en las alturas del valle que rodea a la capital del país, La Paz. En ese lugar, el martes un ataque policial y militar provocó la muerte de ocho personas, según la Defensoría del Pueblo.

Ayer jueves, una multitud acompañó el traslado de los féretros desde El Alto hasta La Paz. "Justicia, justicia, justicia", gritaban los participantes de la desgarradora protesta, mientras recorrían las calles de la capital boliviana. Cuando estaban cerca de la Plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno, la Policía impidieron el paso a los manifestantes.

Al encontrarse con una barrera de personal armado y con escudos antimotines, los participantes de la marcha gritaron "asesinos". Algunos les tiraron objetos a los uniformados y al mismo tiempo otra parte de los manifestantes gritaban “¡Queremos paz!”.

Minutos después los policías comenzaron a disparar gases lacrimógenos para dispersar el funeral, convertido en otra masiva protesta contra el golpe de Estado. Posteriormente, el personal armado que responde al gobierno golpista arremetió con tanquetas militares para dispersar a los manifestantes, obligándolos a abandonar los féretros en la calle.

En medio de la gasificación (término que se usa en Bolivia a lo que en Argentina se suele llamar “gaseada”) y mientras la gente corría para escapar de la represión, los ataúdes quedaron en el piso ante el desconsuelo de los allegados de los fallecidos.

Dispersado violentamente el funeral, familiares de los muertos volvieron al lugar y algunas personas se hincaron a un lado de los féretros, que estaban adornados con flores y con la bandera Whipala, símbolo de pueblos indígenas del Altiplano. 

Desde su exilio en México, el depuesto presidente Evo Morales denunció por Twitter que “el gobierno de facto de Áñez no respeta a los muertos en sus ataúdes, ni perdona a sus familiares, mujeres y niños que marchaban pacíficamente por el respeto a la vida y a la democracia”. El tuit incluyó un video no profesional tomado desde la ventana de un edificio, con imágenes de la represión.

 

 

Masacres en Senkata y Sacaba

El martes, mientras centenares de manifestantes bloqueaban la planta de hidrocarburos de Senkata en protesta contra el gobierno de la autoproclamada Áñez, policías y militares implementaron un violento operativo que dejó ocho muertos por arma de fuego y decenas de heridos. 

En las últimas 48 horas, miles de personas de distintas regiones de Bolivia arribaron a El Alto para protestar contra el régimen surgido del golpe de Estado. Desde su autoproclamación, Áñez ha ordenado reprimir las protestas de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al derrocado presidente Morales

El viernes pasado, los cuerpos de seguridad del Estado de facto reprimieron una marcha pacífica de cocaleros en la localidad de Sacaba, departamento de Cochabamba, dejando nueve personas muertas por heridas de bala y más de 115 heridos.

Áñez ha protegido a las Fuerzas Armadas, un actor clave para sostenerla como “presidenta”, al punto de emitir un decreto que exime de "responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".

Tras la publicación de la norma presidencial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el decreto "pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. [Fuerzas Armadas] que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno".

Mientras tanto, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al gobierno de facto de Bolivia a rendir cuentas en casos de violencia y de fallecimientos. "Ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable", señaló el funcionario internacional.

29/07/2016

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