En medio de la violencia perpetrada por el régimen de facto instalado en Bolivia tras el derrocamiento de Evo Morales, ayer empezó a verse la posibilidad de una salida negociada entre las autoridades golpistas y el partido político liderado por el destituido mandatario, Movimiento al Socialismo (MAS). La vía para distender la situación consistiría en convocar a nuevas elecciones.

La denominada “presidenta”, Jeanine Áñez, remitió un proyecto de ley que deberá ser tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento), donde el MAS tiene mayoría. La propuesta legislativa apunta a sancionar un Régimen Electoral Transitorio que incluye nombrar a un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), y en esas designaciones intervendrán precisamente los legisladores.

El envío del proyecto implica que Áñez tuvo que dejar de lado su idea de que las elecciones se convocaran por decreto y con un tribunal electoral designado por ella misma. En cambio, el texto reconoce que lo hará la Asamblea Legislativa, donde están representados los diferentes partidos políticos, y que también ese órgano designará al TSE.

El tratamiento de la propuesta debería realizarse dentro de 15 días y luego se fijará la fecha de elecciones. Según la ley propuesta, quedan anuladas las elecciones del pasado 20 de octubre y las postulaciones presidenciales que participaron en esa ocasión tendrán que ser reformuladas. 

La “reformulación” de las candidaturas implica que no podrá presentarse Evo Morales, quien de todos modos ya había anticipado su decisión de no hacerlo como forma de contribuir a la pacificación. En caso de que esta salida negociada se lleve a término, su reemplazo es un problema importante que se le presenta al espacio político liderado por el destituido presidente.

La propuesta del Régimen Electoral Transitorio se debatirá en la comisión de Constitución del Senado. En ese mismo ámbito parlamentario el MAS presentó su propio proyecto, que guarda importantes coincidencias con las del gobierno de facto. 

El Senado, en funciones

Ayer por la mañana, cuando aún se esperaba el anuncio de Áñez, la Cámara de Senadores volvió a funcionar con presencia de la mayoría conformada por el “masismo” y también diferentes minorías, -prácticamente todas aliadas al golpe-, que desistieron de seguir saboteando la labor del cuerpo parlamentario.

Tras un acuerdo entre los bloques para votar nuevas autoridades, se dispuso que la comisión de Constitución será presidida por Oscar Ortiz, del partido de Áñez, llamado “Unidad Democrática”. Sin embargo, estará secundado como vice por Adriana Salvatierra, una joven figura importante del espacio de Evo, que hasta el golpe de Estado había sido presidenta de la Cámara y renunció luego de que lo hiciera el presidente.

La presidenta de facto hizo el anuncio de la propuesta de ley en una conferencia de prensa en la sede del gobierno. En la ocasión dijo que “este proyecto puede ser perfectible”, y que “como gobierno quisiéramos que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional, de todos los bolivianos”.

También expresó su deseo de que “tengamos elecciones transparentes, y que Dios ilumine a la Asamblea Legislativa para que puede elegir (para el tribunal electoral) a personalidades probas, con méritos, y capaces de garantizar a los bolivianos un proceso transparente”.

Al lado de Áñez estaba el denominado “ministro de Justicia”, Álvaro Coímbra, quien precisó que el proyecto presentado tiene “tres objetivos principales”, surgidos de recomendaciones que hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Según el funcionario de facto, los tres propósitos mencionados son “declarar la nulidad de las elecciones del 20 de octubre, convocar a nuevos comicios y designar a miembros del Tribunal Superior Electoral”.