Una declaración emitida por la Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresa su “enérgica condena al golpe de Estado” en Bolivia “contra el legal y legítimo gobierno del presidente Evo Morales Ayma”. Asimismo, “rechaza los actos de violencia y vandalismo” así como “las manifestaciones de odio clasista y racista de la oposición derrotada en los recientes comicios”, y sostiene “la validez del resultado de las elecciones del 20 de octubre pasado”.

La entidad advierte que la violencia desatada en el vecino país “responde a la hoja de ruta diseñada por el gobierno de los EEUU, que se ha propuesto abortar en el continente cualquier expresión política nacional soberanista, progresista y popular contraria al neoliberalismo y que constituyan desafíos a su hegemonía continental”.

Agrega que “el plan imperial es ejecutado por los sectores más reaccionarios y racistas, enquistados en sus fuerzas armadas y de seguridad y en organizaciones fascistas operantes” en el territorio boliviano. También exige “el cese de la persecución” contra Morales y todos los funcionarios de su gobierno, y reclama “un pronunciamiento de la comunidad democrática internacional en defensa de la democracia”.

El pronunciamiento lleva las firmas de la presidenta de la AAJ continental, Vanessa Ramos; del secretario general, Luis Carlos Moro; y de Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación. La entidad recuerda su carácter de “organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Ecosoc (Consejo Económico Social de las Naciones Unidas) y representación permanente ante la ONU en Nueva York y Ginebra”.

Texto completo de la declaración

La Asociación Americana de Juristas condena enérgicamente el golpe de estado que se consumó en la República Plurinacional de Bolivia el 10 de noviembre contra el legal y legítimo gobierno del presidente Evo Morales Ayma y rechaza los actos de violencia y vandalismo, y las manifestaciones de odio clasista y racista, de la oposición derrotada en los recientes comicios.

Reiteramos nuestra declaración del 29 de octubre sosteniendo la validez del resultado de las elecciones del 20 de octubre pasado en las cuales el presidente Morales fue declarado oficialmente ganador con el 47.08% de los votos, frente al 36.51% del candidato opositor Carlos Mesa. De inmediato la oposición y sectores neofascistas de Bolivia, los Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, los gobiernos de Colombia y Argentina, desconocieron los resultados, exigiendo un balotaje. Simultáneamente, se incrementaron los actos de violencia.

Alertamos entonces que:

“… en Bolivia se está dirimiendo un contencioso de carácter político, económico, social y cultural que tensa, en uno de sus polos, al bloque neoliberal de la derecha y la extrema derecha y formaciones de corte fascistas y racistas como la denominada “Unión Juvenil Cruceña”, que pugnan por volver al modelo que ha estado vigente en el país hasta el año 2005; mientras que, en el otro polo, se halla el bloque conformado por las organizaciones sociales, campesinos, indígenas, fabriles, cooperativistas mineros, transportistas y demás sectores populares, que están representados por el MAS con el liderazgo del presidente Evo Morales”.

Recordemos que el gobierno de Evo Morales abrió el camino de la justicia social para los sectores pobres y marginados, muy especialmente, las etnias indígenas, mayoría en el país, explotadas y oprimidas por siglos.

Ante la grave situación el presidente Evo Morales llamó al diálogo a los impugnantes de los resultados electorales; y convocar nuevas elecciones para que el pueblo boliviano pudiera elegir democráticamente nuevas autoridades y en cumplimiento del dictamen vinculante de la misión de la OEA que auditó las elecciones del pasado 20 de octubre; y conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral a ser nombrado por la Asamblea de Diputados donde están representadas las fuerzas de oposición.

Aun así, el plan golpista continuó desarrollándose y la oposición golpista incrementó su vandalismo y violencia callejera ante la permisividad de las fuerzas de seguridad. Se han violado domicilios, incendiado las casas del Presidente y su hermana, vejado a funcionarios del gobierno legal, sumiendo al país en un estado de barbarie y violencia. Un caso emblemático sucedió en Vinto, donde manifestantes incendiaron el edificio municipal, secuestraron a la alcaldesa Patricia Arce Guzmán, le cortaron el cabello, obligándola, bajo amenazas, a caminar descalza por el pueblo cubierta de pintura roja. Denunciamos y repudiamos todos estos graves hechos, al tiempo que exigimos el sometimiento a la ley de los responsables y su condigno castigo.

Sostenemos que la violencia responde a la hoja de ruta diseñada por el gobierno de los EEUU, que se ha propuesto abortar en el continente cualquier expresión política nacional soberanista, progresista y popular contraria al neoliberalismo y que constituyan desafíos a su hegemonía continental. El plan imperial es ejecutado por los sectores más reaccionarios y racistas, enquistados en sus fuerzas armadas y de seguridad y en organizaciones fascistas operantes en el país.

Ante esta situación, el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Alvaro García Linera, sus ministros, la Presidenta del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados, y varios gobernadores se vieron obligados a presentar sus renuncias, arrancadas con violencia e intimidación, y mediante presión de las fuerzas armadas y la policía, para tratar de impedir más daño a la población y al país.

Alertamos que el dirigente golpista Luis Fernando Camacho anunció que hay una orden de detención, claramente ilegal, contra el presidente Evo Morales, y reclama la detención de todos los funcionarios, senadores y diputados del MAS. Aunque fue desmentido luego por el comandante de la Policía de Bolivia, Vladimir Yuri Calderón, esto expresa claramente el riesgo para la seguridad, la vida e integridad física del Presidente, del Vice-Presidente, sus ministros y funcionarios, los legisladores y legisladoras y dirigentes del MAS, a la luz de los hechos criminales que vienen perpetrando bandas armadas.

En línea con sus principios y su trayectoria, la AAJ:

1. Exige el inmediato cese de la persecución contra el ex Presidente Evo Morales y sus familiares, y pasados funcionarios, como el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Supremo Tribunal Electoral, así como el fin de la violencia, la persecución y detenciones arbitrarias e ilegales contra los miembros del gabinete, las organizaciones sociales no adeptas a los golpistas y militantes y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno, que están siendo buscados y perseguidos por hordas armadas con el ostensible propósito de descargar sobre ellos su violencia criminal. Hace responsable a Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, las caras visibles del golpe de Estado, por su seguridad y vida.

2. Reclama de la comunidad democrática internacional un urgente pronunciamiento en favor de la democracia en Bolivia y en contra del golpe de Estado.

3. Sostiene que la derecha política, junto a grupos de corte fascista y racista, han roto en Bolivia el pacto democrático que debe regir en toda comunidad civilizada y que se expresa enunciando que aquel partido u organismo político que gana una elección es el que debe gobernar y el que pierde debe ejercitar la oposición dentro del Estado de derecho.

4. Reitera que lo que está aconteciendo en Bolivia es parte de políticas ejecutadas y fracasadas en Venezuela y que buscan disciplinar a todo el continente para que la política exterior de nuestros países se conforme a los objetivos geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos.

5. Denuncia que en América Latina está en marcha un plan imperial de los EEUU para intervenir, vaciar de legitimidad y finalmente derrocar a todo aquel gobierno que no aplique el modelo neoliberal de gestión de la economía y que se oponga a los designios de los Estados Unidos en materia de política exterior y sus planes geopolíticos.

6. Reafirma que la democracia, el Estado de derecho, el sometimiento a la ley y la vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos constituyen el único marco admisible para enfrentar los conflictos en nuestros países americanos.

7. Exhorta a todas las partes involucradas en la República Plurinacional de Bolivia a abandonar las acciones violentas, a respetar la institucionalidad constitucional, a defender la democracia conquistada y a resistir y repudiar este intento de golpe de Estado. Asimismo, instamos a la búsqueda de alternativas mediante un diálogo respetuoso con el único interés puesto en el bienestar de la población y la soberanía nacional, toda vez que América latina debe seguir siendo territorio de paz y libertad en el marco del inalienable derecho de pueblos y gobiernos a decidir sus asuntos soberanamente con arreglo a los principios de autodeterminación y no injerencia.

Firmado: Vanessa Ramos, presidenta AAJ Continental - Luis Carlos Moro, secretario general - Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo de la AAJ.