La Cámara de diputados de la Nación tenía previsto para su sesión de ayer el tratamiento del proyecto de ley de la senadora Magdalena Odarda, para la restitución del camino de sirga a sus 35 metros originales, pero sorpresivamente fue retirado del Orden del Día.

De esta forma el proyecto pierde estado parlamentario, se cae su tratamiento y la media sanción que tenía de los senadores.

El camino de sirga es aquel espacio costero de carácter público que debe ser respetado en todos los ríos y lagos por los propietarios colindantes, y al que pueden acceder todos los ciudadanos. En el nuevo texto del código se reduce la cantidad de metros a 15 en lugar de los 35 originales.

A pesar de tener previamente el apoyo de todos los bloques para el tratamiento del proyecto finalmente su debate quedó sin efecto sin muchas explicaciones, y las que hubo fueron absurdas.

Militantes de organizaciones sociales que defienden el proyecto contra los intereses de los grupos de inversión extranjeros sobre las valiosas riveras de nuestros lagos y ríos, se manifestaron y se encadenaron ayer en una de las puertas de acceso al Congreso sobre calle Rivadavia.

Entre ellos Ana Wieman de Árbol de Pie, Ángel González de la fundación Cristian González, y Martín Pamio, presidente de la Coalición Cívica-Ari de General Roca y otros representantes de diferentes gremios y sectores políticos.

Angel González, padre de Cristian, el joven de 31 años asesinado mientras pescaba con dos amigos en agosto de 2006 en la desembocadura del río Quilquihué en San Martín de los Andes, por un disparo efectuado por un guardia de un complejo de cabañas dijo a que “estamos muy preocupados, es una verdadera pena que nuestros gobernantes empezando por el presidente se dediquen a gobernar para unos pocos y que son los más poderosos, sin pensar en la gran mayoría de la gente que necesita de estos espacios para el disfrute y la recreación”.

Agregó que “mi hijo, ya hace diez años, estaba ejerciendo un derecho de divertirse con sus amigos en un lugar público y lo matan y nuestros representantes y gobernantes están avalando todo eso, no les importa lo que piensa la gente, solo se fijan en sus posicionamientos políticos y quien tiene más poder; todo es muy triste”.

Pamio explicó que “esto es intolerable, están regalando a privados 20 metros de las costa de ríos y lagos de todo el país y a nosotros a los rionegrinos y patagónicos nos afecta mucho”.

Agregó que la decisión los sorprendió ya que “habíamos estado el martes hablando con muchos diputados comentándoles la situación, y en la mayoría de los casos nos habían dado su posición favorable al proyecto, así, que la verdad es que no entendemos bien que pasó”.

En su momento Odarda dijo que con los cambios introducidos al código se logró concebir "la mayor privatización de las últimas décadas". La legisladora rionegrina estima que unas 400 mil hectáreas pasaron a manos privadas, aunque otras fuentes creen que la cifra sería mayor e incluiría al 9% de la provincia de Tucumán o el 6% de Misiones.

"Este proyecto pretendía volver a la redacción original y recuperar esos 35 metros de costas libres y públicas. Se trata de recuperar la soberanía y el patrimonio público frente a los grupos de inversión extranjeros que desde la década del ‘90 creen que pueden alambrar y poner tranqueras para la que la gente no disfrute nuestras bellezas de ríos y lagos", explicó la senadora antes de que el tema fuera retirado de la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.