Dos importantes novedades tuvieron lugar en torno de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal federal Federico Delgado decidió investigar la responsabilidad la gestión de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería por presunto “encubrimiento”. Por otra parte, el gobierno dio un giro -al menos discursivo- en su posición sobre el hecho, cuando el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo ayer que “la hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería”, aunque “no hay ninguna prueba o pista concreta”.

El fiscal impulsó una causa penal a raíz de una denuncia radicada la semana pasada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y el Instituto Sampay. Entre las medidas inmediatas, pidió que el jefe de gabinete, Marcos Peña, informe de manera “urgente todas las acciones que desplegó el Estado” para encontrar al joven desaparecido.

Asimismo, requirió copia del expediente que tramita el juzgado federal de Esquel para esclarecer lo ocurrido con Maldonado, de quien se perdió todo rastro desde el 1 de agosto, cuando según testimonios incorporados a la causa judicial se encontraba acompañando a la comunidad mapuche Pu Lof, en Chubut, en momentos en que la Gendarmería ingresó violentamente para reprimir una protesta.

En la presentación realizada la semana pasada, los impulsores de la acción penal señalaron que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar el esclarecimiento y aparición con vida” de la persona desaparecida, “han intentado deslindar toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con medios masivos de comunicación social”.

La denuncia de la LADH y el Instituto Sampay también aludía a un “pacto de silencio” entre los gendarmes que intervinieron en la represión a los pobladores mapuches, quienes niegan haber apresado a Maldonado, y “una ristra de expresiones de encubrimiento” por parte de funcionarios nacionales, “negando que se trata de una desaparición forzada” y “generando una campaña de desinformación” con pistas falsas.

“Hipótesis más firme” pero “sin pruebas”

Desde el gobierno nacional, el cambio de discurso fue explicitado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. El funcionario llegó ayer a Esquel, tal como se había anunciado, aunque de forma extraoficial, luego de una reunión el martes entre Mauricio Macri y varios de sus más altos funcionarios para tratar un tema que, según encuestas y otros estudios de opinión pública que encargó el gobierno, ha deteriorado su imagen en la sociedad.

Tras reunirse con el juez Guido Otranto, que tiene a su cargo la causa por la desaparición de Maldonado, el funcionario nacional dijo primero que “en la hipótesis que hay en el informe de la fiscal” Silvina Avila, no hay “ninguna prueba cierta o pista concreta que involucre a la Gendarmería”.

No obstante, de inmediato Avruj dijo que “la hipótesis más fuerte apunta a Gendarmería, pero eso se tiene que verificar, si realmente (esa fuerza) es responsable o no, y por esto tenemos que trabajar en todas las hipótesis”, sostuvo.

Además, manifestó que se trata “de un caso difícil a todas luces”, y añadió que desde el gobierno “se ofreció una reunión con la familia, pero no nos van a recibir”, deslizó en forma crítica.

El secretario de Derechos Humanos manifestó que el juez “vio como muy importante” para su labor “el Programa de Protección de Testigos”, que funciona precisamente en el ámbito de la dependencia que Avruj conduce.