El conflicto con la líder de la Tupac Amaru, encarcelada en febrero, no para de escalar a nivel global mientras el gobierno de Macri y el del jujeño Gerardo Morales le quitan importancia. Al pedido de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la organización Human Rights Watch Americas se sumó el pedido "urgente" de la CIDH, una exigencia que en sectores del Gobierno esperaban.

La Cancillería sacó rápidamente un comunicado para contestar el pronunciamiento, que deja al país en un lugar todavía más incómodo ante la comunidad internacional.

Pero quien no lo esperaba y volvió a fracasar fue la canciller Susana Malcorra, que ayer se quejó ante el titular de la OEA, Luis Almagro, porque había pedido la liberación de Sala.

El martes, Almagro publicó una carta en respuesta a otra que le mandó Sala por y pidió su “inmediata liberación”.

Malcorra llamó a Almagro, según Clarín, para expresarle su “sorpresa” y “molestia” ya que según dijo la canciller correspondía a la CIDH emitir respuesta sobre el caso y no a la secretaría.

El gobierno señaló ayer que “toma nota” de la opinión de la CIDH y que “se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda”.

Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos que se presentó ante la CIDH y la ONU por el caso Sala, señaló que “la excusa de que es un tema del Poder Judicial y de la provincia de Jujuy está claramente fuera de lugar.