El gobierno nacional lleva adelante una ofensiva para sacar del cargo a la Procuradora General de la  Nación, Alejandra Gils Carbó, quien de acuerdo a la ley vigente tiene una estabilidad en su función similar a la de los jueces, pero el oficialismo intenta modificar esa ley con efecto retroactivo.

Según el ordenamiento jurídico del país, el Procurador (Procuradora, en la actualidad) es el titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y ejerce como jefe de los fiscales federales de todo el país. Para su designación, igual que para los jueces de la Corte Suprema, debe contar con el voto de al menos dos tercios del Senado nacional.

En el caso de Gils Carbó, quien fue nombrada con ese respaldo parlamentario en agosto de 2012, no responde a las directivas del actual gobierno de la Nación, y desde hace más de un año sufre un acoso político público y explícito para que se vaya del cargo.

Aún antes de ser elegido presidente de la Nación, Mauricio Macri hizo declaraciones afirmando que Gils Carbó debería renunciar, y esa presión se repite periódicamente por parte de distintos miembros del gabinete y de la alianza gobernante.

Una de las últimas ocurrió el sábado, cuando el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo refiriéndose a la jefa de los fiscales que “ojalá diera un paso al costado” para generar “un cambio, una renovación”, y confirmó que el gobierno está “avanzando desde el punto de vista institucional” para desplazarla.

La maniobra legal consiste en modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, para lo cual el presidente Mauricio Macri envió un proyecto donde dispone que su titular dura cinco años en el cargo, y disponer que esa cláusula sea retroactiva, es decir aplicable a Gils Carbó.

Esa propuesta legislativa está a consideración de las comisiones de Justicia, de Presupuesto y de Legislación Penal, con perspectivas de recibir dictamen favorable y luego ser aprobado por la Cámara, para después ser girada al Senado. La propuesta es producto de las negociaciones entre Cambiemos y el Frente Renovador y podría ser aprobada hoy en el plenario.

Hasta el momento, en ambas ramas del Congreso el oficialismo ha logrado mayoría para sancionar los proyectos de su interés, por lo cual es altamente probable que la ley se apruebe y así quede el camino abierto para desplazar a la Procuradora General de la Nación, e imponer en su lugar a una figura afín al gobierno nacional.