Diputados nacionales del FPV-PJ, entre ellos los rionegrinos María Emilia Soria y Martín Doñate y los neuquinos Alberto Ciampini y Darío Martínez, presentaron hoy una denuncia penal contra el presidente de la Nación Mauricio Macri por “abuso de autoridad” al haber dictado el Decreto N° 1206/2016, que autoriza a ingresar al Régimen de Sinceramiento Fiscal a familiares de funcionarios, contrariando la ley votada en el Congreso este año.

La ley 27260 que regula el Régimen de Sinceramiento Fiscal, también denominado “Blanqueo de capitales”, en su art. 83, explicita que se excluye de la disposición a cónyuges, padres e hijos de funcionarios públicos.

La diputada María Emilia Soria declaró sobre esta medida que el decreto avanza en abierta contraposición al texto y espíritu de la Ley en cuestión, y expresó que “con esta modificación, el presidente Macri busca otorgar un privilegio evidentemente direccionado para salvaguardar intereses personales”.

Se aclaró que el Poder Ejecutivo Nacional intenta imponer por decreto lo que no ha podido lograr en el debate parlamentario, transformándose ello en un antecedente que pone en riesgo el futuro inmediato a las instituciones democráticas y el sistema de división de poderes.

Sobre el tema también se expresó el diputado del Frente Renovador Felipe Sola que dijo que “el decreto atenta no solo contra la ley, sino que tiene un claro beneficiario: el empresario Franco Macri, padre del presidente.

El legislador fue en su momento junto a Elisa Carrió uno de los impulsores de que se excluya a los familiares directos de la normativa que había impulsado el oficialismo.

“El Gobierno se llena la boca hablando de corrupción… ¿y ahora hace esto? El Presidente es hijo de un multimillonario, que además estuvo acusado de contrabando. Hace falta un poco de decoro”, sostuvo Solá.

El 30 de mayo, en pleno debate por el "sinceramiento fiscal" Carrió emitió un duro comunicado cuestionando la medida y reclamando que los funcionarios y sus familiares directos debían quedar excluidas del beneficio para evitar "acuerdos de impunidad".

La denuncia que alcanza al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña Braun, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat Gay, quedó radicada en el Juzgado Penal número 2 a cargo del Juez Sebastián Ramos e interviene la Fiscalía número 11 cuyo titular es Gerardo David Pollicita.