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¿Qué tipo de medidas deberían impulsarse para revertir la caída del empleo, la producción y el comercio con un Estado desfinanciado y al borde del “cierre”? ¿Con qué herramientas debería contar un eventual nuevo gobierno para cambiar el signo de la política económica?
dialogó sobre estos temas con Hernán Herrera, coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande y licenciado en Ciencias Políticas, y con Ricardo Aronskind, economista, magister en Relaciones Internacionales e investigador docente en las universidades de Buenos Aires (UBA) y de General Sarmiento (UNGS).
Mientras tanto, y casi sin que nadie lo advirtiera, a mitad de camino entre la euforia mundialista y las penurias cotidianas de la población, el presidente Javier Mieli aseguró en una entrevista periodística que enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer el cese total delgasto público cuando se acaben o hayan vencido las partidas presupuestarias. Aquello que en los Estados Unidos se conoce como shutdowno “cierre del Estado”.
“Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política… Cuando agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, aseguró el presidente duranteel reportaje que le realizó Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura.
La definición expresa uno de los núcleos centrales de la utopía libertaria, sobre la cual la Argentina tiene el curioso privilegio de la exclusividad: la destrucción del Estado para abrir paso a la centralidad del mercado (eufemismo de capital concentrado y trasnacionalizado).
Pero la gestión de la Libertad Avanza no es tan “idealista”. Durante el gobierno de Javier Milei el Estado, lejos de desaparecer, ocupa un lugar central a la hora de redistribuir recursos, generar oportunidades y rediseñar la organización política, social, económica e institucional de la Argentina.
Más allá de la “ola” de reformas que el gobierno enviará al Congreso en los próximos meses (con la eliminación de las PASO y el “cierre del Estado” como mascarón de proa), la pregunta que se hacen buena parte de los argentinos es si se puede cambiar la realidad económica y, fundamentalmente, cómo hacerlo.
Un modelo y algo más
Durante la semana, al ritmo del cimbronazo emocional que producían los goles argentinos en los Estados Unidos, la Casa Rosada delineaba su ofensiva político-económica con una serie de anuncios que la coloquen en el centro de la escena pública hasta los cruciales comicios presidenciales del año próximo.
Primero fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció un plan financiero hasta 2027 para afrontar los vencimientos de deuda que el país tiene por 45.000 millones de dólares; después, el propio presidente, cuando se refirió a los proyectos con los que intentará reformar el Estatuto del Banco Central y llevar al paroxismo la motosierra a través del “cierre del Estado”.
A esto se puede sumar la reforma política, cuyo principal objetivo es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) y que tiene su correlato en la foto del presidente con 13 gobernadores, durante el acto realizado en Tucumán en conmemoración de la Declaración de la Independencia.
“El Poder Ejecutivo responde sistemáticamente a las demandas de las grandes corporaciones locales y extranjeras, y al gobierno de los Estados Unidos. El Poder Legislativo deja pasar la inmensa mayoría de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, en tanto intermediario de los poderes fácticos. El Poder Judicial, a través de su completa inacción frente a todas las violaciones constitucionales, convalida lo realizado por el gobierno neocolonial”, contextualiza Aronskind en conversación con
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Y agrega: “El actual modelo combina elementos del ajuste tradicional de los gobiernos conservadores con reformas estructurales para subdesarrollar al país y eliminar sus capacidades de progreso real, con medidas de ligazón extrema con los Estados Unidos para tratar de sellar una dependencia imposible de remover. El Estado está usando sus tres poderes para avanzar en esa dirección”.
En tanto, Herrera detalla a
que “el modelo económico es un clásico esquema de ajuste de la actividad y el consumo, con hincapié en la caída de la industria, la construcción, la obra pública y de cualquier esquema redistributivo, como los subsidios, las transferencias a provincias, la educación o la salud”.
“En base a la recesión que genera este ajuste, y sumado al shock inicial para coordinar precios, lograron bajar la inflación. Lo hicieron sin ninguna inyección fiscal, entonces el sistema seguirá frío, en un contexto donde se profundizan las líneas exportadoras de sectores disociados del ciclo económico”, agrega.
“Se trata de un clásico modelo ofertista del FMI, con base en la renta financiera y la búsqueda de beneficios rentísticos individuales y desenganchados del trabajo local y la inversión”, subraya el responsable del área económica del Instituto Argentina Grande.
¿Qué hacer?
El actual estado de cosas, y la posibilidad de alterarlo, tiene como punto de partida una misma “fotografía”, que hace sentir muy cómodo al gobierno y, en simultáneo, desafía a la oposición que pretender señalar un camino (una política) diferente a la actual.
Esa imagen puede resumirse con números y estadísticas, aunque es claro que la realidad, como su eventual transformación, no depende exclusivamente de estas. Esa foto muestra inflación estable (2,1 % en mayo) y desocupación en alza (7,8 % para el primer trimestre).
Y también una actividad económica en alza (1,6 % de incremento interanual según EMAE-INDEC), basada en la producción agropecuaria (10,9 %), la minería (17,1 %), la energía (7,2 %, donde se destaca la producción de Vaca Muerta) y el sector financiero (4,5 %), pero con una caída constante en sectores claves para el empleo y el consumo masivo, como la industria manufacturera (-2,9 %), el comercio (-3 %) y la construcción (-2,8 %).
La imagen se complementa con el desfinanciamiento del Estado nacional a través de las reformas que beneficiaron a grandes contribuyentes (modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales), a corporaciones y multinacionales (exenciones fiscales establecidas en el RIGI) y a grandes operadores energéticos y petroleros (eliminación de los derechos de exportación al petróleo crudo). A lo que se agrega el blanqueo de capitales y la ley de Inocencia Fiscal.
Antes este cuadro de situación, ¿cómo se podría pensar una alternativa? “El principal desafío que afrontará un gobierno popular será precisamente poder gobernar. Todo lo que hace este gobierno es para arrebatarle al Estado instrumentos de control y regulación económica, y dejarlo sometido totalmente a las fuerzas de las corporaciones y los bancos”, anota Aronskind.
Considera además que “se requerirá de un conjunto de medidas para retomar el control sobre ciertas palancas fundamentales de la economía, y también para volver a aplicar la ley, cosa que sólo se hace contra los sectores populares. Una vez recuperados los mecanismos de control del sector externo, de los puertos y de los movimientos económicos internos, se podrá gobernar sin que cada medida distributiva, imprescindible, sea acompañada por una oleada de aumentos de precios y suba del dólar”.
Medios y medidas
Ante una sociedad agobiada por las dificultades económicas, la precarización laboral y la falta de oportunidades, presentar una alternativa al actual modelo económico-social se presenta como un desafío para cualquier espacio que aspire al cambio. Y este requiere medidas concretas. Pero, cuáles.
“Las medidas tienen que ver con llegar a mejoras de empleo interno, salario, infraestructura y servicios para la sociedad. Eso sin perder las exportaciones, que han crecido y son necesarias para sostener las necesidades de financiamiento duro de la oferta”, subraya Herrera.
El experto enumera entre esas políticas la necesidad de “rediscutir paritarias de modo gradual, aumentar la recaudación en base a impuestos progresivos en áreas claves del Estado, mejorar la obra pública estratégica, tanto la vinculada a los sectores hoy beneficiados como a las ciudades”.
Para Herrera, “este camino debería ser reactivante”, por lo que “debe mejorarse la inversión en Investigación y Desarrollo, y la promoción de exportaciones con valor agregado”. Añade que “puede llevar tiempo, pero es un camino distinto al actual; bajar un poco las tasas puede ayudar a que el crédito acelere las inversiones necesarias para atender ese shock de demanda”.
Estado y reforma
La transformación solo parece posible con altas dosis de osadía y coraje, materias que hoy aparecen como imprescindibles para atisbar un nuevo horizonte, donde las posibilidades de mejorar la calidad de vida sean algo más que un programa electoral.
“Lo primero que habrá que reconstruir es la autoridad de un gobierno de signo popular, para que sus leyes sean cumplidas, ya que el Poder Judicial ha sido cooptado por el poder económico, y actúa como su garante y defensor”, destaca Aronskind.
Para el economista, “será un gran desafío hacer cumplir las leyes que responden al bien común, a un sector que se ha acostumbrado a la anomia completa, y cuyo máximo exponente es este catastrófico representante libertario”.
Recuperar la legitimidad del Estado, tanto en términos de su intervención en la política económica como en una revalorización de su rol simbólico-cultural, parece ser una de las claves centrales de un nuevo proceso de transformación.
“El Estado es imprescindible. El gobierno, por ejemplo, parte de un error de diagnóstico al separar pesos de dólares, cuando ambas cosas van de conjunto. El crecimiento de la inyección fiscal (que debe ser paulatina) debe calzar con la oferta, y ésta con la existencia de dólares para financiar inversiones. Entonces, sostener las exportaciones, mejorar la recaudación y mejorar el gasto, sobre de todo capital, pero con estrategia de largo plazo, son claves”, explica Herrera.
Y puntualiza: “Hace falta una reforma tributaria que mejore los esquemas progresivos de la recaudación para liberar recursos que las familias puedan disponer en el mercado local, y así presionar al alza la oferta, lo que genera empleo. Esto no lo puede hacer el mercado autorregulado, la salida precisa renovar las capacidades del Estado que tanto rompió Milei”.
Aronskind señala que “el Estado debe poder captar las rentas excepcionales de actividades monopólicas, o que reciben shocks externos favorables. Además, avanzar sobre el combate a la evasión, que es enorme en este momento, desmantelar mecanismos múltiples de elusión tributaria, e introducir impuestos progresivos sobre un sector minoritario de la población”.
“Es imprescindible -concluye- tomar estas medidas, que encontrarán fuerte resistencia, porque de lo contrario no habrá recursos para la reconstrucción de la salud, la educación, la obra pública, la seguridad y el desarrollo científico nacional”.
Así las cosas, la verdadera final está por venir. Tal vez sea este 14 de julio en Nueva Jersey. Aunque el partido definitivo, para millones de argentinos, se jugará en nuestro propio país. Será en las elecciones de octubre de 2027. Y esta vez sí, habrá que estar preparados.
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