Mariano Lovelli, abogado que preside el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) explicó que la acción judicial que interpuso el Estado contra esa asociación por haber presentado una cautelar para frenar el tarifazo en el gas, “denota un espíritu autoritario por parte del gobierno” ya que pretende “cercenar el acceso a la justicia de diversas organizaciones de la sociedad civil, que peticionan derechos colectivos de la población”.

“Esto excede largamente la cuestión de Cepis y la cuestión del gas”, debido a que “hoy es contra nosotros por este tema y mañana será contra otros y por otros derechos que estén siendo vulnerados”, sostuvo Lovelli. Indicó también que “esta idea de pretender imponer un cepo judicial a la sociedad civil, se lleva a las patadas con el Estado de Derecho”.

El profesional de la abogacía se expresó de ese modo luego de que ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, impulsó el lunes un recurso judicial denominado “acción colectiva de certeza” contra el Cepis, porque esta organización intentó frenar el último aumento del gas mediante la presentación de una medida cautelar, que fue admitida por la justicia.

El planteo del ministerio también incluye a todas aquellas entidades que soliciten medidas cautelares contra los tarifazos, ya que al comienzo de las nueve páginas que tiene el escrito de los funcionarios macristas, indica que interponen la acción colectiva contra el Cepis “y contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar la Resolución Nº 74/2017 del ministerio de Energía y Minería, así como las Resoluciones Nº 300 a 309/2018 del Enargas, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto de su ejecución”.

Para Lovelli, la demanda en contra de la entidad que preside “es de una pobreza argumental escandalosa, porque hace mención a que si las tarifas de gas fuesen declaradas inconstitucionales generarían un derroche porque el gas está barato, y ese derroche produce contaminación ambiental que provocaría que Argentina no cumpla con estándares internacionales de los diversos acuerdos climáticos”.

“Es un relato escueto y breve que no han acompañado de ningún informe, ningún dato o ninguna prueba que solvente esos dichos”, agregó el especialista en derechos de los usuarios y consumidores. A criterio suyo, “está claro que es una mera excusa para tratar de sostener algo que es insostenible, porque el tarifazo judicialmente no se sostiene; no solamente porque es injusto sino además ilegal”.

En cuanto a los antecedentes históricos de una demanda de este tipo, sostuvo que “no tenemos conocimiento de que alguna vez se haya presentado el Estado a demandar a una asociación civil que litiga en favor de derechos constitucionales”.

“Para nosotros es insólito lo que está sucediendo, pero habla a las claras de cuál es la estrategia del gobierno, que intenta llevar adelante un modelo que solo cierra cercenando libertades, en este caso la libertad de poder peticionar a los tribunales”, completó Lovelli.

La demanda contra el tarifazo

La medida cautelar que presentó el Cepis y que fue admitida por la justicia comprende a los usuarios residenciales de gas natural de todo el país, y solicita la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones Enargas que autorizaron el tarifazo por contrariar varios artículos de la Constitución Nacional, ya que aplicaron el nuevo cuadro tarifario a partir del 1 de abril de 2018 cuando la normativa vigente establece que dichos aumentos deben aplicarse a partir del 1 de mayo.

Lovelli confirmó que están “esperando que el juez resuelva” entre fines de esta semana y principios de la siguiente, “si mantiene la competencia de la justicia federal de La Plata y si dicta o no la medida cautelar”.

Precisó que además de esta cautelar, el Cepis tiene en trámite, “en conjunto con la municipalidad de (el municipio bonaerense de) Leandro Alem y otras organizaciones, una acción colectiva que se inició el año pasado donde estamos discutiendo la razonabilidad de la tarifa”.

El tarifazo “no es justo, no es razonable, no tiene principios de gradualidad, ni contempla la capacidad de pago de los usuarios”, argumentó Lovelli, y destacó que esos son los criterios que estableció la Corte Suprema en el fallo Cepis del 2016, donde el máximo tribunal declaró nulo el aumento y estableció la obligatoriedad de realizar audiencias públicas de manera previa.

Informe: Diego Colao