En un nuevo fallo que evidencia la subordinación de la justicia al poder político y económico de turno, la Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenó investigar la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman presentó hace casi dos años contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la Amia ocurrido en 1994.

Al conocerse el vergonzoso pronunciamiento judicial la ex presidenta respondió: “lo único que les falta es acusarme de la muerte de (John) Kennedy”.

“Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace... 22 años y medio”, sostuvo ayer con ironía la ex mandataria a través de sus cuentas en las redes sociales.

El fallo, dividido, revirtió las resoluciones del juez federal Daniel Rafecas y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que habían desestimado en dos oportunidades la denuncia del entonces titular de la UFI-AMIA.
Los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos tomaron esa decisión de manera unánime y también ordenaron apartar al juez Daniel Rafecas de la causa y calificaron su decisión de desestimar la denuncia como "arbitraria, prematura y parcial". Ahora resta que envíen a sorteo para causa para conocer a juez que tomará la investigación.
Con un criterio análogo al que aplica un fuerte sector de Comodoro Py en diversas causas contra el kirchnerismo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el Memorándum de Entendimiento con Irán pudo ser una fuente o un resultado de delitos.

Otra vez, una decisión política respaldada en este caso por el Congreso es blanco de una maquinaria de judicialización. En este expediente en particular tiene como objetivos a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y a otros ex funcionarios.
La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país, por mayoría de votos, hizo lugar al recurso presentado por la DAIA. La denuncia había sido desestimada en las instancias previas por "inexistencia de delito".
La denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra el gobierno anterior apuntaba al supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Aquella presentación había sido cerrada dos veces por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas y por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Ahora los tres fueron apartados en la sentencia de ayer, que les cuestiona que resolvieron de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial”.

Los jueves aceptan además que la DAIA sea querellante y ordenan que se hagan las medidas pedidas por ella y, en su momento, las que dispuso el fiscal Gerardo Pollicita, que son 45. Las defensas recurrirán a la Corte Suprema y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.