En una sesión que concluyó esta madrugada, el gobierno nacional consiguió que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de presupuesto 2017, en el cual se negó a incluir las remuneraciones de los parlamentarios del Mercosur, y entre otros temas también logró que votara favorablemente el régimen llamado “de Participación Público Privada” (PPP), relacionado con contrataciones del Estado. Ambos asuntos pasarán ahora a consideración del Senado.

El resultado de la votación fue de 177 a favor y 58 en contra, y la alianza Cambiemos contó, como es habitual, con el respaldo del Frente Renovador de Sergio Massa y del Bloque Justicialista que conduce Diego Bossio.

En el Frente para la Victoria, la mayoría votó en contra pero un grupo de 12 diputados, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja, respaldaron el proyecto del oficialismo, mientras que también hubo también hubo cuatro abstenciones, por parte de los tres representantes de Libres del Sur y uno de los jefes de la CGT, el massista Héctor Daer.

El cálculo de gastos y recursos, que a nivel macroeconómico prevé cerrar el año 2017 con un dólar a 18 pesos y un déficit fiscal del 4,2% del PIB (Producto Bruto Interno), fue discutido junto con el proyecto que restringe de manera gradual la facultad del jefe de gabinete de reasignar partidas sin aval parlamentario, en un tratamiento que insumió 11 horas.

Entre los cambios más importantes que el oficialismo debió incluir en las negociaciones previas con sus aliados, estuvo la incorporación de una partida adicional de 5.000 millones de dólares para las provincias, que serán canalizados por el Fondo Solidario Federal, más conocido como “Fondo Sojero”.

Contrataciones públicas

Otro proyecto importante para el gobierno de Mauricio Macri, el denominado Régimen de Participación Público Privada (PPP), había sido rechazado sorpresivamente en la sesión de la semana pasada, pero esta vez fue aprobado con 151 votos a favor, 78 en contra y 6 abstenciones.

Entre un resultado y otro hubo una nueva discusión en comisiones donde se modificaron cláusulas, entre ellas una que obliga para este tipo de contratos contemplar un 33% de participación de bienes y servicios de origen nacional, algo con lo que Cambiemos buscó “llevar tranquilidad” a la CGT.

Junto al oficialismo, además del massismo y el sector de Bossio, votaron tres diputados del Frente para la Victoria-PJ, mientras que se opusieron el grueso del FpV, la izquierda y el bloque Progresista. Se abstuvieron dos diputados sanjuaninos del FpV, Héctor Daer, Facundo Moyano, Omar Plaini y Jorge Taboada. Entre los ausentes estuvieron José Luis Gioja, Maurice Clossi y Felipe Solá, entre otros.

Al comienzo del debate, el macrista Daniel Lipovetzky consideró que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”, y recordó que en 2005 el entonces presidente Kirchner aplicó algo similar a través de un decreto, afirmó que “Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen, y han avanzado mucho” en infraestructura.

En contra se pronunció el diputado Axel Kicillof, que advirtió contra “leyes neoliberales” con las que el gobierno pretende “cerrar el año”, y tras negar que así se vaya a terminar con la falta de transparencia, afirmó que “donde se aplicó este tipo de proyectos, hubo casos de corrupción”.

El ex ministro de Economía también denunció un intento de “tercerizar el proceso de contratación de la obra pública del país”, y aseguró que con esta ley “se desnacionaliza y se desestatiza”, y que “como está planteado el proyecto, casi cualquier obra y servicio que realizaría el Estado ahora va a aparecer como iniciativa privada”.

Diputados del Parlasur

Durante la discusión del Presupuesto 2017, el frente Cambiemos rechazó incorporar al proyecto las dietas de los 43 representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), que hoy no perciben ninguna remuneración.

El Frente para la Victoria reclamó incluir las partidas necesarias, estimadas en 100 millones de pesos anuales, pero el oficialismo se negó a aceptar el pedido, que ni siquiera se sometió a votación.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, expresó que “era necesario que en este Presupuesto se facultara al jefe de Gabinete a establecer una partida para cuando el Parlasur fijara las dietas”, y añadió: “El trabajo no se presume gratuito. Los legisladores del Parlasur no pueden trabajar sin tener una remuneración”.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) había emitido un fallo donde ordenaba incluir en el Presupuesto los fondos para pagarle a los parlamentarios del Mercosur, que sólo reciben viáticos y pasajes.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo apeló el fallo ayer mismo, y la CNE deberá decidir si hace lugar o no al planteo, con lo cual la controversia podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación