Julián Ercolini, el mismo juez que la semana pasada sobreseyó a Héctor Magneto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y Guillermo Juan Gainza Paz, en la causa de Papel Prensa, sin haberles tomado declaración indagatoria, procesó ayer a la ex presidenta, Cristina Kirchner, por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

El magistrado cuya esposa Julia Kenny es asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, también procesó, por los mismos cargos al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al empresario Lázaro Báez, entre otros.

En una extensísima resolución de 794 carillas, Ercolini consideró que los nombrados integraron "una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015".
La imputación había sido pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques - hermano del viceministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- en base a un informe de Vialidad Nacional que, según los abogados de la ex mandataria, contradice los argumentos del llamado a indagatorias original de los propios fiscales.

Ercolini es el magistrado que desestimó las acusaciones contra los propietarios y gerentes de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa que se quedaron con las acciones del Grupo Graiver y se asociaron con el Estado, representado entonces por la dictadura –en noviembre de 1976.

Ahora acusó a Cristina Kirchner y al resto de los procesados de haber "formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Para el magistrado "se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 % del presupuesto original".